Un consejero "instó a actuar" tras las irregularidades del caso Marismas

Dos ex altos cargos de la Consejería de Agricultura declararon este jueves como imputados y aseguraron que el consejero del ramo -al que se refieren sin decir su nombre- instó a "actuar" tras tener conocimiento de las irregularidades vinculadas a los procedimientos de contratación para adjudicar obras seguidos por la comunidad de regantes Las Marismas del Guadalquivir, en relación con la subvención de 40,1 millones que recibió en 2004 para la modernización de su red de riegos.

En las declaraciones no se hace mención expresa al consejero que dio las órdenes, aunque el responsable del departamento en el año en que ocurrieron los hechos descritos, a principios de 2005, era Isaías Pérez Saldaña, que ocupó el cargo entre el 25 de abril de 2004 y el 21 de abril de 2008. En su declaración ante el juez de Instrucción número 16 de Sevilla, a la que ha tenido acceso Europa Press, el ex director general de Regadíos y Estructuras de la Consejería de Agricultura Francisco Ruiz Orta puso de manifiesto que "las irregularidades en la licitación y primer adjudicación llegaron a su conocimiento no sólo a través" de la propia comunidad de regantes "sino también verbalmente por comentarios que al respecto le hicieron funcionarios de su departamento o probablemente el propio delegado provincial".

En este sentido, Ruiz Orta aludió también a "una queja que llegó directamente al consejero de Agricultura procedente de la Cámara de Contratistas de Sevilla", ya que "empresas que concurrieron a la licitación se quejaron directamente al entonces consejero y el propio consejero se lo trasladó para que se actuara en consecuencia", aunque de esto último "no existe documentación formal documental en el expediente".

En su declaración, aseguró que libró el 1 de febrero de 2005 un oficio dirigido a la Delegación Provincial de Sevilla reclamando el documento que acreditara el cumplimiento de los requisitos para la concesión de la subvención por parte de la comunidad de regantes, entre ellos que en el plazo de dos meses los regantes debían tener por aceptada la subvención, "y es a partir de ahí cuando esa Delegación Provincial tiene que cumplimentar este mandato y el modo y forma de llevarlo a efecto es algo que está al margen" del imputado y de su departamento.

Una vez firmado dicho oficio, "nunca supo más acerca de este asunto, lo cual le hace presuponer que todo estaba bien y que no hubo anomalías". No obstante, de ese oficio "no podía deducir el que no se hubiese aceptado" por la comunidad de regantes la subvención concedida, añadiendo que "en la tramitación de este tipo de expedientes la documentación es muy amplia y hay que solicitar en muchísimas ocasiones y de forma rutinaria esa documentación a los solicitantes de las subvenciones".

"Como no hubo constancia en su departamento del no cumplimiento, no existió ningún procedimiento de revisión del expediente fuera de plazo para la subsanación de defectos formales", declaró, insistiendo en que, en el procedimiento de licitación para la adjudicación de las obras que se llevó a efecto por la comunidad, él "no tuvo ninguna participación, ni en la conformación de la mesa de contratación ni del comité de evaluación ni del procedimiento que se siguió".

También compareció ante el juez el ex jefe del Departamento de Infraestructuras y Actividades Estructurales Carlos Javier Rodríguez Pérez, quien dijo que pidió un informe al Servicio de Convenio y Contratación tras la denuncia de la Cámara de Contratistas "dirigida directamente" al consejero de Agricultura, quien lo "puso en conocimiento" de Ruiz Orta, que le pidió entonces que hiciese esa consulta.

Este imputado aseveró que "no intervino para nada" en la subvención concedida a la comunidad de regantes y ha negado que "ocultara algún fallo o irregularidad documental a un superior para que en ningún caso se revocara la subvención". Así, admitió que sí intervino en la segunda adjudicación de las obras pero rechazó que efectuara ninguna llamada telefónica a la comunidad de regantes "a fin de que la UTE Befesa-Alpi fuese la adjudicataria", mientras que "tampoco conoce a nadie que hubiese efectuado una llamada telefónica de esas características".

Además, "en ningún momento tuvo ningún conocimiento de ningún concierto o contrato de ninguna clase entre la adjudicataria y la UTE preadjudicataria para que esta última, en base a una subcontratación, realizara formalmente los trabajos de las obras".