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Los delitos de odio alcanzan su pico en Sevilla con un caso cada cinco días

En la capital andaluza se registraron 65 incidentes de odio en 2022, la mayoría de ellos ataques racistas y contra la orientación sexual

Es el dato más elevado de los últimos años y supone un crecimiento del 22% sobre 2021

El último episodio registrado en Sevilla fue el ataque a un club gay de la Macarena

El pub Bunker, atacado la semana pasada en Sevilla. / David Arjona / Efe

El Ministerio del Interior contabilizó 65 delitos de odio cometidos en Sevilla en el año 2022. Este es el dato más alto de los últimos años y supone una variación interanual importante, pues en 2021 fueron 51 los episodios registrados. Es decir, los delitos de odio crecieron en Sevilla un 22% en sólo un año. El repunte es aún más considerable si se tiene en cuenta que en 2020 sólo se dieron 37 casos. El incidente más reciente es el ocurrido el pasado fin de semana en el pub Bunker, en la Macarena, al que unos desconocidos prendieron fuego.

Traducido a una media diaria, en Sevilla hay un delito de odio cada cinco días. Estos datos constan en un informe publicado recientemente por el Ministerio del Interior sobre los delitos de odio en España. Según este estudio, en la provincia de Sevilla se registraron 65 asuntos que fueron calificados como de odio. De ellos, 25 fueron episodios relacionados con el racismo y la xenofobia; 24 con la orientación sexual; siete con el sexo o género; cuatro con la ideología y otros cuatro con las creencias y prácticas religiosas. Un incidente más se calificó como de odio pero no entra en ninguna de las categorías específicas de delito y fue catalogado como infracción administrativa.

Interior define los delitos de odio como todas aquellas conductas ilícitas donde el autor se sirve de sus prejuicios e intolerancia hacia personas que poseen una característica o condición (real o percibida) diferente a él mismo, como el color de la piel u origen étnico, nacionalidad, orientación sexual o expresión de género, ideología o creencia religiosa, discapacidad u otro factor similar de los recogidos en el Código Penal español, donde la víctima es elegida por su condición inherente.

Los delitos de odio pueden ser, por tanto, cualquier delito que tiene por objeto a una persona o un grupo de personas, o su patrimonio, por razón de estas características, menoscabando la dignidad de la misma e impidiendo el ejercicio de sus derechos más fundamentales. Con ello, apunta el Ministerio, "se consigue fracturar el normal desarrollo de una sociedad democrática y cohesionada, cuya riqueza radica en la propia diversidad de la misma, en su pluralismo y en la igualdad".

El Gobierno creó en 2018 la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio (ONDOD) para proteger especialmente a las víctimas de estos ataques, así como informar a la sociedad de su existencia y conocer mejor la realidad de los mismos. En cualquier caso, Interior admite que hay un importante nivel de infradenuncia en estos asuntos, por lo que en realidad son muchos más los casos reales que los que figuran en las estadísticas.

Otro paso en la lucha contra los delitos de odio ha sido la especialización de la Policía Nacional y la Guardia Civil en esta materia. Ambos cuerpos han creado unidades específicas para el tratamiento e investigación de los casos. A esto hay que unirle una serie de acuerdos de cooperación institucional para luchar contra el racismo, la xenofobia, la LGTBIfobia y otras formas de intolerancia, en la que participan también numerosas instancias judiciales y gubernamentales. En el capítulo de la prevención, destaca el trabajo incluido en el plan director para la convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos y sus entornos, con charlas dirigidas a alumnos y docentes para atajar conductas indeseables.

El informe apunta el "papel esencial" que juegan las nuevas tecnologías en la propagación de los distintos sesgos y discursos de odio, "que permean en la persona que los recibe y en el conjunto de la sociedad, perpetuando unos estigmas, mal concebidos, sobre algunos colectivos".

"El uso de internet y las redes sociales para incitar al odio cobra una dimensión global cuando desemboca en conflictos y violencia en el mundo no virtual", apunta Interior, de ahí que una de las prioridades de la Oficina sea alertar y reportar contenido que pudiera ser considerado discurso de odio en las distintas redes sociales.

En España, la cifra total de delitos e incidentes de odio registrada por las Fuerzas de Seguridad del Estado, a lo largo de 2022, asciende a 1.869 hechos. Esto supone un leve aumento del 3,72% en relación con 2021. Como se ve, el incremento en la provincia de Sevilla es mucho mayor al nacional, si bien es cierto que se parte de datos muy bajos, lo que hace crecer mucho los porcentajes en términos absolutos.

Los delitos registrados en España se distribuyen de la siguiente forma: 755 casos de racismo o xenofobia; 459 contra la orientación sexual e identidad de género, 245 por ideología, 189 de discriminación por sexo o género, 47 por creencias o prácticas religiosas, 23 ataques a personas con discapacidad, 22 casos de antigitanismo, 17 de aporofobia, 15 de discriminación generacional, 13 de antisemitismo y 11 de discriminación por razón de enfermedad.

A lo largo del año pasado crecieron mucho los casos en los ámbitos de la discriminación por sexo y género y aporofobia, pero descendieron en la discriminación generacional, por enfermedad, creencias religiosas, ideología y contra las personas con discapacidad. La tasa de esclarecimiento de estos asuntos está en el 62,87%. Es decir, más de seis de cada diez delitos fueron resueltos por la Policía y la Guardia Civil.

Entre los delitos que se esclarecieron destacaron las lesiones, amenazas, injurias, daños, incitación pública al odio, trato degradante, coacciones, humillación, desprecio o descrédito, y otros delitos en contra de la Constitución. Los meses en los que se registraron más incidentes de odio fueron agosto, octubre y mayo. Los lugares específicos en los que se produjeron con mayor frecuencia este tipo de conductas fueron las vías de comunicación, instalaciones y viviendas o anexo de viviendas, seguidas de los ocurridos en establecimientos, espacios abiertos, medios de transporte y recintos.

