El dragado del río: claves sobre por qué no ha prosperado

Sevilla/La segunda sentencia del Tribunal Supremo que tumbó hace días el dragado de profundización del río (tras la denuncia de WWF España) ha certificado que un proyecto tan complejo y con tantas repercusiones para un enclave protegido internacionalmente como Doñana no se puede ventilar tramitándolo en un Plan Hidrológico, y menos sin explicar adecuadamente sus consecuencias ambientales y justificar cómo piensa evitarlas.

La cuestión de por qué ha fracasado el Puerto de Sevilla una y otra vez en sacar adelante este proyecto que promueve desde hace más de 15 años en el estuario del río (los 90 kilómetros del río que van desde Sevilla a Sanlúcar) tiene varias claves.

El plan del Puerto de ganarle profundidad hasta llegar a los 8 metros a varios puntos de la canal de navegación (algunos tramos tienen únicamente seis y siete metros de profundidad) y aumentar su anchura en 30 metros más tiene importantes repercusiones en las aguas, en la flora y fauna, y en la estabilidad de las márgenes de esta zona del río. Su coste se valoró en 35 millones de euros.

El Puerto quería el dragado para resolver sus limitaciones de navegabilidad para grandes buques, que no pueden entrar por la escasa profundidad del calado y deben hacerlo con carga limitada para no rozar con el fondo. Para salvar esa dificultad actual han de ir soltando parte de la carga en diversos puntos del río.

Protección internacional de Doñana

La obra afecta a un estuario donde está Doñana, que es Reserva de la Biosfera y uno de los humedales de relevancia internacional (lista de Ramsar). De ahí la férrea oposición de tantos organismos mundiales a este proyecto: la Unesco (a través de su comité de patrimonio mundial), la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y la Secretaría del Convenio Ramsar. Se han opuesto igualmente el Patronato del Parque Nacional y el Consejo de Participación del Espacio Natural Doñana, y la Comisión Europea.

Estos organismos señalan que el proyecto debe tener en cuenta la Directiva 92/43 de conservación de hábitats naturales y la Directiva Marco de Aguas 2000/60. Esta última aboga por “mejorar calidad de las masas de agua, que tengan caudal suficiente y no alterar ecosistemas”.

Dictamen científico

La segunda clave del fracaso es que ni el Puerto ni la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el organismo estatal que vela por estas aguas, han cumplido el dictamen de los científicos en 2010.

Esa comisión científica, a la que el Ministerio de Medio Ambiente encargó la última palabra sobre este proyecto, certificó el pésimo estado de las aguas del estuario, tras más de tres años de estudios intensos sobre el terreno (pagados por la Junta). Y concluyó que el dragado de profundización es inviable mientras no se recupere el estado ecológico de las aguas del estuario que es pésimo y se aumente la aportación de agua dulce, una condición obligada además por la Directiva europea del Agua.

La realidad es que esas medidas para recuperar las aguas no se han dado a pesar de que elmal estado afecta a más de dos tercios del estuario la mayor parte del año: falta de oxígeno lejos de la desembocadura, falta de luz, concentración alta de CO2 y PH bajo son los problemas.

Los científicos dejaron claro que primero había que recuperar el estuario y que cualquier proyecto de dragado que quisiera tramitarse, una vez recuperadas las aguas, tenía que empezar de cero. No valía la evaluación ambiental de 2003 porque carece de todas las exigencias técnicas, económicas y medioambientales que marca la legislación, señalan los expertos.

Los científicos pidieron además al Puerto que aproveche los dragados de mantenimiento anuales (esenciales para retirar los lodos que se acumulan en la canal de navegación) para estudiar cómo reacciona el río en turbidez, salinidad y calidad de agua.

El Puerto asumió culpas

En 2015 el Puerto de Sevilla admitió a la prensa que no había hecho bien las cosas hasta entonces y empezó a ponerse las pilas recurriendo a más estudios ambientales del estuario con universidades andaluzas y el CSIC con vistas a avanzar en la toma de medidas. En efecto, hasta esa fecha no se había tomado en serio el proyecto de defensa de las márgenes (un requisito esencial de la obra), que tuvo que repetir al ser rechazado por la Junta por la escasa entidad del documento (un breve pdf).

Otro fallo achacable conjuntamente al Puerto y a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir fue tratar de meter deprisa y corriendo el proyecto del dragado en el Plan Hidrológico sin someterlo a alegaciones públicas y hacerlo de nuevo en 2016 sin explicar los efectos que iba a causar el dragado ni cómo pensaba compensarlo. Incumplía la Directiva europea de aguas.

Miguel Losada, uno de los catedraticos que dirigió el citado estudio del estuario de 2010, no duda en asegurar que el proyecto del dragado era “técnicamente un desastre” en los aspectos ambientales, técnicos, financieros y económicos”. Señala que no se adecuaba a las exigencias de Puertos del Estado para todas las obras, que suponían analizar las consecuencias del dragado y cómo solventarlas, y los costes reales de la obra a lo largo de su vida útil, es decir, incluyendo el mantenimiento y conservación anual, entre otros aspectos. En definitiva, unas exigencias para “que el proyecto sea solvente y generador de riqueza”.

Sentencias y posturas

Las denuncias de la organización ecologista WWF España han prosperado en todas las instancias, judiciales o no. En 2015, la Unesco (Comité del Patrimonio Mundial) dio un ultimátum a España para que descartara para siempre el dragado, o Doñana debería entrar en la lista de “Patrimonio Mundial en peligro”. En ese mismo año de 2015 la Comisión Europea resolvió que el dragado podía vulnerar la directiva de conservación de hábitats naturales.

En 2015 y este mes de julio de 2019 el Tribunal Supremo ha anulado la inclusión del dragado en los últimos planes hidrológicos del Guadalquivir por varias razones: por hacerlo después del periodo de alegaciones (sin la preceptiva consulta ciudadana) y como medida complementaria del plan, por excluir las recomendaciones de la comisión científica que estudió el estuario y por no explicar cómo evitar las afecciones a Doñana y al estuario y cómo compensar los efectos en la zona.

Tras esta segunda sentencia del Supremo el presidente del Puerto de Sevilla Rafael Carmona ha recalcado que su futuro pasa por otro camino distinto al dragado de profundización: favorecer la biodiversidad y encargar a las universidades el seguimiento científico de los dragados de mantenimiento.