El dilema de la Comisión Europea

La Comisión Europea, la administración comunitaria que ha aumentado al máximo (80%) su financiación a la obra del dragado de profundización del río y ha calificado ese tramo del Guadalquivir de Sevilla a Sanlúcar (90 kilómetros) como vía navegable estratégica y prioritaria para el transporte europeo, también tiene entre sus funciones velar por el cumplimiento de la legislación que obliga a preservar el espacio protegido de Doñana.

Es por tanto el gobierno europeo el que debe garantizar que la obra del dragado se acometa sin causar afección al Parque Natural y su entorno. La Consejería de Medio Ambiente de la Junta conviene en que es la comisión europea la que ha de resolver cuál es su prioridad en este punto. Europa ha elevado de un 65% a un 80% la financiación a esta obra de 31 millones. El Puerto tiene prisa por hacerla porque el dinero europeo se perderá si no se inicia de aquí a 2013.

Los científicos y la Unesco han dejado claro que el dragado de profundización que quiere el Puerto de Sevilla se puede hacer siempre que antes se cumplan importantes requisitos. Lo primero es que se apruebe un plan urgente y prioritario de recuperación del estuario por parte de las administraciones competentes, donde la gestión de todos los usos del río (agrícola, pesquero, turístico, portuario...) sea integral y coordinada. Una vez recuperado, se pide al Puerto un nuevo procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental de la obra.

El primer requisito (el plan urgente de recuperación) está por cumplir año y medio después de las conclusiones de los científicos. Las administraciones competentes no se han sentado a discutir a quién le corresponde pagar cada actuación. Los cambios de gobierno (central y andaluz) y de competencia de la cuenca y los recortes presupuestarios han empeorado la situación. Para recuperar el estuario hacen falta inversiones económicas que ahora escasean.

El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, ahora bajo el mando del PP, no acaba de tomar una decisión sobre si autoriza el dragado ni toma la iniciativa para acordar el plan de recuperación del estuario. La Junta de Andalucía, la administración que nombra al presidente del Puerto de Sevilla aunque éste a su vez pertenezca a Puertos del Estado, tampoco mueve ficha, pese a tener un papel clave al tener transferidas las competencias de Agricultura, Doñana, Puerto, Pesca y Medio Ambiente.

El inminente reparto de consejerías del nuevo Gobierno andaluz debería acelerar los trámites. De hecho, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir -dependiente ahora del Estado- esperará hasta entonces para convocar la primera reunión de las administraciones sobre el dragado y el plan hidrológico del Guadalquivir. Se trata del Comité de Autoridades Competentes, un órgano sin capacidad de decisión pero sí de diálogo donde están sentados los ministerios de Medio Ambiente y Fomento, las cuatro comunidades autónomas de la cuenca (Andalucía, Extremadura, Castilla La Mancha y Murcia), la Federación de Municipios y Provincias Españolas (Femp) y Capitanía Marítima de Sevilla. El Puerto de Sevilla es el gran ausente: no tiene voz en este comité pese a pedirlo en reiteradas ocasiones.

Los expertos exigen que los actores privados y públicos que actúan en el estuario se coordinen para intervenir o influir en el mismo. Debe trabajarse de forma conjunta para aumentar el aporte de agua dulce al estuario, aumentar la superficie de llanos mareales (una tendencia natural debida a la subida del nivel del mar prevista como consecuencia del cambio climático) y otras propuestas de restauración como reconectar el Brazo de la Torre con el cauce principal, lo que mejoraría la simetría del cauce. Advierten que no puede seguir aumentando la superficie de regadíos en la cuenca y piden un nuevo enfoque de aprovechamiento del estuario más natural que dé más beneficios sociales y económicos.