Los colegios profesionales de Sevilla realizarán labores de inspección en las obras

“Verificación de las obras ejecutadas conforme a la licencia otorgada o a la declaración responsable presentada”. Esta es una de las principales novedades que aparece en el borrador del convenio específico de colaboración entre la Gerencia de Urbanismo y los colegios profesionales para la realización de tareas de carácter instrumental, material, técnico, auxiliar o de apoyo a las actividades de verificación, inspección y control de la normativa urbanística. En ningún caso, las corporaciones de una misma profesión que se suscriban al acuerdo podrán otorgar licencias a los promotores.

El equipo de José Luis Sanz lleva trabajando las últimas semanas para iniciar un proceso de concierto con los colegios profesionales para agilizar los informes técnicos, de tal modo que se determine un modelo de informe que pueda ser posteriormente fácilmente ratificado por los servicios técnicos, salvo en los casos en los que existan posibles divergencias de criterio o afecten a un Bien de Interés Cultural (BIC).

Desde Urbanismo apuntan que “activaremos el mecanismo de agilización previsto por la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) para la emisión de los informes técnicos de licencias, implantando la relación de los mismos a través de entidades técnicas colaboradoras”. En este particular, se homologarán a las corporaciones de una misma profesión para que cada uno, en los proyectos y licencias de los ámbitos de sus competencias, emitan los preceptivos informes técnicos, reduciéndose así la labor de la oficina técnica de licencias de la Gerencia a la supervisión y control urbanístico.

Esta medida, además de agilizar los trámites, tendrá la ventaja de dotar de más contenido y competencia a los colegios profesionales, a los que se le exigirá transparencia, diligencia, independencia e igualdad en los procesos de control. En las cláusulas del borrador a las que ha tenido acceso este periódico destaca que las corporaciones podrán realizar distintos servicios “siempre que ello no implique el ejercicio de potestades públicas”. O lo que es lo mismo, no podrán otorgar licencias. Los técnicos aseguran que el convenio de colaboración está sujeto a la Legislación de Garantía de Unidad de Mercado y a la normativa de Defensa de la Competencia, por lo que el texto final del convenio puede ser impugnado.

Las tareas específicas a realizar por los colegios profesionales serán varias. La primera, la verificación de los requisitos de integridad documental, suficiencia e idoneidad de los proyectos y la documentación técnica correspondiente a los actos sometidos a licencia o declaración responsable. Podrán emitir certificación de conformidad respecto de la documentación preceptiva para la solicitud de la licencia o presentación de la declaración responsable.

También podrán acreditar el cumplimiento de la legislación territorial y urbanística de los proyectos, así como de las determinaciones de los instrumentos de ordenación y demás exigencias previstas en la legislación sectorial, cuyo control se atribuya expresamente a Urbanismo, pudiendo emitir a estos efectos informes previos de conformidad técnica y jurídica.

Las corporaciones lograrán verificar las obras ejecutadas conforme a la licencia otorgada o a la declaración responsable presentada. En función del momento del proceso de ejecución en que se produzca la verificación, dichas tareas podrán ser de control previo al inicio de la ejecución de obras, control de ejecución de las obras o de comprobación de las obras ejecutadas. Una vez finalizados los trabajos podrán emitir certificación de conformidad a los efectos de la presentación de la declaración responsable para la ocupación o utilización de edificaciones o, en su caso, la solicitud de licencia de ocupación o utilización.

Urbanismo sufragará a los colegios profesionales el coste económico que le genere las funciones de colaboración previstas. En el borrador del convenio con el Colegio Oficial de Arquitectos aparece una partida de 369.763 euros para la anualidad de 2024 y de 377.159 euros para la de 2025. “Si los costes superasen los presupuestos estimativos, podrá ser modificado el importe de la aportación económica a realizar por la Gerencia de Urbanismo para reintegrar al colegio profesional el exceso de costes en que haya incurrido”.

En el análisis desarrollado por la Gerencia sobre la Lista, los técnicos concluyeron que otro de los tres efectos que tendrá sobre el urbanismo de Sevilla es la reducción de una parte de los procedimientos para el desarrollo de proyectos que no dependían del Ayuntamiento, sino de otras administraciones. Cada vez que hay una tramitación, el Consistorio tiene que solicitar actualmente esos informes sectoriales a las consejerías competentes. A partir de ahora, los plazos de esos informes se van a reducir al eliminar la ratificación de los informes sectoriales.

No han sido pocos los proyectos que han decidido buscar otras ubicaciones fuera de Andalucía ante esta traba burocrática. En el caso de Sevilla, el nuevo barrio en La Bachillera, con 720 pisos de alquiler asequible. Los promotores expusieron su preocupación por los plazos antes de dar el visto bueno a un acuerdo que permite este desarrollo urbanístico tras la aprobación por unanimidad de la junta de compensación de la que forman parte Emvisesa, el Ayuntamiento, Adif, Beca Inmobiliaria S.A., Canvives S.L., Sareb y Sera.

La tercera consecuencia de la nueva ley es que va a permitir agilizar los procedimientos de modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en los casos que sea necesario. “Tener la ley del suelo aprobada puede permitir un plan general más flexible, ágil y con capacidad de adaptación”, apuntan desde Urbanismo.