CSIF denuncia la desaparición de la Unidad de Inspectores contra el ruido del Ayuntamiento de Sevilla a partir de 2025

El Ayuntamiento de Sevilla se quedará a partir de 2025 sin la Unidad de Actividades Posteriores, que se encarga de investigar, por ejemplo, las denuncias de contaminación acústica o el riesgo de incendio en negocios de restauración. Así lo ha asegurado este lunes el secretario de la sección sindical de CSIF en el Ayuntamiento de Sevilla, Rafael Román, quien ha lanzado una advertencia como consecuencia de que a partir del año que viene no se podrá garantizar a la ciudadanía ni el descanso en temas de ruido, ni garantizar la seguridad ante el riesgo de incendio en negocios de restauración y en determinados negocios de ocio.

Todo ello, ha explicado Román, como consecuencia que va a desaparecer la Unidad de Inspectores de Actividades Posteriores encargadas de controlar estas situaciones. "El Ayuntamiento de Sevilla nos traslada, a través de la delegación de Urbanismo, que esto va a ser un proceso paulatino y que en el futuro se materializará, pero tenemos constancia de que desde la delegación de Recursos Humanos no hay garantías de ello", ha asegurado Rafael Román.

Según los datos que maneja el sindicato, en el año 2023 se recibieron en el Ayuntamiento unas 1.500 denuncias por estas materias, de las cuales se inició expediente en un millar, mientras que las restantes 500 estarían pendientes de inicio. Este año 2024, se han iniciado expedientes sólo de 400 denuncias, con lo que la cifra de denuncias pendientes de iniciar su tramitación rondaría el millar, ha apuntado el representante sindical.

Por su parte, el delegado sindical de CSIF en el Servicio de Protección Ambiental del Ayuntamiento de Sevilla, Domingo Guijarro González, ha explicado a este periódico que el resumen de la situación es que se plantea por parte del Ayuntamiento "el traslado del organismo, el servicio donde estamos actualmente, a la Gerencia de Urbanismo y eso va a generar según afirma desde el propio servicio Recursos Humanos, la pérdida de todos los inspectores actualmente en servicio en el trabajo".

La inspección evita incendios o el exceso de ruido

Guijarro, que es arquitecto municipal y jefe de la oficina de licencias del Servicio de Protección Ambiental, recuerda que los inspectores son aquellos que "evitan que ocurran las cosas que luego a todo el mundo sorprende. Cuando fueron los incendios de Murcia, cuando murieron tres ciudadanos en Madrid en el restaurante Burro Canaglia, o en el Bernabéu, donde los vecinos no pueden dormir, la gente se pregunta ¿cómo es posible que hayamos llegado esto? Pues es muy sencillo, porque los empresarios la inmensa mayoría son honestos pero algunos incumplen la normativa. Y ahí entra el servicio de Protección Ambiental y sobre todo la labor de inspección, es decir, la inspección es la que evita que se produzcan los incendios, que se genere más ruido del aceptable, porque la normativa actual garantiza que todo ciudadano puede descansar por las noches y que no se van a generar incendios".

La situación "es que el servicio de Recursos Humanos y el alcalde que tenemos pretende desmantelar el servicio de Protección Ambiental, llevándose a los funcionarios pero no a los inspectores. El Servicio Protección Ambiental sin inspectores deja de servir a los ciudadanos. Sencillamente esa es la situación", ha aseverado.

La Oficina Andaluza Antifraude constató la carencia de medios

El asunto de la falta de medios de estas inspecciones fue constatado por la Oficina Andaluza Antifraude (OAAF) con motivo de una denuncia presentada en 2023 por la supuesta connivencia de agentes de la Policía Local con los dueños de un local de restauración y la tolerancia de incumplimientos normativos respecto a los horarios de apertura y la contaminación acústica. Esa denuncia fue archivada, pero en la resolución de la OAAF se pone de manifiesto que "el control de un aspecto tan crucial para la pacífica convivencia vecinal (la emisión de ruidos fuera de los casos autorizados) escapa a las posibilidades actuales de la administración municipal".

En este sentido, la resolución señala que aunque no se ha podido constatar esa supuesta connivencia, "queda evidenciada en los citados informes una situación estructural de carencia de medios materiales y humanos, que impide a la corporación cumplir con sus funciones relativas al control e investigación de las denuncias realizadas por incumplimientos de la normativa municipal".

La Oficina Antifraude se refiere a las alegaciones efectuadas por la Dirección General de Arbolado, Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla, que reconoce que "el servicio de Protección Ambiental sufre un problema endémico de retraso en general en la tramitación que llevan a cabo sus diferentes secciones; así en lo referente al registro (incluidas denuncias), hay casi un millar de entradas pendientes, con atrasos que alcanzan hasta el final del verano de 2022; en este sentido, la Sección de Documentación y Administración, encargada del análisis y reparto, en su caso, a las demás secciones, se encuentra desde hace años bajo mínimos, mientras que la Sección de Disciplina (encargada de la tramitación de los expedientes sancionadores) tampoco se encuentra sobrada de efectivos, con un número reducido de inspectores y puestos vacantes sin cubrir en el área administrativa, a pesar de lo cual abrió 803 expedientes disciplinarios en 2022 y 1.148 en 2021 (aumento respecto al año siguiente propiciado por la implantación de un refuerzo de personal durante seis meses)".

Sin inspectores por las tardes y las noches desde el año 2013

Por otra parte, continúa la dirección general de Arbolado en sus alegaciones, "desde el 1 de enero de 2013 no existe calendario para la realización de inspecciones en horarios vespertino y nocturno, a pesar de haberse solicitado su reposición en reiteradas ocasiones, dado lo cual durante ese horario opera la Policía Local (con el apoyo en ocasiones del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento), fundamentalmente realizando labores de inspección en materia de seguridad (aforos excesivos, revisión de instalaciones contraincendios...), control de público consumiendo fuera del establecimiento, expedición de alcohol a menores o cumplimiento de horario de cierre, actuaciones todas ellas que en principio no requieren de personal y material especializado (como, por ejemplo, la realización de ensayos acústicos, de mediciones térmicas, de control de emisiones gaseosas, de control de vertidos, etc.)".

Y añade que la situación se ha intentado paliar con la petición de horas extraordinarias, cuyas realización "no ha sido aceptada en general por el personal de la inspección hasta que, incorporándose nuevo personal, han podido realizarse (en número reducido) desde mediados del presente año, aunque no con la cadencia y continuidad que permitía su realización cuando regía el calendario extinguido".

La OAAF concluye con una recomendación al Ayuntamiento de Sevilla para que "analice y, en su caso dimensiones adecuadamente, los medios de los que dispone para realizar sus funciones de control de la normativa municipal, recordándole que entre sus funciones está la de protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas (artículo 25.2.b de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local)".

El Ayuntamiento dice que se "seguirá inspeccionando y habrá un mayor control"

Por su parte, el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha pedido que "no se alarme a la ciudadanía con falsedades ya que la unidad de protección ambiental no desaparecerá. El delegado, junto al gerente de Urbanismo, estuvieron explicando al representante sindical del CSIF y a la unidad de protección ambiental cómo iba a quedar la integración de dicha unidad en la Gerencia. En dicha reunión, se explicó cómo se va a producir el control posterior de la declaración responsable y cuál va a ser el tratamiento salarial de los empleados. En definitiva, se seguirá inspeccionando y habrá un mayor control".