La custodia compartida se concede en el 10% de los casos

La custodia compartida de los hijos se abre paso en Sevilla y vuelve a crecer un año más. Esta opción se concedió en el 10% de las rupturas de parejas con menores registradas en 2013 frente al 9% del año anterior, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La disminución de la corresponsabilidad parental discurre en paralelo al retroceso también de la custodia materna. Aunque el cuidado de la madre sigue siendo mayoritario (85%), cae un punto en un año (86% en 2012). Esta tendencia se repite en la custodia paterna. En 2013 se quedó en el 3,7% de los casos, un año antes era del 5,7%.

¿A qué responde el aumento de la custodia compartida? Existen varios factores que explican la evolución del escenario de la responsabilidad de la pareja en el cuidado de los hijos. Uno de ellos es el giro impulsado por el Tribunal Constitucional en una sentencia de octubre de 2012, que se va traduciendo en un progresivo cambio de postura entre los jueces, más favorable hacia la corresponsabilidad. Hasta entonces, si no había acuerdo entre los padres, los magistrados no podían conceder la custodia compartida sin el informe favorable de la Fiscalía. Es decir, la opinión del Ministerio Público prevalecía frente al juez. El Constitucional acabó con esta situación que, entendía, rompía el "principio de exclusividad" de jueces y magistrados.

Otra causa destacada por los expertos son los usos sociales: si cuando la pareja existe se comparte el cuidado de los hijos, porque se iba a cambiar tras la ruptura. Un tercer factor es que desde 2010 distintas comunidades autónomas han impulsado leyes que contemplan la custodia compartida como norma general. Primero fue Aragón, y detrás llegaron la Comunidad Valenciana, Cataluña o Navarra.

En el ámbito estatal, el Gobierno de Mariano Rajoy tiene pendiente la presentación del proyecto definitivo para la reforma de la custodia compartida, que se ha retrasado por la dimisión del ex ministro Alberto Ruiz-Gallardón. De momento, el Consejo de Estado ha rechazado imponer esta solución si los padres no lo piden.