Los comerciantes apoyan a la Junta en su oposición a la libertad de horarios

Comerciantes que respaldan a la Junta y que exigen mayor apoyo al Ayuntamiento. El reciente decreto del Gobierno que favorece la libertad de horario comercial ha provocado que este sector, que hasta ahora se había mostrado crítico con las políticas comerciales de la administración regional, haya cambiado de postura ante una normativa que considera que perjudicará a las pymes y sólo beneficiará a las grandes superficies. Junto a los medianos y pequeños empresarios, sindicatos y consumidores apoyan al consejero de Comercio, Rafael Rodríguez (IU), en su intento de recurrir dicho decreto al estimar que invade competencias autonómicas.

La oposición conjunta a la nueva ley estatal quedó ayer patente durante la rueda de prensa de los distintos representantes del sector. Pequeños y medianos comerciantes, sindicalistas y consumidores expresaron su rechazo a un decreto que establece, entre otras cuestiones, que ciudades de gran afluencia turística -entre las que se encuentra Sevilla- delimiten una zona donde rija la libertad horaria comercial, por la que todos los establecimientos, con independencia de su tamaño, podrán abrir domingos y festivos.

Las pymes que operan en el sector, a través de Aprocom (la federación que las representa), ha mostrado desde el anuncio de dicho decreto su oposición al estimar que esta liberalización sólo beneficiará a las grandes cadenas de distribución. Esta tesis parte del hecho de que la legislación actual permite a las tiendas que no excedan de los 300 metros cuadrados abrir cualquier día del año, una posibilidad que en rara ocasión se desarrolla ante la escasa rentabilidad que para un pequeño negocio supone abrir un festivo, ya que los gastos de personal no se ven compensados con los beneficios, sobre todo cuando las compras tienden a la baja por motivos económicos, como en la actualidad. De hecho, la mayoría de estos comercios sólo abren los domingos permitidos por la ley, cuando también pueden hacerlo las grandes superficies y que a partir de ahora, con el nuevo decreto, pasarán de 8 a un mínimo de 10 al año.

Para los agentes del sector comercial parece "obvio" que la flexibilización horaria sólo "congratulará" a las grandes cadenas de distribución, que tienen capacidad financiera para hacer frente a los gastos de horas extras del personal en un día festivo y rentabilizarlos con las ventas que consigan durante dichas jornadas. "De esta forma, sólo conseguirán que el pez grande se coma al pequeño, lo que provocará la destrucción de buena parte del tejido comercial de esta ciudad", vaticinó durante la comparecencia de ayer Tomás González, vicepresidente de Aprocom.

Esta destrucción afectaría gravemente al empleo. Según Aprocom, en Sevilla actualmente hay 115.000 trabajadores en el sector comercial, de los cuales, sólo 6.000 lo hacen en grandes cadenas de distribución, es decir, que casi el 95% de estos empleados se verían perjudicados por la liberalización horaria. Al hilo de ello, varios representantes del sector aclararon que ya existen algunas grandes cadenas, como Mercadona (actual líder en España de distribución alimentaria), que han mostrado su disconformidad con la apertura de las tiendas los domingos, al entender que sus clientes cuentan con suficientes horas para realizar las compras de lunes a sábado.

Los representantes de los consumidores, en este sentido, califican de "incongruencia" que se amplíe el horario de apertura "cuando más baja el consumo". Por su parte, el secretario general de comercio de la UGT en Andalucía, Rafael Martín Arcas, también alertó de las graves consecuencias del decreto para los derechos laborales, "ya que los trabajadores quedan a la libre disposición de las grandes empresas de lunes a domingo y en el horario que mejor convenga".

El apoyo del sector al recurso de inconstitucionalidad de la Junta se contrapone con la crítica a la postura del Ayuntamiento sobre esta cuestión, ya que los representantes piden que "se escuche la voz de la mayoría de los comerciantes antes de aplicar la normativa impuesta por el Gobierno".

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