El conflicto con la Corrala Utopía sigue lejos de ser solucionado

La reunión prevista ayer entre la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, la Junta, las familias que habitan la Corrala Utopía (bloque propiedad de Ibercaja) y esta entidad financiera no logró grandes avances al no asistir a la misma la titular de las viviendas.

El encuentro, no obstante, se celebró con la participación de las representaciones del colectivo de familias, de la Junta y del Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu. Irma Blanco, una de las portavoces de los residentes, manifestó a Europa Press que a las 15:30 del pasado jueves la propietaria de las viviendas habría alertado a la Oficina del Defensor del Pueblo de su incomparecencia a la reunión. "Su asistencia estaba confirmada. Esto no tiene ni pies ni cabeza", lamentó Blanco.

El resto de asistentes debatieron sobre la posibilidad de resolver el conflicto a través de alquileres sociales que permitan a los actuales inquilinos seguir habitando el bloque. El colectivo de familias ya ha abandonado el encierro que protagonizaba en la Consejería de Fomento y Vivienda.

Mientras, el Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla debe resolver la nueva solicitud promovida por Ibercaja para el "desalojo forzoso" del edificio. Antes, la citada instancia judicial tiene pendiente tomar declaración al único miembro de este colectivo de familias que no ha comparecido aún en sede judicial, pues todas estas personas fueron imputadas por un presunto delito de usurpación. Esta persona estaba citada a declarar el 21 de noviembre, aunque su comparecencia no fue posible al sufrir "una crisis nerviosa y un desvanecimiento" antes de entrar en los juzgados.

La pasada primavera mediaba un principio de acuerdo entre estas familias e Ibercaja. En aquel momento el banco solicitó de nuevo el "desalojo forzoso" de las viviendas bajo la premisa de que las familias no se habrían atenido a los términos del pacto. Dicho principio de acuerdo implicaba la búsqueda de fórmulas para que los residentes que acreditasen un estado de verdadera "necesidad" fuesen realojadas "en otras viviendas", el desalojo "efectivo" y voluntario de los pisos ocupados, la suspensión de la petición de medida cautelar de desalojo y el "desestimiento del proceso penal instado" contra las familias. La propietaria propone a estas familias su programa de respaldo al alquiler social de viviendas Llaves solidarias.