El fiscal descarta que la heladera que mató al jubilado actuase en legítima defensa

La Fiscalía de Sevilla ha descartado que la acusada, María del Carmen Quero Bernal, que mató al jubilado Manuel Martín Ojeda, cuyo cadáver fue hallado el 9 de enero de 2016 en el interior de un congelador de la heladería Otoño de la Macarena, actuase en legítima defensa, por cuanto golpeó “violentamente” a la víctima con un objeto contundente y después lo estranguló, por lo que el “dolo homicida es palmario”.

En su informe definitivo ante el jurado popular que enjuicia a María del Carmen Quero Bernal desde el pasado lunes, el fiscal ha reclamado una condena de ocho años y medio de cárcel por la “violencia del ataque y el desgraciado desenlace”, al estimar que los hechos constituyen un delito de homicidio con dos atenuantes: la de confesión, por haber acudido a la Comisaría de Dos Hermanas inculpándose del asesinato y colaborar de forma “relevante”, y la de hallarse bajo la influencia de las bebidas alcohólicas.

El fiscal Luis Martín ha dicho que aunque la procesada “exagera un poco” en la cantidad de alcohol que ingirió, sí que está acreditado que tomó “bastante alcohol”, ha afirmado el fiscal, que ha reiterado la “evidente desproporción física” que hay entre la acusada y el fallecido.

Los abogados José Manuel Portillo y Mariano de Alba, que ejercen la acusación particular en representación de la familia, consideran que la confesión de la encausada en la comisaría fue "totalmente falsa, equívoca y tendenciosa", además de "interesada y alejada de la realidad", por cuanto ofreció una versión exculpatoria en la que "ocultó intencionadamente hechos relevantes y añadió otros diferentes, ofreciendo en suma una versión irreal que demuestra su intención de eludir su responsabilidad". Y añaden que, en su opinión, confesó cuando ya no tenía posibilidad de ocultar el crimen.

Mariano de Alba ha dicho que la acusada se vio sorprendida por la visita que le hizo la familia de Manuel en la mañana del 9 de enero, cuando acudieron en su busca a la heladería acompañada de una pareja de policías locales, algo con lo que “no contaba la acusada” y es a partir de ahí cuando María del Carmen “llama a los hermanos, se presenta en Comisaría y para potenciar lo de la borrachera se lleva una botella de whisky”.

José Manuel Portillo planteó al jurado si realmente creen que la acusada “no sabía lo que estaba haciendo” pero hay cuestiones y las actuaciones posteriores nos demuestran que “es plenamente consciente y sabedora de lo que hace”. Se cambia de ropa, limpia la sangre, esconde el cuerpo en el congelador, y atiende a los familiares de Manuel, ha detallado el letrado.

Por su parte, la abogada Esperanza Lozano, que defiende a la acusada, ha aseverado que la muerte, el estrangulamiento de Manuel “es el último acto ejecutivo de una pelea de entre dos personas” y ha añadido que ella no “quiso nunca” acabar con la vida del jubilado. La letrada también rechazó que los hechos constituyan un delito de asesinato porque, ha proseguido, para ello “tiene que anularse completamente la posibilidad de defensa de la víctima”.

La letrada ha pedido al jurado que no tengan en cuenta la “circunstancia lamentable y que da espectacularidad” a este caso, en alusión a que metiera el cadáver en el congelador, porque esto no se castiga penalmente y además la acusada, que no ha querido ejercer su derecho a última palabra en el juicio, actuó así apresuradamente porque los familiares estaban “aporreando la puerta” del local.

Tras los informes de las partes, el presidente ha citado el próximo lunes al jurado popular para hacerle la entrega del objeto del veredicto, las preguntas a las que deben dar respuesta en relación con los hechos.