La tasa de delitos de odio en España es de 3,93 por cada 100.000 habitantes. La provincia de Sevilla está por debajo de esa media, con una media de 3,31. Ocupa el puesto número 20 en cuanto a provincias con más delitos de odio, lo que supone un dato bastante tranquilizador, ya que se trata de la cuarta demarcación más poblada del país. Sevilla está muy lejos de otros lugares, como las provincias vascas y Navarra, que copan el ránking. Vizcaya tiene una tasa de 20,44 delitos de odio por cada 100.000 habitantes; Guipúzcoa de 16,93; Álava de 16,31; y Navarra de 12,39. Fuera de estos territorios, Cuenca es la ciudad con más casos por habitantes, con 5,53.

Interior no habla de víctimas sino de victimizaciones, pues el primer concepto atañe a la persona y el segundo a los casos. Es decir, una sola persona es una sola víctima, pero puede sufrir más de un ataque, y por lo tanto, varias victimizaciones. Así, en la provincia de Sevilla hubo el año pasado 61 victimizaciones, es decir, cuatro menos que hechos conocidos de odio. De ellas, 24 fueron por episodios racistas y otras 24 por cuestiones contra la orientación sexual y de género, ocho por discriminación de sexo o género, tres por ideología y una por creencias o prácticas religiosas. Hay que añadirles una más que quedó en infracción administrativa.

En España, fueron 2.040 las victimizaciones registradas por el Ministerio en 2022. Es un 8,86% más que el año anterior. La mayor victimización se produce en personas del sexo masculino (59,46%) y el grupo de edad más afectado está entre los 26 y 40 años (31,37%). Los menores de edad constituyen el 12,16% del conjunto de las víctimas, una cifra mayor que la de 2021 (11,31%).

Del análisis realizado sobre la distribución global de incidentes conocidos por ámbito y sexo resulta que las víctimas de ambos sexos presentan el porcentaje más alto en racismo y xenofobia, al igual que los años anteriores. Entre los principales hechos cometidos se encuentran las lesiones y las amenazas. La distribución de las víctimas según su nacionalidad refleja que en primer lugar se encuentran los españoles (60,88% del total), si bien hay un 39.12% de extranjeros. De éstos, los que contabilizan valores más elevados son los procedentes de Marruecos (9,85%), Colombia (3,33%) y Senegal (2,16%).

En cuanto a las víctimas menores de edad, la mayor parte de los hombres sufrieron racismo y ataques por su orientación sexual, mientras que las mujeres también padecieron racismo y discriminación por sexo o género. Entre los menores sube hasta el 71% el porcentaje de españoles.

Las Fuerzas de Seguridad detuvieron o investigaron en Sevilla a 14 personas por su relación con incidentes de odio. De ellos, seis fueron arrestados por ataques contra la orientación sexual de otras personas; cinco por racismo y xenofobia; dos por discriminación por sexo o género y uno por no respetar las creencias o prácticas religiosas.

En España fueron detenidas 838 personas. Los hombres presentan un porcentaje muy elevado del total de los autores de delitos de odio, con un 79%. En cuanto a los grupos de edad, la mayoría de los implicados (el 27,57%) tenían entre 26 y 40 años, si bien aumenta el número de personas más jóvenes (de entre 18 y 25), que estuvieron detrás del 21,72% de los asuntos. Las lesiones, amenazas y la incitación al odio son las principales causas de detención.

El informe también incluye un apartado específico sobre los delitos de odio cometidos a través de internet y las redes sociales, que en España bajaron un 27% en 2022 con relación al año anterior. Entre estos hechos, vuelven a ser los episodios de racismo y los ataques contra la orientación sexual los más frecuentes, si bien aquí se aprecian más los incidentes relacionados con la ideología.

Las amenazas, las injurias y la promoción e incitación pública al odio son los hechos que más se repiten. Casi la mitad de ellos se dan por internet (49,11%), mientras que el resto se reparten entre la telefonía y las comunicaciones (22,49%), redes sociales (21,30%), y a mayor distancia los medios de comunicación social (7,10%).

Por último, en la provincia de Sevilla se esclarecieron 43 de los 65 casos denunciados que fueron clasificados como delitos de odio. En este apartado se incluyen los asuntos en los que se dieron algunas de las siguientes circunstancias: detención del autor in fraganti; identificación plena del autor o de algunos de los autores, sin necesidad de que esté detenido, aunque se encuentre en situación de libertad provisional, huido o fallecido; cuando exista una confesión verificada, pruebas sólidas o cuando haya una combinación de ambos elementos; cuando la investigación revele que, en realidad, no hubo infracción. Los casos esclarecidos en Sevilla se reparten de la siguiente forma: 18 relacionados con el racismo y la xenofobia, 18 con la orientación sexual y la identidad de género, cinco fueron discriminación por sexo o género, uno por atacar las cuestiones ideológicas y otro las religiosas.

Interior explica las diferencias entre los ataques por orientación sexual e identidad de género de la discriminación por sexo o género. En este último apartado entra cualquier hecho que señale la existencia de un móvil de odio o discriminación hacia la víctima por la pertenencia a un sexo determinado, ya sea hombre o mujer, o contra la mujer por el mero hecho de serlo, con ánimo de dominación y dejar patente su sentimiento de superioridad frente a la misma. No se incluyen aquí los ataques contra las víctimas por su orientación sexual o identidad de género, como todas las personas que conforman el colectivo LGTBI, que tienen su propia categoría específica.

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