Tribuna Económica
Joaquín Aurioles
Inventarios de diciembre (4). Desigualdad
Caso Mercasevilla
Francisco Javier Guerrero Benítez, el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía que rubricó los expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos en 2003 y 2007 por el mercado central de abastos de Sevilla, Mercasevilla, ha prestado declaración ante la Policía Judicial en el marco de la investigación que promueve el Juzgado de Instrucción número seis en cuanto a la gestión de esta sociedad mixta participada por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa. Guerrero ha defendido el ERE de 2007, de cuya financiación se desliga la Consejería de Empleo, y ha señalado que el ex sindicalista Juan Lanzas, apuntado como "conseguidor" por el PP en este caso, negoció "muchos" expedientes de regulación de empleo.
Si bien la Consejería de Empleo había autorizado tanto el expediente de regulación de empleo promovido en 2003 por el mercado central de abastos, como el procedimiento emprendido en 2007, solo las pre jubilaciones acordadas en el primero de los procedimientos han gozado de financiación autonómica.
Y es que el expediente de regulación de empleo impulsado en 2007 por el mercado central de abastos, cuyo coste se eleva a 9.046.976,95 euros, fue resuelto con aproximadamente 40 prejubilaciones cuya financiación ha quedado en el aire al haberse desligado de ella la Consejería de Empleo.
El ERE de 2007
De un lado, entre finales de 2007 y comienzos de 2008, el por entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, firmó varios documentos mostrando su "conformidad" en cuanto al libramiento de fondos para las prejubilaciones de los trabajadores de Mercasevilla acogidos al ERE de 2007.
No obstante, el vigente director general de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Rivera, advierte en un documento oficial de que estos actos firmados por Guerrero, fueron "meros actos de comunicación huérfanos del sustento de cualquier resolución o convenio".
En este marco, destacan los casos de María del Carmen Fontela González y de Antonio Garrido Santoyo, cuyos nombres figuran como aspirantes a la prejubilación en varios documentos de los ERE de 2003 y 2007, respectivamente, pese a que ninguna de ellos ha formado nunca parte de la plantilla, como han confirmado tanto el comité de empresa como la propia dirección del mercado central de abastos.
En este escenario, la magistrada del Juzgado de Instrucción número seis, Mercedes Alaya, ha ordenado profundizar en la investigación de ambos procedimientos, siempre en el marco de las diligencias promovidas en torno al posible delito societario supuestamente perpetrado por los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce.
Guerrero analiza el ERE de 2007
De cualquier forma, y según un acta de declaración "testifical" facilitada por el PP, Francisco Javier Guerrero ha comparecido ante la Policía Judicial el pasado 21 de diciembre de 2010.
En su declaración, según dicho documento, el ex director general de Trabajo y Seguridad Social ha defendido el ERE consumado en 2007 por Mercasevilla alegando el "acuerdo" alcanzado entre la dirección del mercado central y el comité de empresa, porque ante dicho consenso, la Delegación provincial de la Consejería de Empleo "no tiene más remedio" que autorizar el procedimiento. "Si no, es prevaricar", ha advertido.
Igualmente, y en cuanto a la financiación de las prejubilaciones acordadas en los expedientes de regulación de empleo de 2003 y 2007, Guerrero ha negado que las ayudas requiriesen el trámite de "subvención excepcional", porque las ayudas de esta naturaleza "eran un fondo de reptiles para crisis, con un procedimiento distinto, una masa económica para crisis".
Lanzas y Garrido Santoyo
Francisco Javier Guerrero también ha aludido en su declaración al ex sindicalista jiennense Juan Lanzas, apuntado por el PP como posible mediador o "conseguidor" de subvenciones autonómicas y familiar del titular de la empresa jiennense que prestó labores de asesoramiento en el expediente de regulación de empleo iniciado en 2007 por Mercasevilla.
Guerrero ha manifestado, en concreto, que Lanzas "ha llevado muchos expedientes de crisis de empresas de alimentación de Andalucía. "
Negociaba bien para la empresa o bien para los trabajadores y también era apoderado de los comités de empresa", señala en su testimonio antes de advertir de que "es muy bien negociador".
Por último, Francisco Javier Guerrero ha declarado en cuanto al caso de Antonio Garrido Santoyo, un ex miembro de la cúpula del PSOE de Baeza cuyo nombre figura en documentos del ERE de 2007 como aspirante a la prejubilación.
Guerrero ha alegado desconocer "quién pudo dar ese encargo" y cree que "habrá que averiguar quién puñetas ha metido a esa persona y llegar a las últimas consecuencias". Y es que Garrido Santoyo, como ha quedado confirmado, jamás ha trabajado en el mercado central de abastos.
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