La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir vuelve a precintar los ocho pozos ilegales de una finca de los Alba

Los pozos se utilizaban para el riego de 153 hectáreas de naranjos

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Uno de los pozos precintados.
Uno de los pozos precintados. / CHG

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha procedido la mañana de este viernes a la adopción por segunda vez de medidas cautelares de precintado de los ochos pozos no autorizados de la finca Aljobar, en el término municipal de Aznalcázar. La finca es propiedad de la casa de Alba.

Esta actuación está motivada por la inspección que el 11 de noviembre realizaron los técnicos de la CHG junto al Seprona, en la que se constató que la tomas estaban en uso, sin control volumétrico y, además, en situación de despilfarro con fugas importantes de agua en las conducciones, según ha informado la CHG en un comunicado. Dentro del proceso judicial, el juez determinó levantar el pasado mes de mayo el precinto de los pozos, que se efectuaron en octubre de 2023 también por orden judicial, al iniciar la empresa Eurotécnica Agraria que explota la finca el proceso de solicitud de concesión del uso de esos ocho pozos, aunque no se determinó que las captaciones se pudieran seguir utilizando durante su tramitación.

Tras los resultados de la inspección de mes de noviembre y el envío al juez y la fiscalía del correspondiente informe de valoración de los hechos, la CHG recibió el pasado 10 de diciembre un auto del Juzgado autorizando la entrada en la finca y estableciendo la posibilidad de que se adoptara por parte de este organismo de cuenca las correspondientes medidas cautelares sobre unos pozos cuya legalización aún está en trámite.

Una vez recibida esta resolución del juzgado hace apenas diez días, que implica también el levantamiento de la suspensión del procedimiento sancionador incoado el año pasado, la CHG ha preparado con la mayor rapidez posible la intervención para proceder hoy al cierre cautelar de las tomas. Estos ocho pozos ilegales, junto a las otras dos captaciones que sí cuentan con autorización, se utilizaban para el riego de 153 hectáreas de naranjos.

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