El cohousing para personas mayores despega en Sevilla

En Sevilla cada vez más personas mayores quieren otras opciones para envejecer de forma activa, autónoma y junto a personas con sus mismos intereses, en un lugar que no es ni una residencia de ancianos ni una vivienda tutelada ni una comuna. Esa alternativa se llama cohousing o vivienda colaborativa, se gestiona en régimen de cooperativa normalmente en alquiler. Los expertos en psicología, como José Antonio Sánchez Medina, aseguran que esta es una de las mejores opciones para combatir la soledad.

La organización de las jornadas corrió a cargo de la Cátedra de Economía Social–El Roble (UPO) con la colaboración de la Asociación Iniciativa Sevilla Abierta (ISA) y el Colegio de Arquitectos de Sevilla (COAS).

Esta demanda social de otra forma de vivir el envejecimiento existe y se pudo ver ayer muy claramente en las jornadas técnicas sobre cohousing organizadas en la Universidad Pablo de Olavide desde las 9:30 hasta las 19:00 de la tarde, a las que acudieron más de 100 personas (algunas de fuera de Andalucía) a escuchar a expertos y a responsables de administraciones y entidades bancarias que financian este tipo de iniciativas.

Incluso profesionales del sector inmobiliario asistieron a la cita porque saben el interés que está despertando en Sevilla esta alternativa al problema de la soledad de los mayores. Entre estos pudimos ver caras conocidas como la de Eduardo Martínez Zúñiga, ligado a la asociación de promotores y constructores de Sevilla (Gaesco).

Dinamarca y Suecia son los países más veteranos en esta opción de vida para los mayores. Nos llevan 60 años de ventaja, como en casi todo. En Europa y en España (ver gráfico) también están proliferando.

En Sevilla aún no existe un cohousing en funcionamiento pero sí hay un grupo de mayores, Abante Jubilar Sevilla, que lo está tramitando sobre la base del modelo de Dinamarca y busca suelo para construir uno. La experiencia de este grupo se expuso ayer en las jornadas junto con la de Córdoba y Estocolmo.

El Ayuntamiento de Sevilla también se ha puesto las pilas para cubrir esta demanda social. A través de la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisesa) está tramitando un proyecto de cohousing para mayores en una parcela de San Jerónimo junto a las naves de Renfe y junto al edificio CREA. Se trata de un suelo de 4.237 metros cuadrados (con 10.170 metros cuadrados de edificabilidad), calificado como Servicio de Interés Público y Social (SIPS), que se cederá a Emvisesa por 75 años. Esta sacará un concurso público para elegir la cooperativa ganadora y entre ambos diseñarán cómo deben ser los espacios de ese cohousing. En esa misma parcela irá un proyecto de coliving para varias generaciones. Ambos suman 189 alojamientos.

Antonio Muñoz, delegado municipal de Hábitat Urbano, expuso ayer en la presentación de las jornadas que “las administraciones están obligadas a innovar en la política de vivienda” y explicó los tres proyectos de coliving y cohousing que tramita el Ayuntamiento de Juan Espadas. Aclaró que los técnicos de Emvisesa, presentes en la sesión, tomarían nota de todas las propuestas y sugerencias.

Dos entidades de banca ética, como Fiare y Triodos Bank, están interesadas en invertir en este tipo de proyectos con clara función social. Así lo manifestaron ayer en Sevilla Juan Garibi Soga, responsable operativo en España de Fiare- Banca Popolare Ética, y José Antonio Carbonell, subdirector de la red comercial de Triodos Bank, quienes destacaron la seguridad que supone para una entidad invertir en proyectos de cooperativas formadas por personas mayores.

Escollos

No todo son facilidades. Entre los obstáculos que se presentan para los proyectos de este tipo figuran el coste de la inversión, los aspectos legales, que la administración va muy lenta para responder a la demanda y que los miembros de la cooperativa deben ser muy afines y bien avenidos.

La cesión de un suelo público es vital para que los costes no se disparen: en Estocolmo los cooperativistas pagan de 400 a 600 euros mensuales en los cohousing porque la administración cede el suelo gratis, mientras en Málaga pagan 1.800 euros al mes porque el suelo es privado, explicó Laura López de la Cruz, profesora titular de Derecho Civil de la UPO y subdirectora de la Cátedra de Economía Social – El Roble.

En Sevilla, el escollo legal es que el suelo público sólo se puede ceder a una cooperativa de este tipo si está calificado como Servicio de Interés Público y Social (para su uso como equipamiento), y en ese caso si el beneficiario tiene vivienda en propiedad debe venderla antes a la administración si quiere beneficiarse de esa iniciativa.

En Sevilla y Andalucía, no hay opción de ceder a una cooperativa un suelo residencial como vivienda protegida porque por ley los beneficiarios deben tomarse por estricto orden del Registro de Demandantes de la Vivienda y carecer de una vivienda propia, según explicó Felipe Castro, gerente de Emvisesa. En ese caso el Ayuntamiento sí puede ceder suelo residencial protegido para coliving dirigido a jóvenes sin propiedad.

El Ayuntamiento de Huelva ha cedido un edificio para cohousing y el de Córdoba ha comprado una casa patio en el centro con el mismo fin. Desde el Ayuntamiento de Córdoba, Rafael Ibáñez, director gerente de Vimcorsa, empresa municipal de la vivienda de Córdoba, señaló que “el marco legal se salva con voluntad y creatividad política” y lamentó el exceso de burocracia y lentitud de la administración.

El modelo económico del cohousing que se planteó en las jornadas es que el cooperativista pueda recuperar toda la inversión. En Sevilla, el proyecto de Emvisesa en San Jerónimo contempla una cesión de uso del edificio que se construya pero a cambio de pagar 14.000 euros para entrar, otros 19.000 euros en varios pagos y un canon mensual de 590 euros. Sólo la suma de 33.000 euros aportados podría recuperarlos el cooperativista en el modelo del Ayuntamiento sevillano. Este punto suscitó críticas de los asistentes.

Sobre la lentitud de la administración, lo que tarda un Ayuntamiento puede ser más que si se hace por iniciativa privada.

Laura López de la Cruz aclaró también a este periódico que falta excluir estas viviendas colaborativas de la ley de arrendamientos urbanos (para que no se expulse al mayor en alquiler mientras habite en el cohousing) e incluirlas en la ley de cooperativas.