El empresario acusado de tráfico de fármacos, libre tras pagar la fianza
El juez ordenó ayer su libertad tras abonar cien mil euros. El sevillano es titular también de otro local clausurado en Cuenca.
El empresario sevillano José Luis Pérez Miranda, implicado en la trama de venta ilícita de medicamentos al extranjero, salió este lunes de prisión tras pagar una fianza de 100.000 euros. El juez que investiga el caso ordenó la noche del viernes su ingreso en una cárcel de Aragón tras interrogar a ocho imputados, cinco de ellos sevillanos. Entre ellos se encontraba también su hermana, Cristina Pérez Miranda, titular de la farmacia clausurada de Pino Montano, que fue puesta en libertad con cargos.
Aunque el empresario ha salido ya de prisión, continúa imputado y el juez le acusa, además, de un delito de intrusismo profesional.
En total, esta familia es responsable de las dos farmacias de Sevilla registradas y cerradas por la Benemérita la semana pasada dentro de la operación Convector; además del almacén Chelin Pharma, en Bollullos de la Mitación, y de una tercera botica en el municipio de La Hinojosa, en Cuenca, también precintados.
Hasta la oficina conquense, situada en un pueblo de apenas 250 habitantes, se acercaron dos patrullas y tres furgonetas de la Benemérita. Ésta se llevó detenida a la dependienta, asalariada del titular, para tomarle declaración. Este cierre ha dejado a los habitantes de La Hinojosa sin botica estos días. El dueño, José Luis Pérez, por su parte, fue arrestado en su almacén de Bollullos de la Mitación, en Sevilla, según relatan varios testigos.
También permanecen cerradas aún las dos farmacias sevillanas. Para revocar esta situación, el abogado de la familia deberá recurrir ante el juez esta medida cautelar, acción que sí han llevado a cabo los representantes legales del resto de imputados. Así, actualmente en Aragón, todas las boticas precintadas por la Guardia Civil están ya abiertas de nuevo.
Desde que comenzó la operación Convector, el magistrado Jerónimo Cano, del Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel, ha imputado a 40 personas de diez provincias españolas: Zaragoza, Teruel, Barcelona, Valencia, Granada, Málaga, Alicante, Cuenca, Pamplona y Sevilla.
Esta operación tiene su origen en la detención el pasado mes de mayo de una farmacéutica de la localidad turolense de Palomar de Arroyos, dentro de una actuación anterior, conocida como Pharmakon.
Tras el levantamiento parcial del sumario, se sabe que los farmacéuticos implicados pedían a sus distribuidores habituales más medicamentos de los que en realidad vendían a sus clientes. Este excedente era enviado a unos almacenes que, a su vez, lo vendían a empresas extranjeras por un precio muy superior al que lo habían adquirido, obteniendo beneficios de hasta el 800%. La Administración señala que las farmacias no pueden vender fármacos a otras empresas, sólo puede dispensar medicamentos a pacientes.
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