La empresa que renunció al mercado de la Puerta de la Carne opta de nuevo a la reforma
Urbanismo
La licitación permitirá a la UTE presentarse para retomar el proyecto cultural y de ocio
Una pérgola de 740 m2 en el Paseo de Marqués de Contadero
La concesionaria que renunció al proyecto fallido para transformar el mercado de la Puerta de la Carne en un espacio gourmet y un centro de arte y cultura optará de nuevo a su recuperación. Esta será una de las novedades de la nueva licitación que saldrá en unas semanas para poner en uso un inmueble que debe responder a las necesidades de cultura y ocio de esa zona de la ciudad.
Ambas partes tienen claro que en ningún momento ha habido problemas de financiación, sino que debía reformarse el proyecto, lo que se traduce en que el contrato de la concesión establece por ley un porcentaje al alza que superaba con creces la inversión prevista. Por ese motivo, entienden que no ha sido posible seguir con la operación y no quedó más remedio llegar a un acuerdo de rescisión.
La liquidación del contrato firmado en 2014 con la concesionaria del proyecto para la rehabilitación y puesta en servicio como complejo de ocio, cultural y gastronómico del mercado de la Puerta de la Carne ha sido oficialmente rescindido esta semana mediante una fórmula que supone la adquisición municipal de la totalidad de los estudios previos, proyectos de ejecución y arqueológicos, así como la valoración de los trabajos ya ejecutados con la finalidad de que sirvan de base para el próximo proceso de licitación.
La Gerencia de Urbanismo defiende que “de esta forma, no se parte de cero, sino que el acuerdo con la UTE Mercado Puerta de la Carne permite afrontar la nueva licitación pública de la concesión de este edificio sobre un proyecto técnico ya elaborado, agilizándose todo el proceso. Se trata de un acuerdo beneficioso para ambas partes, que se ha trabajado intensamente y que cuenta además con informes favorables de la Secretaría y la Intervención General”.
El importe por el que se ha valorado técnicamente el conjunto de los documentos de la actual concesionaria y los trabajos ya ejecutados asciende a 1.157.903,54 euros, una cantidad que ha sido aceptada. En concreto, el gobierno municipal ha adquirido los derechos sobre los estudios previos, los estudios geotécnicos, los estudios arqueológicos, los estudios de seguridad y salud, el proyecto de rehabilitación, el proyecto de instalaciones, los estudios de estructura y patologías y los estudios fotométricos, al tiempo que se valoran todas las obras previas ejecutadas (en especial las que atañen a las intervenciones arqueológicas).
El Ayuntamiento defiende que el motivo principal de la resolución del contrato estriba en la necesidad de incorporar los restos arqueológicos descubiertos, según dictaminaba la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, y también en el hecho de las modificaciones en el proyecto constructivo, dado que el nivel freático del edificio se reveló distinto al inicialmente estimado. Ambas circunstancias obligaban a reformar sustancialmente las condiciones de la licitación y adjudicación iniciales, al afectar de forma significativa a su viabilidad técnica y económica por los cambios acarreados sobre el proyecto constructivo y patrimonial sobre el que comenzaron las obras.
El gobierno socialista sostuvo en su día que “hemos hecho todo lo posible por salvar esta concesión, pero ha sido inviable porque todo este procedimiento empezó mal desde el principio en 2014. Se hizo una licitación que se ha demostrado inviable económica y técnicamente. A partir de ahí, todos los esfuerzos se han centrado en intentar encauzarlo por parte del Ayuntamiento y de la empresa adjudicataria. Pero los informes técnicos, jurídicos y económicos han dejado claro que la única solución viable en estos momentos es la resolución e iniciar un nuevo procedimiento que se ajuste a todos los requerimientos técnicos, arqueológicos, patrimoniales y ambientales”.
Por estos motivos y tras superar todos los informes técnicos, económicos y jurídicos, la junta de gobierno local acordó en marzo de 2019 solicitar a la empresa adjudicataria la presentación de un nuevo proyecto reformado adaptado a las necesidades técnicas y arqueológicas. El presupuesto estaba ya disparado.
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