La comisión de Mercasevilla se exigió para "la Junta, el partido u otro destino"

La juez Mercedes Alaya decidió abrir juicio oral contra los cuatro imputados por un delito de cohecho de Mercasevilla, en un auto en el que la instructora considera que, tras la concesión de una subvención de 900.000 euros, los acusados exigieron a los empresarios de La Raza el pago de 300.000 euros "para su enriquecimiento propio, para Mercasevilla, para la Junta de Andalucía, para el partido político que la gobierna o para cualquier destino desconocido".

La instructora entiende que hay indicios suficientes para sentar en el banquillo de los acusados a los directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, la directora de proyectos Regla Pereira y el ex delegado provincial de Empleo Antonio Rivas, si bien en el caso de estos dos últimos la juez Alaya reconoce que el material probatorio sobre su participación "es más débil", pero "suficiente" para que puedan ser juzgados y que "su actuación sea examinada bajo el crisol probatorio del plenario", en alusión a la vista oral.

El auto de apertura de juicio oral incluye los hechos justiciables que serán remitidos al jurado popular y en el que la juez analiza las distintas reuniones en las que se gestó la concesión de la subvención y la petición de la comisión ilegal a los empresarios de La Raza, a los que se exigió el pago en dos reuniones celebradas los días 16 y 27 de enero de 2009, esta última reunión grabada por los hosteleros y aportada como prueba a la causa. El auto recoge que en la primera reunión presuntamente Daniel Ponce exigió a uno de los empresarios la comisión como una contraprestación a la ayuda concedida, pues "los que dan piden", y también les dijo que debían abonar otros 150.000 euros para la acometida eléctrica.

Dice la magistrada que, además de la declaración de los empresarios, las "maneras" en que se reclama el pago en la grabación "son tan expresivas, tan directas, tan burdas, que a juicio de esta instructora representan de manera probable un claro ejemplo de corrupción". Así, recuerda cómo los directivos de Mercasevilla le dijeron al empresario que todo era tan sencillo como que llevara "el dinero en un maletín" y lo dejara en un despacho, marchándose todos para que el hostelero pudiera ver que la comisión no era para él.

La juez analiza el grado de participación de cada uno de los imputados y subraya que todos ellos intervinieron directa o indirectamente en la preparación de la solicitud de la subvención, el seguimiento del expediente administrativo y la gestión de la ayuda concedida.

El auto recuerda que en la reunión del 27 de enero, el ex subdirector de Mercasevilla Daniel Ponce se refirió al pago de los 300.000 euros para la Junta diciéndole a los empresarios "no sé a qué nivel de colaboración estáis con la Junta. Pero la Junta tiene normalmente un esquema de funcionamiento muy simple. Yo colaboro con quien colabora".

La magistrada insiste en que "son tan vehementes, contundentes y claras" las expresiones que utilizan Daniel Ponce y Fernando Mellet para pedir las ilícitas comisiones, en las que hacen continuas alusiones a que se trata del comportamiento habitual de la Junta, "incluso deslizando sutilmente una supuesta financiación ilegal del PSOE", en referencia a las frases en las que dice que el dinero "o será para carteles de Felipe González, pero yo me creo que es para los niños saharauis".

Para la juez no resulta convincente, salvo en los "estrictos términos de defensa", que la representación jurídica de Fernando Mellet trate de justificar la frase de la "colaboración" con la Junta con el argumento de que debían financiar los proyectos para obtener nuevas subvenciones, porque de admitirse este planteamiento "se llegaría a una situación contraria al ordenamiento jurídico: sólo podrían obtener subvenciones o ayudas de la Administración aquellos que tuvieran poder económico, ya para autofinanciarse, ya para 'colaborar' con la propia Administración", argumenta la juez.

El auto concluye que los cuatro acusados pueden ser juzgados por un delito de cohecho, dado que "todos" tienen la condición de funcionarios públicos a efectos penales por la función pública que se ejerce en Mercasevilla, y descarta que los hechos sean constitutivos de delitos de tráfico de influencias o estafa cualificada, como pedían las acusaciones.

Por último, la resolución rechaza la nulidad de la grabación que solicitó Fernando Mellet, al estimar que la conversación no fue provocada, sino que los acusados se pronunciaron de forma espontánea.