Los delitos de odio crecieron en Sevilla un 49% en un año

Sevilla registró el año pasado 97 delitos de odio. Son 32 más que en 2022, cuando se contabilizaron 65 casos. Traducido a porcentajes, este tipo de incidentes crecieron en la capital andaluza y su provincia un 49% entre un año y otro. Se confirma así una tendencia al alza reflejada en los últimos (hubo 37 casos en 2020 y 51 en 2021), en parte explicada porque las autoridades han unificado criterios en los últimos años y ahora se consideran como odio algunas prácticas que antes no eran incluidas en este apartado. Precisamente este concepto relativamente nuevo de delitos de odio ha sido un tema nacional de debate esta semana a raíz del asesinato del niño Mateo, en Toledo, aprovechado por los divulgadores de bulos para culpar sin ningún tipo de fundamento a la inmigración y atacar brutalmente (y de manera anónima bajo la máscara de una cuenta sin identificar en redes sociales) al portavoz de la familia de la víctima por el mero hecho de ser periodista y haber trabajado en África.

Mientras los juristas exponen la necesidad de perseguir los insultos y las descalificaciones de las redes sociales, lo cierto es que los delitos de odio van en aumento año tras año, según recogen los informes sobre la evolución de los mismos publicados por el Ministerio del Interior. El último es el correspondiente a 2023, en el que se refleja un incremento de este tipo de asuntos del 21% en España, con 2.268 casos el año pasado por 1.869 del ejercicio anterior. De ellos, más de un tercio fueron por motivos de racismo y/o xenofobia. Aunque esté por encima de la media nacional en cuanto al crecimiento, Sevilla no es de las provincias con más delitos de odio por habitantes. Ocupa el puesto número 17 de España en números proporcionales a la población, con un índice de 4,96 casos por cada 100.000 habitantes. La primera provincia es Guipúzcoa, con una tasa de 14,56. Le sigue de cerca Navarra, con 14,14, y el tercer puesto es para Vizcaya, con 11,61. Sevilla sí es la primera provincia andaluza, por delante de Málaga, que tiene una tasa de 4,62 y figura en el lugar número 23 de la tabla nacional.

De los 97 asuntos tramitados como delitos de odio en Sevilla, 39 fueron por racismo y/o xenofobia. Es el 40% del total. En segundo lugar, con 19 casos, están los ataques contra la orientación sexual o de género. Ambos conceptos estaban prácticamente empatados en el balance de 2022 (cuando se contabilizaron 25 ataques racistas y 24 homófobos) y ahora se han disparado los casos de racismo, mientras que han bajado ligeramente los incidentes homófobos. Completan el listado nueve ataques por cuestiones ideológicas, siete casos de discriminación por sexo o género, tres episodios de antigitanismo, dos de aporofobia, otros dos contra discapaticados y uno de antisemitismo.

Interior contabilizó 80 victimizaciones. Hay menos víctimas que hechos conocidos porque este tipo de ataques pueden ir dirigidos contra un colectivo, sin que ninguna persona en concreto sea atacada. Desde hace años, Interior utiliza el término victimizaciones en vez del de víctimas. Lo hace así para distinguir los hechos de las personas, pues una misma persona (que sería la víctima) puede sufrir varios ataques, y por tanto contaría en las estadísticas como varias victimizaciones. La Policía Nacional y la Guardia Civil detuvieron o investigaron a 18 personas por delitos de odio en Sevilla a lo largo del año pasado. De ellas, 12 fueron por ataques racistas, tres por cuestiones homófobas y tres por discriminación en función del sexo o género. Las Fuerzas de Seguridad dieron por esclarecidos 51 de los 97 asuntos tramitados como delitos de odio.

Destaca el informe que estos incidentes han aumentado en todos los ámbitos, salvo en el de discriminación por razón de enfermedad, que se ha mantenido igual. El mayor aumento a nivel nacional, apunta Interior, se da contra los discapacitados, contra los judíos y contra los gitanos, por este orden. En cuanto al tipo de delito sobresalen las amenazas, lesiones, promoción e incitación pública al odio, injurias, daños, trato degradante, otros delitos en contra de la Constitución, coacciones y humillación, desprecio o descrédito contra la dignidad de las personas. Los meses en los que se registran mayor número de de casos son mayo, junio y julio. Los lugares específicos en los que se suceden con mayor frecuencia estos ataques son la calle, instalaciones y viviendas. A continuación le siguen los ocurridos en establecimientos, espacios abiertos, medios de transporte y recintos.

