Los clientes de la prostitución callejera figurarán en un registro

El Ayuntamiento de Sevilla no sólo se limitará a multar a los clientes de la prostitución callejera por una infracción a la ordenanza municipal que prohíbe esta actividad. También creará un registro con todas aquellas personas que hayan sido denunciadas por la Policía Local por contratar a meretrices en la vía pública. Así se planteó en la última reunión de la mesa de coordinación y seguimiento del plan contra la explotación sexual.

Desde que entró en vigor la ordenanza, el 28 de octubre de 2011, la Policía Local de Sevilla ha multado a 66 personas por este motivo. De ellas, en lo que va de año se impusieron 32 denuncias. Hay que tener en cuenta que este tipo de multas son mucho más difíciles de poner que otras como las de tráfico o por la ley antibotellón, ya que es necesario sorprender prácticamente in fraganti al cliente de las prostitutas para poder denunciarlo y que no pueda alegar que sólo estaba dialogando con las mujeres.

La mayoría de estas multas fueron impuestas en la zona de Su Eminencia y en el polígono industrial situado en sus aledaños. El trabajo de la Policía en los últimos meses ha logrado erradicar focos históricos de prostitución callejera, como la calle Santo Domingo de la Calzada, en Nervión, o la avenida de Emilio Lemos y la calle Taiwán, en Sevilla Este. En los últimos meses no se ha puesto una sola multa en estas zonas y casi todas corresponden a recintos industriales.

La asociación de empresarios de los polígonos ya alertó del posible desvío hacia estos recintos de la prostitución callejera debido a la presión policial en las zonas residenciales. Pese a ello, también en algunos polígonos se ha reducido esta actividad, como es el caso de la Carretera Amarilla, donde existía un foco de prostitución de extranjeras procedentes del África subsahariana. En lo que va de año, la Policía sólo denunció a una persona por contratar a una meretriz en este recinto industrial.

La ordenanza municipal sólo prohíbe la prostitución callejera y no hace referencia a los clubes. Sin embargo, la elaboración de un protocolo para incrementar las inspecciones en este tipo de negocios refleja el compromiso del gobierno local contra la explotación sexual de las mujeres. Así, la Policía se encargará de controlar que los clubes dispongan de las licencias pertinentes y que toda su actividad sea acorde a la normativa municipal.

Para ello pueden resultar fundamentales las inspecciones conjuntas con la Policía Nacional, ya que es éste el cuerpo que dispone de las competencias en materia de extranjería y seguridad ciudadana. Así, sería la Policía Nacional quien se encargue de levantar acta contra todos aquellos dueños de locales de alterne que exploten a extranjeras sin papeles, mientras que los agentes municipales se encargarían de hacer cumplir la ordenanza y las cuestiones administrativas. Hasta ahora, las inspecciones de ambos cuerpos eran periódicas pero el Ayuntamiento está planteando la posibilidad de que se hagan controles conjuntos, que podrían resultar mucho más eficaces.