Los empresarios sevillanos piden a los ayuntamientos exenciones en tasas municipales

Los presidentes de las asociaciones territoriales de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES) se han dirigido por carta a los alcaldes de sus respectivos municipios con el fin de pedir la adopción de medidas de apoyo a los sectores empresariales más afectados en la actual situación de crisis, especialmente en materia tributaria.

Alcaldes como los de Alcalá de Guadaíra, Cazalla de la Sierra, Constantina, Dos Hermanas, Espartinas, Gines, La Rinconada, Las Cabezas de San Juan, Lora del Río, Los Palacios y Villafranca, Mairena del Aljarafe, Morón de la Frontera, Pilas, Utrera y Valencina, han recibido esta petición, en la que se les pide que tomen conciencia de las dificultades que están atravesando las empresas de sus respectivos municipios y de las medidas que pueden tomar las distintas administraciones para proteger el tejido productivo y el empleo.

En este sentido, se considera fundamental establecer exenciones de determinadas tasas en proporción al periodo de inactividad provocado por el decreto de alarma a consecuencia de la pandemia del Covid-19. Los ámbitos de aplicación serían veladores, mercadillos de venta ambulante, puestos de mercados de abastos y ocupaciones de la vía pública.

Del mismo modo, se solicita la reducción de la tasa de basura a locales y establecimientos afectados por la suspensión de la actividad y en proporción al tiempo de cierre.

Algunos ayuntamientos ya se han adelantado

Los empresarios destacan en esta carta que algunos ayuntamientos ya han adoptado medidas tributarias, con objeto de minimizar el impacto de la crisis generada por la pandemia.

Sin embargo y en relación a la medida por la que se autoriza el fraccionamiento, con dispensa de garantía y sin devengo de intereses, de deudas tributarias cuyo importe no sea superior a 30.000 euros, los representantes empresariales consideran que el plazo establecido no es suficiente y piden que se amplíe un año más, para que se supere, de esta forma, el límite que se establece actualmente, donde el pago debe producirse dentro de 2020.

Para la CES, la colaboración entre empresarios y administraciones es un elemento fundamental para evitar que el cese de la actividad tenida en estos últimos meses se convierta en la muerte de las empresas y en la consiguiente pérdida de puestos de trabajo.