La mayor victimización se produce en hombres (59,20%) y el grupo de edad más victimizado es el comprendido entre los 26 y 40 años (32,95%). Los menores de edad constituyen el 14,82% de las víctimas, una cifra ligeramente más elevada que en 2022, cuando fueron el 12,16%. El grupo de edad edad de entre 18 y 25 años desciende con respecto al año anterior y pasa de un 22,11% a un 15,48%. La distribución de las víctimas según su nacionalidad refleja que, en primer lugar, se encuentran los españoles, con el 62,15% del total de victimizaciones registradas. Dentro del conjunto de extranjeros, la mayoría de los casos se dan entre los marroquíes (8,3%), Colombia (4,8%) y Venezuela (2,3%).

El perfil del responsable detenido o investigado por delitos de odio indica que es principalmente de sexo masculino (78%). El rango de edad con mayor número de autores de estos hechos es el de 26 a 40 años. Los datos recogidos en el sistema estadístico de criminalidad muestran que las lesiones, amenazas y la promoción e incitación pública al odio, y trato degradante, por este orden, determinan las principales causas de las detenciones e investigaciones entre los hombres autores. En el caso de las mujeres, son las lesiones, amenazas, promoción e incitación pública al odio y coacciones las principales tipologías delictivas asociadas a sus arrestos. La mayoría de los detenidos son españoles (78,73%). Entre los de nacionalidad extranjera, son los procedentes de Marruecos, Colombia y Rumanía los que registran un mayor volumen de casos.

Entre los hechos conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad relativos a los delitos de discurso de odio que se hayan podido cometer a través de internet, redes sociales y medios de comunicación, los ámbitos de ideología y orientación sexual e identidad de género son los que muestran mayor incidencia en 2023, aumentan un 71% y 35% respectivamente. Las amenazas, la promoción y las injurias se computen como los hechos delictivos que más se repiten, siendo internet (39%), telefonía/comunicaciones (26,91%) y las redes sociales (25,11%) los medios más empleados para la comisión de estos hechos. A continuación se emplean los medios de comunicación social (8,97%).

El informe utiliza la definición de delitos de odio que da la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), que dice que "un delito de odio se da cuando su autor ha designado intencionadamente a una persona o propiedad como su objetivo por una o más características protegidas o ha expresado hostilidad hacia alguna característica protegida durante la comisión del delito". Dice la OSCE que se componen de dos elementos: un delito y una motivación prejuiciosa. Los ámbitos que computarían en este apartado son el racismo o xenofobia, la orientación sexual o de género, creencias o prácticas religiosas, el antisemitismo, la discapacidad, la aporofobia, la ideología, la discriminación por razón de sexo o género, por enfermedad o generacional y el antigitanismo.

Explica Interior que este informe anual es "crucial para medir y entender tanto cuantitativa como cualitativamente estos fenómenos, y fomentar un debate público acerca del problema, ampliamente repudiado por la sociedad, debido a que estos actos no sólo atacan a individuos específicos, sino que amenazan la convivencia armónica y pacífica de toda la ciudadanía". Los delitos de odio, añade el documento, se caracterizan por "acciones ilegales impulsadas por prejuicios e intolerancia hacia individuos con características o condiciones (reales o percibidas) distintas a las del perpetrador, como pueden ser la raza, etnia, nacionalidad, orientación sexual, identidad de género, creencias religiosas o políticas o discapacidad, entre otros aspectos reconocidos en el Código Penal español". La selección de víctimas se basa en estas diferencias inherentes. Por lo tanto, un delito de odio puede dirigirse contra personas o grupos, así como contra sus bienes, "degradando la dignidad humana y obstruyendo el ejercicio de derechos fundamentales, fragmentando así el tejido de una sociedad democrática y diversa donde el pluralismo y la igualdad son esenciales".

En el año 2018, el Ministerior del Interior creó la Oficina Nacional de Lucha Contra los Delitos de Odio (ONDOD), que enfatiza la especial atención a las víctimas. Para los responsables de este departamento, el informe estadístico no refleja la totalidad de los incidentes ocurridos, debido a un fenómeno de infradenuncia. "Muchos casos no llegan a ser conocidos por la Justicia, privando a las víctimas del reconocimiento y la reparación debidos", apunta el documento. En el año 2021, la Encuesta sobre delitos de odio mostró que sólo una de cada diez víctimas de estos hechos había realizado una denuncia oficial.