Eliminando Barreras eleva al Ministerio una consulta sobre la ordenanza de veladores de Sevilla

La Asociación Eliminando Barreras no está nada de acuerdo con la afirmación de Juan de la Rosa sobre la “accesibilidad universal” que según él facilitará la nueva ordenanza de veladores a las calles de la ciudad.

En una nota de prensa recuerda que la posibilidad de “exceptuar el cumplimiento de determinados requisitos establecidos en este documento técnico de manera excepcional y adecuadamente justificada, proponiéndose en todo caso otras soluciones de adecuación efectiva que garanticen la máxima accesibilidad y seguridad posibles y siempre de conformidad con lo dispuesto para tales casos en la normativa autonómica o local, cuando exista”.Una situación que según denuncia Eliminando Barreras, no queda recogida en la ordenanza. “Prevemos que la consecuencia de tal excepcionalidad será que nada cambie y que Sevilla siga teniendo calles que vulneren el derecho de todas las personas a transitar de manera segura, cómoda y natural por las aceras, espacios creados para las personas y no para la expansión de veladores”, explicaron en el comunicado.

La entidad recuerda en esta nota al ayuntamiento que garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad “debe ser un principio rector en las decisiones de cualquier administración pública y, en este caso, mucho nos tememos que los intereses privados se van a anteponer a este derecho”. Es más, advierte que desde la asociación se ha elevado una consulta al Ministerio redactor de la Orden TMA 561/20211 sobre cuáles son esas supuestas excepciones a la aplicación de la normativa “y la remitiremos también al órgano competente de la Junta de Andalucía, dado que consideramos que un supuesto de excepcionalidad, previsto en el artículo 2.3 de la norma para casos en los que técnicamente no se puedan cumplir los mínimos establecidos, no puede convertirse en la regla general permitida desde la propia ordenanza”.

Tampoco descartan acudir con el texto aprobado a la Fiscalía para denunciar la vulneración de derechos que supone priorizar el uso privativo del espacio público en detrimento de los derechos de todas las personas, especialmente de las personas con discapacidad.