Emvisesa externaliza la construcción y explotación de 913 VPO junto a Fibes

José Luis Sanz anunció hace un mes que los suelos junto al Palacio de Congresos y Exposiciones en los que el gobierno socialista anterior iba a levantar edificios para darle un fuerte impulso al segmento del turismo de congresos y convenciones se destinarán finalmente a construir 913 viviendas públicas. Lo que llama la atención es que no será Emvisesa la que se haga cargo del proyecto, sino que la empresa municipal de vivienda se encuentra buscando al menos una promotora que logre la concesión demanial sobre las dos parcelas hasta 2089 por un canon que supera los 15 millones de euros (IVA no incluido).

En el pliego de condiciones técnico-jurídicas por el que se rige el concurso público para la cesión de las parcelas denominadas R-1 y R-2 para la promoción, construcción y gestión de alojamientos protegidos en régimen de alquiler y edificio de uso terciario aparecen los suelos divididos en dos lotes independientes. El destino del primero es la construcción de 634 alojamientos protegidos y zonas de uso compartidos, energéticamente eficientes y edificaciones de uso terciario. El segundo es igual, salvo el número de viviendas, que se queda en 279. Los licitadores pueden optar libremente a los lotes que estimen oportunos o, en su caso, presentar una oferta simultánea a todos los lotes licitados.

La concesión demanial otorgada a favor de Emvisesa tiene un plazo de duración de 75 años a contar desde la formalización del documento administrativo, el 17 de diciembre de 2014. En consecuencia, la concesión demanial objeto de cesión finalizará el 17 de diciembre de 2089. El plazo de duración del contrato tiene carácter improrrogable, por lo que una vez cumplido la propiedad de la totalidad de las obras e instalaciones revertirá al Ayuntamiento de Sevilla, sin que deba satisfacer indemnización alguna al cesionario.

La contraprestación o precio a satisfacer por la entidad adjudicataria de la cesión de la concesión demanial consistirá en el abono de un precio mínimo que, conforme al objeto de la licitación, las características de cada finca y sus condiciones, asciende al importe de 11,3 millones para la primera parcela, que cuenta con una superficie de 17.543 metros cuadrados y una edificabilidad de 54.206 metros cuadrados, y de 4,1 millones para la segunda, que tiene una superficie de 10.303 metros cuadrados y una edificabilidad de 23.850 metros cuadrados.

En la documentación a la que tuvo acceso este periódico se especifica que, en el caso de los alojamientos que se construirán en las dos parcelas, la superficie útil máxima de cada una de las unidades habitacionales será de 45 metros cuadrados, permitiéndose que hasta un 25% alcancen los 70 metros cuadrados. Dispondrán de superficies destinadas a estancias y servicios comunes de al menos un 15% de la parte privativa. En el caso de que el licitador realice la oferta integradora para la propuesta con las dos parcelas, será posible realizar trasvase de la edificabilidad destinada a los alojamientos protegidos y a los usos terciarios de la parcela R-1 a la parcela R-2 y viceversa sin que en ninguna de ellas se supere la edificabilidad urbanística total asignada.

La mayoría de los pisos serán de 45 metros cuadrados, siendo la superficie tope 70

La empresa adjudicataria tendrá como obligación proyectar, costear, construir y explotar en las parcelas el edificio de alojamientos protegidos, los usos terciarios, aparcamientos públicos, privados o mixtos, y otros edificios anejos, urbanización, ajardinamientos y otras construcciones, además de su conservación, mantenimiento, reparación y reposición. También se contempla la posibilidad de ubicar comercios (pequeños y medianos), establecimientos hoteleros, oficinas, hoteles, uso recreativo, hostelería, espectáculos públicos, actividades relacionadas con el suministro de mercancías o venta de carburantes, estaciones de servicio o grandes superficies comerciales.

La cesionaria de la concesión demanial deberá destinar los alojamientos protegidos con un precio asequible al arrendamiento durante 50 años. Una vez superado el plazo, el adjudicatario podrá acogerse a los precios máximos por metro cuadrado útil de alojamiento del régimen de calificación al que estén vinculadas a las Viviendas de Protección Oficial (VPO) conforme a la normativa vigente de aplicación en materia de vivienda protegida. El precio máximo actual del alquiler es de 9,46 euros el metro cuadrado.