Las cloacas de la Plaza Nueva

LA corrupción ha cambiado la política también en la Plaza Nueva, cuyas cloacas se destaparon hace unos años y hoy siguen apestando. En los primeros 25 años de democracia, el Ayuntamiento de Sevilla sólo había constituido comisiones especiales para investigar irregularidades municipales en muy contadas ocasiones. Desde finales de los ochenta hasta 2005, se había investigado a Mercasevilla por una derivación del caso Juan Guerra, a varios concejales por la instalación de una carpa en el Prado, la adjudicación del servicio municipal de la grúa a mediados de los 90, un contrato con una empresa de señalizaciones que habría sobornado a dos funcionarios para lograr el favor y el desalojo del asentamiento chabolista de Los Bermejales. Este último caso tuvo lugar en 2004 y con él salieron a la luz las primeras bolsas de plástico repletas de dinero, en concreto, 42.000 euros por barba que, con la connivencia del gobierno municipal, se entregaron a cada familia a cargo de una constructora para que dejasen el poblado.

Todos estos casos parecen, no obstante, de aprendiz al lado del reguero que se abrió hace ahora nueve años en el Ayuntamiento de Sevilla. La mecha se encendió con las facturas falsas de la Macarena, que acabó con el ex secretario del distrito, José Marín, y el contratista José Pardo en prisión. Y luego siguió otro escándalo que fue el origen del que es hoy por hoy el mayor caso de corrupción en Andalucía, los ERE fraudulentos que investiga la juez Mercedes Alaya. Los dueños del restaurante La Raza denunciaron que los directivos de Mercasevilla les habían pedido comisiones ilegales en nombre de la Junta. Una mordida a cambio de otorgar una subvención para una escuela de hostelería que sacó a la luz intrusos en las listas de beneficiados de las prejubilaciones de la empresa municipal. Este caso luego dio lugar a la apertura de ocho causas distintas y han sido procesados ya ex concejales como Antonio Rodrigo Torrijos, a quien le costó el cargo público y ahora la militancia en su partido, después de que volviera a ser imputado por el caso de la Fundación DeSevilla, en el que se investigan subvenciones irregulares concedidas por dicha entidad municipal, junto con el ex edil Carlos Vázquez y otros cargos. Y, lo más reciente, la operación Madeja, que ya se ha ampliado al caso Enredadera, y apunta a una trama de pago de sobornos por parte de una empresa a cambio de adjudicaciones municipales que ha costado a IU otra dimisión, la de José Manuel García, que precisamente sustituyó a Torrijos hace un año. El sumario, levantado esta semana, de momento ya señala a funcionarios, empresarios y cargos del PSOE, IU y PP.

Nadie se libra, ni siquiera el partido que contribuyó a descubrir toda esta trama corrupta. La tolerancia cero que enarboló Zoido lo ha fortalecido antes y después de llegar a la Alcaldía. No en vano destituyó de forma fulminante y con acierto al ex concejal del PP, en este mandato director de Medio Ambiente, implicado en un caso que, ojo, aún puede deparar sorpresas. Una imputación, aunque luego no llegue a culpa alguna, no es un escándalo cualquiera en estos tiempos. Una salpicadura de este agua corrompida que fluye por las cloacas arruina el mejor de los proyectos.