Los constructores deciden llevar al Ayuntamiento a los tribunales

Los constructores llevarán al Ayuntamiento a los tribunales. Éste es el acuerdo al que han llegado los empresarios del sector tras comprobar cómo en los cuatro primeros años de desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) se han gastado 170 millones de euros -según la versión oficial del Consistorio- en proyectos que no estaban contemplados dentro de las operaciones que se llevaron a cabo con los propietarios y operadores privados de suelo para obtener dicha recaudación, lo que, a la postre, supone la paralización del crecimiento urbanístico de la capital andaluza, una actividad con la que se podrían haber generado hasta 40.000 empleos directos, con la consiguiente reducción las altas cifras de paro.

Fraude, pérdida de confianza e indignación. Con estas palabras definía ayer Miguel Rus, presidente de Gaesco (la patronal de los constructores sevillanos), el estado de ánimo de los empresarios del sector tras el informe enviado por la Gerencia de Urbanismo en el que se refleja el deficitario estado de financiación del PGOU. La situación -ya anunciada por el delegado de Urbanismo, Manuel Rey, el pasado viernes en una conferencia ante el foro de dicha institución- invita poco a la confianza. No queda nada de los fondos ingresados a través de los 70 convenios firmados con los operadores de suelo, mediante los cuales estos agentes invertían una suma de dinero para la construcción de sistemas e infraestructuras que permitieran el desarrollo urbanístico de los terrenos de los que son propietarios (de ellos, 55 fueron el grueso de esta inyección económica). Y lo que es peor aún, este dinero se ha destinado a proyectos que poca o ninguna relación guardan con la inversión que en su día realizaron los constructores para desarrollar urbanísticamente sus suelos. Una actuaciones que tienen pocos visos de ejecutarse a medio o corto plazo a tenor de los escasos fondos que quedan del PGOU.

Este asunto ha cogido "por sorpresa" a la patronal de la construcción -que llevaba meses solicitando información sobre el destino de las inversiones- y agravará la ya complicada situación de muchas empresas sevillanas, un buen número de ellas pequeñas y medianas constructoras. Sin embargo, en este enjambre de cifras aún quedan bastantes flecos sueltos, de ahí que Gaesco haya solicitado ampliar el informe para saber cuánto dinero queda realmente y luego exigir responsabilidades. Uno de estos flecos es el dinero recaudado en las operaciones. La Gerencia habla de 172,11 millones de euros como "total de ingresos en metálicos por convenios urbanísticos". La patronal cifra esta recaudación en 240 millones. Existe, por tanto, un desfase de casi 68 millones de euros que nadie sabe aclarar. Ni el Ayuntamiento ni la patronal de constructores.

Al margen de estas imprecisiones, lo cierto es que las mayores partidas de gastos durante el primer cuatrienio de vida del PGOU han ido a parar a obras que no pueden ser calificadas como sistemas generales, esto es, actuaciones que hagan posible el desarrollo urbanístico de una zona de expansión, como carreteras, zonas verdes, calles, dotaciones e infraestucturas varias. En este reducido grupo se encuentran el proyecto Metropol Parasol de la Encarnación, con 65 millones de gasto (incluida la última inyección), los dos programas del plan de barrios con 20 millones, la remodelación de la Alameda con 4,9 millones o el arreglo de la Plaza de España con 5,9 millones, entre otros trabajos. Proyectos que han desinflado la hucha del PGOU y que distan mucho de ser considerados como sistemas generales, de ahí la indignación manifestada ayer por Miguel Rus, en tanto que no era lo prometido por el Ayuntamiento cuando se firmaron los conciertos. "Los constructores no somos ONG, invertimos para poder desarrollar los proyectos urbanísticos en nuestro suelo. Si hubiéramos sabido que nuestro dinero iba a servir para estas obras, no hubiésemos puesto ni un euro", expresó Rus.

La legalidad del uso de estos fondos es un tema para el que ahora queda un amplio análisis. Manuel Rey ya se apresuró a confirmar el viernes el carácter legal de estas actuaciones. Por su parte, Miguel Rus utilizó ayer el término "desvío de fondos" para definir el destino del dinero recaudado, de ahí que la asamblea general de Gaesco se plantee ya acudir a la Justicia para exigir responsabilidades al Ayuntamiento. Aunque la última decisión queda en manos de la asamblea general de Gaesco, todo hace prever que los constructores exijan el cumplimiento de los convenios y se construyan los sistemas generales previstos en lugar de pedir la devolución íntegra del dinero.

Gaesco también pedirá al Consistorio que verifique las garantías reales que existen actualmente para el desarrollo de la ciudad. En este sentido, hay que destacar los tres proyectos urbanísticos que parecen salvarse de este parón: Palmas Altar Sur, promovido por Metrovacesa; la Hacienda del Rosario, propiedad de la empresa Gabriel Rojas; y la Hacienda del Buen Aire, en manos de un conjunto de siete promotoras. A ellos se unen la primera fase del arco noroeste de la SE-35 (para el que hay contemplada una inversión de 41 millones de euros) y el primer tramo de la ronda urbana que unirá Palmas Altas y El Pítamo, que requiere de un desembolso previo de 15 millones. Estas partidas sumadas a los 30 millones de la última modificación presupuestaria del Metropol Parasol suponen un montante de 95 millones de euros que superan en 20 millones el saldo total que, según la Gerencia, aún quedan del fondo de inversiones del PGOU (73,7 millones), lo que añade más incertidumbre.

La paralización urbanística ante la falta de sistemas generales, sin los cuales la ley impide el desarrollo de los suelos, tiene también una dramática consecuencia en el tejido productivo de la ciudad. La patronal ha estimado una pérdida de 40.000 empleos por este parón, una cifra aún mayor si se tiene en cuenta la creación de puestos de trabajo indirectos que genera la construcción.

Las constructoras tenían grandes esperanzas puestas en el avance del PGOU para combatir las pérdidas producidas por la crisis. Ahora la situación se agrava, ya que el dinero invertido no ha obtenido sus frutos.