Los tres detenidos por los incidentes de la Madrugada seguirán en prisión por el "riesgo real" de fuga

La Audiencia de Sevilla ha confirmado que uno de los tres detenidos por los incidentes de la pasada Madrugada, Miguel Ángel V. G., seguirá en prisión provisional, al rechazar el recurso de apelación que presentó su defensa por la gravedad de los desórdenes públicos que se le imputan y las posibles penas a imponer que llegan hasta los seis años, por lo que "existe un riesgo real de fuga". Los otros dos arrestados que también siguen encarcelados no recurrieron ante la Audiencia la negativa de la juez instructora a acordar su puesta en libertad.

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha dictado un auto, cuya ponencia ha recaído en la magistrada María Auxiliadora Echávarri, en el que rechaza el recurso de la defensa, que había plantado la existencia de otras medidas menos gravosas que la privación de libertad y había recordado además la "excepcionalidad" de esta medida.

Dice el tribunal que los indicios de la participación en los hechos de Miguel Ángel V. G. se infieren de las diligencias de instrucción, del atestado y de las declaraciones testificales de los policías, quienes han sido oídos en declaración y han dado "una descripción detallada y minuciosa de los hechos".

La Audiencia recuerda que el caso está actualmente en fase de instrucción y están pendientes algunas diligencias de instrucción, pero del atestado policial "resultan indicios de criminalidad en el investigado" que han sido corroborados por el atestado policial ampliatorio, respecto a la posible comisión de un delito de desórdenes públicos de los artículos 557 y 557 bis del Código Penal, que tienen la consideración de "graves y están sancionados con penas de hasta seis años de prisión".

Los magistrados añaden que estos indicios han sido expuestos por la juez de Instrucción número 5 de Sevilla, Beatriz González, en la resolución recurrida y además "existe motivos por los que pueden considerarse indiciariamente responsables criminalmente de los mismos al recurrente, todo ello sin perjuicio de lo que posteriormente se acredite" en el curso de la instrucción.

La Audiencia confirma que la medida es ajustada por cuanto los hechos que se le imputan por los altercados en la Madrugada del Viernes Santo tiene la "consideración de graves y están sancionados con penas de hasta seis años de prisión, por lo que existe un riesgo real de fuga", además de que el fin perseguido es también el de "garantizar la investigación judicial aún en fase inicial y evitar la reiteración delictiva". Por todo ello, no consideran injustificada la prisión provisional dado que la medida tiene la finalidad de "garantizar la investigación judicial, evitando la alteración de las diligencias de investigación, garantizar la presencia del investigado en el acto del juicio y evitar la reiteración delictiva", insiste.

El tribunal introduce otro elemento en la valoración, el "historial delictivo del recurrente", lo que autoriza el mantenimiento de la prisión "sin que la existencia de arraigo pueda autorizar su puesta en libertad". Todos estos son "motivos suficientes como para considerar justificada y para mantener la medida personal de prisión provisional comunicada y sin fianza del recurrente y confirmar la resolución por la que se mantiene la misma".

Recientemente, la juez de Instrucción número 5 de Sevilla descartó que estos altercados estuvieran organizados, dado que de la investigación policial y de la instrucción se desprende que hubo un incidente inicial en la calle Arfe que se aprovechó para generar otras revueltas. Tras los nuevos datos aportados por los investigadores de la Policía Nacional, la juez "valora que no existió connivencia ni acuerdo previo motivado por ideología", sino que se produjo un "incidente inicial que se aprovecha para generar otras revueltas".

La juez argumentaba asimismo que la investigación todavía "sigue en marcha" y explicó que va a citar próximamente a las decenas de perjudicados para el ofrecimiento de acciones. En este momento, la investigación trata de aclarar el vínculo entre las lesiones producidas y los episodios concretos, en un lugar concreto del casco histórico y a una hora concreta.

La Policía Nacional detuvo el pasado 9 de mayo a una persona más e imputó a otra por su presunta participación en la pelea de la calle Arfe que originó los disturbios de la Madrugada. Se trata de dos jóvenes de 24 años, sin antecedentes. La identidad del detenido responde a las iniciales J. M. A. L.. Este hombre fue puesto en libertad por los propios policías, después de que prestara declaración ante la Brigada de Información, que lleva la investigación de los hechos. El otro participante de la pelea declaró como investigado. Su identidad responde a las iniciales C. V. P.

La pelea de la calle Arfe se inició por un comentario que uno de los participantes en ella hizo sobre la novia de otro. Ocurrió en un bar de esta zona del Arenal mientras pasaba por la puerta la cofradía del Gran Poder. La reyerta fue muy violenta y uno de los contendientes fue lanzado contra los nazarenos. La Policía sostiene que éste fue el origen de las carreras que se propagaron por todo el centro de la ciudad en cuestión de segundos por un efecto dominó, alimentadas por la psicosis y el temor a un atentado terrorista. La pelea provocó que algunas personas corrieran al creer que se trataba de algo más grave.

Tras casi más de un mes de investigación, los agentes no han encontrado ni un solo indicio que apunte a que hubiera alguna acción concertada u organizada para generar estos altercados.

Con estos dos nuevos investigados, son ya catorce personas las imputadas por su presunta participación en los disturbios. De ellos, doce fueron detenidas y sólo tres ingresaron en prisión.

Precisamente la juez acordó que permanezcan en prisión provisional los tres principales implicados. Se trata de Miguel Ángel G. V., Juan Mariano S. A. y Emilio M. C., quienes reconocieron en su declaración ante la juez que eran un "grupo de amigos" que estaban algo "contentos" y disfrutando de la noche, llegando a afirmar que incluso salieron "corriendo" cuando se produjeron las primeras estampidas.

Negaron igualmente haber proferido los gritos de "gora ETA", y uno de ellos afirmó que es "español" y nunca diría frases de ese tenor. La juez les envió a prisión provisional por la gravedad de los desórdenes públicos que se les atribuyen y la "alarma social" generada.