Las denuncias que no aparecen corresponden a cobros abusivos de 2001

Una de las ramas que se investiga en la macrocausa contra la mafia del taxi que dirige el juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla es la desaparición de denuncias contra taxistas del aeropuerto. La Brigada de Información de la Policía Nacional registró la sede de la Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi, en el local que tiene alquilado en el aeropuerto de San Pablo, a principios del mes de junio. La investigación de la Policía se saldó con cinco taxistas detenidos y más de una treintena de imputados por hasta cuatro delitos: amenazas, daños, coacciones y pertenencia a organización criminal.

En ese registro, la Policía halló las copias de más de 60 boletines de denuncia cuyos originales no habían sido tramitados por el Instituto del Taxi. No aparecen ni nadie sabe dónde están. Corresponden a una serie de multas impuestas por la Policía Local en marzo del año 2001, todas ellas por cobros abusivos a clientes. Estas multas fueron el origen de una serie de protestas de los taxistas, que se quejaron por la reordenación del servicio en el aeropuerto, que entonces pasaba a ser rotatorio. El Ayuntamiento decidió implantar entonces ese modelo tras la sucesión de cobros abusivos detectada, para así tratar de acabar con el monopolio de un grupo de taxistas en la parada de la terminal. Finalmente, el Consistorio daría marcha atrás en esta decisión y dejaría de nuevo la parada del aeropuerto en manos de una asociación que controla exclusivamente qué taxistas pueden trabajar en la terminal y cuáles de ellos no.

Desde entonces, el Ayuntamiento no ha hecho caso a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que recomienda la implantación de un sistema rotatorio de turnos en el que puedan participar todos los taxistas de Sevilla. Ni siquiera parece darse prisa por tramitar las denuncias contra los profesionales del sector. De hecho, a día de hoy, aún están pendientes de tramitación 130 multas del año 2015; 260 de 2016 y más de 200 de 2017. El Instituto del Taxi sigue sin director y la persona que declaró ante la juez de Instrucción 8 es una funcionaria que llevaba sólo dos meses en el cargo cuando compareció ante la magistrada.