La comunidad sorda en Sevilla. Las dificultades diarias de 1.500 personas

Se llama Antonio Sánchez y es sordo. Está al frente de la Asociación Torre del Oro que defiende los derechos de personas que sufren esta deficiencia. En toda la provincia de Sevilla, según cálculos estimados, son unas 1.500. Un colectivo que reclama que, al menos, los servicios públicos cuenten con intérpretes de lenguaje de signos que les faciliten su asistencia. El déficit se ha agravado con la pandemia del Covid, periodo en el que la comunicación con estas personas se ha dificultado con el uso de la mascarilla, cuya utilización obligatoria ha quedado desde esta semana restringida a lugares muy concretos. Un gran alivio para ellos.

La situación ya era precaria antes de que llegara el coronavirus, pero la crisis sanitaria lo ha complicado todo. Antonio Sánchez se encuentra en la sede de la asociación que preside, en la calle Santiago, en pleno Casco Antiguo de Sevilla. Lo acompaña Beatriz Roldán, intérprete de signos que desempeña este servicio en dicha entidad.

La asociación la integran 30 miembros. Además de Beatriz, que es trabajadora social, acude otra intérprete del lenguaje de signos. En toda la provincia hay tres entidades que atienden a personas sordas. Dos en la capital y una tercera en Dos Hermanas. En la de la calle Santiago, se presta este servicio desde las 9:00 hasta las 14:00. El trabajo que desarrollan en este tipo de asociaciones está "subvencionado". Durante este tiempo, acompañan a los demandantes a realizar distintas tareas, en las que resulta imprescindible su asistencia.

Un servicio muy limitado

Sin embargo, el tiempo tan restringido en el que realizan tal función y el hecho de que muchas personas no puedan acudir a la asociación provocan que demasiados integrantes del colectivo se vean obligados a pagar a un intérprete de signos para las tareas cotidianas, como ir al médico o a cualquier gestión en Hacienda, por citar dos ejemplos.

"El servicio de interpretación que aquí se presta dura cuatro horas por persona, pero hay gente que necesita un especialista todos los días", detalla Beatriz Roldán, que refiere el caso de padres sordos que acuden a una entrevista con el maestro de sus hijos. "En tal situación, han de contratar por su cuenta a un intérprete, que cobra, como mínimo, 20 euros por hora", advierte la trabajadora social, que junto con la Asociación Torre del Oro exige que dicho servicio sea gratuito.

A ello añade otro condicionante: "Las empresas particulares que gestionan este servicio se llevan una buena parte de los ingresos, por lo que en muchos casos el intérprete sólo obtiene la mitad del precio fijado". Todo ello provoca que se encarezcan las tarifas y que resulten poco asumibles para los hogares con algún familiar sordo. "Debe tenerse en cuenta que es muy reducido el número de familias con miembros que conozcan el lenguaje de signos. Sería lo ideal, pero lo cierto es que al final han de recurrir siempre al intérprete de signos y afrontar los gastos de su contratación", abunda la profesional.

En el ámbito laboral, tampoco proliferan las empresas que se hayan concienciado de la necesidad de contar con este servicio para los empleados que presenten dicho problema. Antonio Sánchez, por ejemplo, trabaja en el Club Pineda. Cuando se convocan las reuniones con la plantilla, los responsables de su gestión siempre llaman a un intérprete para que este empleado pueda estar al tanto de lo que allí se habla. Pero en la mayoría de los casos no es así. "La ley obliga a las compañías públicas a contratar este servicio, pero en las privadas no", afirma Roldán.

Con la pandemia, como se ha dicho antes, todo ha empeorado. Los integrantes de esta comunidad necesitan leer los labios para mantener un mínimo de comunicación. Con la mascarilla, tal posibilidad ha sido anulada. "Las personas más flexibles se la bajaban, pero otras, por precaución y temor a contagiarse del Covid, no". En este tiempo han acudido en dos ocasiones a las instituciones parlamentarias para que se arbitrara una solución. Intentos que han caído en saco roto. Ante la falta de respuesta, el presidente de la Asociación Torre del Oro le lanza una pregunta a los políticos: "¿Si tuvierais un hijo sordo, qué haríais? ¿Estaríais conforme con las privaciones que sufriría?".

El Ayuntamiento, una "excepción"

Algunos servicios públicos sí cuentan con una atención específica para personas con discapacidad auditiva. Tal es el caso del Ayuntamiento de Sevilla, que dispone de intérpretes de signos, pero sólo para labores relacionadas con la administración municipal. "El 010 atiende a personas sordas a través de vídeos", incide Beatriz Roldán.

Una ayuda importantísima que no se presta en otros ámbitos esenciales, como el de la sanidad. Antonio Sánchez se pregunta al respecto: "¿Cómo se atiende a las personas sordas en la centralita o en la ventana de información?". Para remediar esta carencia, desde la asociación se propone que los centros sanitarios dispongan de una oficina para personas sordas, que supla, de alguna manera, el déficit detectado en la Atención Primaria (ambulatorios), donde resulta imposible para esta comunidad pedir una cita médica y que el personal sanitario puede atenderla si no conoce el lenguaje de signos. En este punto, pone otro ejemplo muy cotidiano: "¿Cómo llamamos las personas sordas a la ambulancia ante una urgencia?". Para solventar esta carencia plantea otra medida: contar con un sistema de alerta similar al botón que las personas mayores activan cuando surge una necesidad sanitaria.

