La desinfección de los colegios de Sevilla abre otro frente entre el Ayuntamiento y la Junta
La pandemia marca otro curso escolar
El coste de este refuerzo extraordinario supera los ochos millones de euros
Espadas exige al Gobierno andaluz que colabore en la financiación
Educación responde que los centros de Infantil y Primaria son competencia municipal
Queda poco más de un mes para que los niños vuelvan al colegio. Un regreso que, como el año pasado, también estará condicionado por la pandemia del Covid. Aunque las circunstancias sanitarias han cambiado bastante desde septiembre de 2020, gracias sobre todo a la campaña de vacunación, la quinta ola de contagios invita a ser cautos y a no bajar la guardia en los centros de enseñanza. Entre las numerosas medidas que se pusieron en macha el curso pasado para hacer frente al coronavirus destaca la desinfección de las aulas y zonas comunes, que generó un tenso debate entre el Ejecutivo regional y las administraciones locales que aún sigue latente.
Ejemplo de esta situación es la que se vive en Sevilla capital, donde el alcalde Juan Espadas, líder ahora del PSOE andaluz, ya ha advertido al Gobierno de Juanma Moreno que no piensa afrontar en solitario los gastos que suponen este refuerzo, por lo que este servicio tan esencial en época de pandemia no está aún garantizado cuando faltan poco más de 40 días para que los menores se reincorporen al aula.
La advertencia la realizó el propio regidor hispalense en el último Pleno municipal a preguntas del grupo de Cs en el Ayuntamiento de Sevilla. Espadas dejó claro que "no va a admitir otra vez volver a financiar la desinfección Covid de los colegios". Una llamada de atención a la Consejería de Educación y Deporte que, por ahora, se ha encargado de costear dichos trabajos en los centros que son de su titularidad: institutos, conservatorios, escuelas de idiomas, residencias escolares y guarderías propiedad de la Junta. Los colegios no han entrado en esta inversión al entender que su mantenimiento corresponde a los consistorios.
Dicha explicación sigue sin convencer a muchos alcaldes andaluces, entre ellos, el de Sevilla, cuyas recientes declaraciones han abierto un nuevo frente político con el Ejecutivo autonómico. Fuentes del Ayuntamiento hispalense aclaran al respecto que, efectivamente, la titular de los centros públicos de Infantil y Primaria es la administración local, ahora bien, el matiz que "obliga" a la Consejería de Educación a costear parte de la desinfección contra el Covid es que se trata de "un refuerzo extraordinario" en una circunstancia excepcional que escapa, por tanto, de las competencias municipales.
Esta polémica ya se originó el año pasado en las mismas fechas. Ante la negativa del departamento que dirige Javier Imbroda a financiar la desinfección, el gobierno de Espadas buscó una fórmula para que finalmente no tuviera que afrontar solo el coste. Para ello, presentó dichos trabajos como un plan de empleo ante la consejería que dirige Rocío Blanco, lo cual le permitió que el Gobierno regional se implicara. La propuesta supuso la contratación de 279 trabajadores con un presupuesto de 6,7 millones de euros, de los que 3,4 los puso el Ayuntamiento y 3,3 la Junta de Andalucía.
Ahora bien, la duración de estas labores de desinfección, al ser presentadas como un plan de empleo, no abarcaba todo el curso escolar, por lo que concluyeron en abril. El gasto de los otros dos meses hasta el fin de las clases tuvo que afrontarlo en solitario el Ayuntamiento, que ha desembolsado 1,5 millones, con los que dio trabajo a 240 personas contratadas a través de la bolsa de empleo municipal.
Esta última situación es la que quiere evitar, a toda costa, el equipo de Espadas, de ahí que ya haga un llamamiento a la Consejería de Educación. Entre los motivos para dicha advertencia se encuentran los impedimentos que pondría Intervención para un nuevo desembolso de tales características. "El curso pasado se permitió por el carácter extraordinario que tenía el gasto, pero si vuelve a repetirse, ya resultaría ordinario y puede haber reparos", argumentan fuentes municipales.
A ello se debe añadir el alto coste de este programa de desinfección, que se suma a las labores de limpieza habituales que el Ayuntamiento desarrolla en el más del centenar de colegios públicos que son de su titularidad: 8,2 millones de euros con 519 contratos.
Ante la advertencia de Espadas, la Consejería de Educación se limita a repetir la respuesta ya dada hace aun año: "la limpieza de los centros de Primaria es una competencia municipal", con lo cual, no hay novedades, por el momento, sobre una posible participación en la financiación de los trabajos. A esta justificación suman el importante volumen de dinero destinado el pasado curso y el próximo para labores de desinfección en centros de Secundaria y Régimen Especial (conservatorios) de la provincia de Sevilla: 19,5 millones de euros.
Se trata del expediente de gasto autorizado por el consejo de gobierno de la Junta para la contratación, por parte de la Delegación territorial de Educación y Deporte de Sevilla, de un servicio que permite que las instalaciones educativas se mantengan "en perfectas condiciones de limpieza para el ejercicio de la función docente".
La prestación de este servicio contempla un cómputo de más de un millón de horas de trabajo que, como novedad, incluye 66.028 horas en limpieza de cristales y afecta a 150 centros de Secundaria y conservatorios. De ellos, 27 se encuentran en la capital y 123 en localidades de la provincia.
No debe dejarse al margen en esta polémica el trasfondo político en la reclamación que ejerce Espadas a la Junta, que abre así un nuevo frente con el Ejecutivo de Juanma Moreno después de hacerse con el liderazgo del PSOE andaluz. Aunque desde el Ayuntamiento hispalense se aclara que son numerosos los gobiernos locales que han pedido a Educación que participe en el gasto de la desinfección de los colegios. "En muchos municipios se ha afrontado este refuerzo a través de planes adicionales o específicos", inciden desde la Plaza Nueva. Una explicación que sigue sin entender en Torretriana, donde apuntan al signo político de la mayoría de los alcaldes que han exigido esta participación: "son socialistas".
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