La crisis dispara la petición de comida y reabre el debate sobre el despilfarro

La necesidad extrema, hasta el punto de tener que pedir para comer, a la que la crisis ha llevado a muchas familias, junto a los actos reivindicativos del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) y, ayer mismo, de alcaldes de IU de Sevilla pidiendo que se regule el destino de los alimentos a punto de caducar para que no acaben en la basura, ha puesto el foco del debate en el supuesto despilfarro que se pueda hacer de estos productos, cuando hay una realidad inapelable. Juan Romero, responsable de comunicación de Banco de Alimentos de Sevilla, consultado ayer por este diario, la recordaba: la demanda que tienen desde entidades de auxilio social supera a las donaciones que reciben. Necesitan más.

Éstas proceden de voluntarios, pero sobre todo de la "práctica totalidad" de cadenas y establecimientos comerciales, algunos les ayudan con el transporte. La demanda va a más desde hace año y medio y eso que en 2011 la entidad -integrada en la Federación Española de Bancos de Alimentos que recibirá este año el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia- repartió 4,5 millones de kilos de alimentos en Sevilla y provincia, atendiendo a 382 centros asistenciales. Así las cosas, el reto ético y social de evitar que la comida en condiciones de ser consumida acabe en la basura se impone más que nunca.

Pero, más allá de la imagen que los documentales a pie de calle han popularizado de cantidades ingentes de alimentos arrojados en los contenedores ante los que decenas de personas hacen cola de noche para rebuscar -desde el Banco de Alimentos se decía desconocer esa realidad, pero abogaba por evitarla en la medida de lo posible-, los estudios reflejan que la necesidad de concienciarse y afinar los procesos para evitar el despilfarro debe hacerse no sólo en el eslabón que son las distribuidoras o los puntos de venta, que también, sino en toda la cadena. Y hay una responsabilidad de todos. También del consumidor.

No hay datos a nivel provincial. Pero un reciente informe de la Comisión Europea, aplicable en España, concluye que el 42% de los alimentos que se tiran a la basura proceden de los hogares, porque se compra más de lo que se necesita o hay confusión entre fecha de caducidad y de consumo preferente. El 39% de los alimentos que se pierden lo hacen ya en el punto de partida, la industria o los productores, aunque tiene que ver también con la estricta normativa sanitaria existente. Otro 14% va a la basura en establecimientos de hostelería. Pese a las imágenes de impacto, un 5% de todo lo que se pierde lo hace en la fase de distribución o venta. Al final, y según estimaciones de la propia Comisión Europea, hasta el 50% de los alimentos que se producen terminan convertidos en residuos. Ese trabajo ha servido para pedir al Parlamento y a los estados miembros que desarrollen medidas para minimizar el derroche, con el reto de reducirlo a la mitad en 2025. En España, está trabajando en un proyecto pionero la patronal que agrupa a fabricantes, distribuidores y establecimientos hosteleros, Aecoc, que se presentará en breve.

La Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) insistía ayer por su parte en que el debate desatado a raíz de la sustracción de carros con comida en algunas superficies comerciales está desenfocado y procede de colectivos que no se han dirigido antes al sector para conocer qué hace y cómo trabaja. Tampoco se han dirigido antes a ellos los alcaldes que ayer presentaron una petición a la Fiscalía para que investigue la comida que se tira a los contenedores que partió de cargos de IU de la Sierra Sur sevillana. Según la patronal, ese contacto sí se da con otras entidades, consumidores y sindicatos.

Insisten en que las empresas distribuidoras llevan mucho tiempo afinando esos procesos, entre otras cosas, porque su propio negocio está basado en la eficiencia, que ha mejorado con las nuevas tecnologías y que ha hecho a la distribución española una de las más competitivas de la UE, según sus datos, ofreciendo precios por debajo de países con menor poder adquisitivo que España.

Algunas de las cadenas que respondieron ayer a la petición hecha por este diario al respecto, como Eroski, explicó que su política es ofertar primero algunos productos con plazo de consumo menor a precios más bajos y el stock que aún le queda es recogido por bancos de alimentos tras un acuerdo con la federación española. Desde Covirán -11 puntos de venta en Sevilla- se recuerda que se han perfeccionado los formatos -envases más pequeños para hogares pequeños, por ejemplo- para evitar derroche y lo que no se vende va a parar igualmente a bancos de alimentos. "Lo que se tira es porque no está en condiciones, aunque entre varios kilos de tomates puedes encontrar uno para comer", apuntaba un portavoz. Otras, ponían el acento que el celo que se pone en estos procesos y que la normativa hace que las intoxicaciones sean una excepción. Pero no hay datos.

Según la patronal, en cuanto a lo que se tira, hay una parte que tiene que ver con la legislación sanitaria, como todos los productos de origen animal, carne o pescado, cuya destrucción debe hacerla un gestor autorizado. "De la pequeñísima parte" que está en condiciones de ser consumida pero que las empresas deciden retirar de sus líneas de venta, hay cadenas de distribución que optan por entregarlas a bancos de alimentos. Es cierto que otras optan por destruirla, pero -según Asedas- es una ínfima parte y las empresas que lo hacen colaboran, dentro de su política de responsabilidad social, con las entidades de auxilio con productos directamente de sus almacenes.