La falta de "empatía" con esta comunidad se observa, de igual modo, en otros servicios, como el teléfono de aviso ante un caso de violencia de género. Una persona sorda no puede comunicarlo, al no existir una atención adaptada a sus necesidades.

En el ámbito turístico -actividad convertida en la auténtica fuente de riqueza de Sevilla-, por muchos hoteles y pisos para visitantes que se oferten, tampoco se ha logrado un importante desarrollo en la atención a dicho colectivo. "Si se hospedan personas sordas, ¿cómo se las atiende en la recepción? A los trabajadores se les exige un alto nivel en idiomas extranjeros, pero pocas veces se contempla que sepan el lenguaje de signos para comunicarse con nosotros", lamenta Sánchez, que extiende este problema a las visitas culturales que programan la Junta de Andalucía y los ayuntamientos. "Nos cobran igual que a otros participantes y no podemos seguir las explicaciones de los guías porque tampoco hay intérpretes", lamenta.

Las subvenciones que las asociaciones de personas sordas reciben de las administraciones públicas no colman las necesidades. "Las ayudas nos permiten, como mucho, contratar a una o dos personas cuatro meses como máximo. El resto del año los socios carecen del servicio", explica Sánchez, que avisa de la situación de "desamparo" en la que se queda esta comunidad.

Respecto a la formación de los nuevos intérpretes en el lenguaje de signos, Beatriz Roldán manifiesta que ésta "ha cambiado", y no precisamente para bien, los últimos años. Ahora lo hacen a través del grado superior de FP en Mediación Comunicativa. A juicio de Roldán, los que obtienen actualmente la titulación "no saben hacer una interpretación correctamente". A lo que suma "la crítica situación laboral que sufren estos profesionales", puesto que las administraciones los contratan "cada vez menos".

En las colegios

Los problemas de comunicación a los que se enfrenta una persona sorda comienzan a edad temprana, prácticamente desde el colegio. Es ahí donde se detectan las carencias antes analizadas. Previo al estallido de la pandemia, la asociación bilingüe de padres y madres de hijos sordos (Abipams) alertaba de las dificultades que sufren los menores durante su etapa de aprendizaje al no disponer de intérpretes del lenguaje de signos en las aulas y al ser muy escaso el conocimiento de los docentes al respecto.

Al comienzo del curso 2019/20, la ratio a nivel nacional se situaba en un intérprete por cada 143 estudiantes con discapacidad auditiva. Y ello, pese a que la ley 27/2007 establece que las familias con hijos sordos tienen derecho a elegir una educación con lenguaje de signos. Pero dicho principio, rara vez se cumple.

La trabajadora social Beatriz Roldán explica que los intérpretes están contemplados para las etapas de la ESO y la universidades, aunque muchas instituciones de enseñanza superior no cuentan con esta figura y los estudiantes se han visto obligados en numerosas ocasiones a pagar el servicio. Según datos proporcionados por la Delegación territorial de Educación, en la provincia de Sevilla hay 13 intérpretes que trabajan en 13 centros de enseñanza y atienden a 16 alumnos con problemas auditivos.

"En los institutos tampoco están la jornada completa. Depende de la asignatura en la que han de prestar el servicio. Siempre van de un centro a otro", detalla Roldán, que refiere el caso de un profesor de Informática que imparte clases en un instituto de Camas. "Lo ha pasado fatal en la pandemia por el uso de la mascarilla", agrega.

La enseñanza superior

En cuanto a las universidades, la Pablo de Olavide (UPO), con motivo del Día Internacional de las Lenguas de Señas que se conmemora cada 23 de septiembre, celebró el pasado otoño la Jornada sobre Lengua de Signos Española, un encuentro en el que se dio a conocer la alianza existente entre esta institución académica y tres de las asociaciones más relevantes de España que luchan por la inclusión de las personas sordas y sordociegas, así como por la normalización de la lengua de signos española.

En este sentido, la Asociación Universitaria para el Estudio de las Lenguas de Signos de la Universidad Pablo de Olavide (AUELS UPO) oferta dos cursos de LSE, uno de nivel A1/A2 y otro de nivel B1, de acuerdo a los contenidos del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas (MCERL). El primero de ellos está destinado a aquellas personas sin conocimientos sobre la LSE o con un nivel bajo, ya que en él se imparten los contenidos más básicos de este lenguaje.

Con dicha formación, se pretende que el estudiante adquiera las destrezas y conocimientos para comunicarse con las personas sordas en distintas situaciones. El curso está en la línea de fortalecer la sensibilización y la accesibilidad de este colectivo a través del aprendizaje de la lengua de signos española, reconocido por la ley 27/2007 y regulado por la ley 11/2011 de la Junta de Andalucía.

La UPO es pionera en la implantación reglada de estas enseñanzas, ya que en el Grado de Traducción e Interpretación, y en el Doble Grado de Traducción e Interpretación y Humanidades, se ofertan como optativas las asignaturas Lengua de Signos Española I, Lengua de Signos Española II e Introducción a la Interpretación de la Lengua de Signos Española. Unos 130 estudiantes aprenden cada curso LSE en su formación universitaria.