Los cinco polémicos cambios que la ley Celaá traerá a Sevilla

Ha sido uno de los debates que ha marcado la agenda política de esta semana. La aprobación de una nueva ley de enseñanza -la octava en la historia de la democracia española- ha abierto otro frente entre el Gobierno, la oposición y las autonomías, a la par que evidencia una profunda fractura en la comunidad educativa al haberse aprobado sin un consenso entre los agentes implicados (como ocurrió con las anteriores) y en pleno estado de alarma. Todo apunta a que su vigencia quede condicionada al tiempo de mandato de PSOE y Unidas Podemos en el Ejecutivo central, por lo que de nuevo la educación (pilar básico de la sociedad) queda a merced de intereses partidistas.

Más allá del enfrentamiento político, la Lomloe, conocida como ley Celaá, entraña seis cambios de importante calado en el sistema educativo español. De ellos, cinco son de gran trascendencia en las aulas sevillanas: los colegios concertados, los de Educación Especial, las titulaciones sin límite de suspensos, la enseñanza de Religión y el nuevo acceso al cuerpo de inspectores.

El trámite para su aprobación definitiva ha venido precedido de la primera de las protestas por parte de uno de los sectores más perjudicados por la reforma, la enseñanza concertada, ya que en su desarrollo se defiende el derecho a la "educación pública", lo que se traduce en que, a la hora de diseñar la oferta de escolarización, se otorgará prioridad a estos colegios por encima de los privados que reciben fondos de las administraciones. Además, se elimina de este grupo a los de educación diferenciada, lo que afecta a seis centros de la provincia de Sevilla. Para este domingo se ha convocado una manifestación en vehículos por la Avenida de la Palmera y sus alrededores.

Pero la ley Celaá va mucho más allá de las afecciones a la enseñanza concertada, pues deja a la consideración de los docentes un aspecto tan importante como la titulación de los alumnos que, con la Lomloe, no se regirá por unos criterios netamente objetivos. Se podrá conseguir el título de ESO sin límite de asignaturas suspendidas, mientras que el de Bachillerato se logrará con una materia sin aprobar. La figura del repetidor, por tanto, será una excepción en los centros de enseñanza, que estarán controlados por una Inspección en cuya configuración tendrán un papel más decisivo las administraciones, al cambiarse el sistema de acceso a este cuerpo de funcionarios.

Tampoco salen bien parados los maestros de Religión, un colectivo que rara vez permanece inmune cuando se aprueba una reforma educativa. Su asignatura deja de puntuar en la nota media de los alumnos y la ley provoca cierta incertidumbre laboral en estos docentes, que suman alrededor de 700 en la provincia de Sevilla.

Otro ámbito en el que incide la ley Celaá es la Educación Especial, donde se persigue la integración de sus alumnos en los colegios ordinarios en un plazo de diez años. Una finalidad que han intentado lograr otras leyes de enseñanza pero a la que ahora se le pone fecha sin contar con el respaldo de muchos especialistas.

La reforma educativa del Ejecutivo de Pedro Sánchez también ha generado una gran polémica por la eliminación del calificativo vehicular a la hora de referirse al idioma castellano en las comunidades donde existe otra lengua oficial. El premio nobel Mario Vargas Llosa se ha sumado a este debate al calificar de "idiotez sin límite" el cambio. El catedrático de Lengua Española Antonio Narbona estima que la "realidad educativa en esas autonomías no va a cambiar demasiado, ya que se trata de una cuestión política". "De nuevo se usa la enseñanza como instrumento por parte de los partidos", asevera Narbona, quien precisa que la ley mantiene la obligación y el derecho de todos los españoles de "hablar y dominar" el castellano al finalizar los estudios reglamentarios. Otra cuestión es que eso se cumpla en todos los territorios del Estado español.

1. El "estrangulamiento" a la concertada

Uno de los pilares en los que se asienta la Lomloe es el fomento de la escuela pública, por encima de la demanda social. Y ello, pese a que fue el Gobierno socialista de Felipe González el que en 1985 creó el sistema de conciertos que ha llegado a la actualidad y que ha permitido que la enseñanza obligatoria alcance todas las capas sociales. La ley obliga a las comunidades autónomas a garantizar plazas suficientes en esta red. En este punto, añade un calificativo al artículo 27 de la Constitución, al mencionar el derecho de todos los españoles a la educación "pública".

En la provincia de Sevilla, los alumnos matriculados en la enseñanza concertada (poco más de 84.000) no acaparan ni el 20% de los puestos sostenidos con fondos públicos, por lo que este tipo de colegios no representa "una amenaza" para los de titularidad pública. Algo muy distinto a lo que ocurre en comunidades como el País Vasco, donde la oferta está más igualada. Ahora bien, en palabras de Mari Paz Agujetas, secretaria general del sindicato Feuso, la ley Celaá supone un "estrangulamiento" para la concertada, que resulta bastante peligroso en un contexto de bajada de la natalidad. Al nacer menos niños, se quedan plazas vacías, lo que los gobiernos interpretan como un cierre de unidades. Con la nueva ley, esta merma se traduce en una pérdida de conciertos y, por tanto, la imposibilidad de muchas familias de que sus hijos reciban la educación que desean al no poder costear un colegio privado.

Frente a ello, la representante de Feuso aboga por "no cerrar unidades, sino aprovechar la bajada de la natalidad para reducir la ratio en las aulas y mejorar la atención personalizada de los alumnos, lo que conlleva un aumento de la calidad educativa. Aquí no sobra nadie".

Especial mención requieren los colegios de educación diferenciada. En la provincia hay seis. Cuatro se encuentran en la capital (Altair, Albaydar, Ribamar y Ángela Guerrero), uno en Carmona (Nuestra Señora de Lourdes) y otro en Brenes (Elcható). Estos centros ya ganaron la batalla judicial a la Junta cuando estaba gobernada por el PSOE y se encontraba en vigor la Lomce (aprobada por el Ejecutivo de Rajoy). Con la nueva ley, sin embargo, se enfrentan a un futuro incierto al negarles ayudas públicas.

Por ahora, el decreto de escolarización que aplicó la Junta el pasado marzo antepone la demanda social (la libertad de elección de los padres) y mantiene el concierto para los centros no mixtos. Queda conocer cómo el Gobierno andaluz puede defender estos criterios sin vulnerar la ley estatal.

2. Titulaciones con suspensos

Se podrá titular en ESO con más de dos suspensos (hasta ahora ése era el límite) y en Bachillerato con uno (en la anterior ley para lograrlo se tenían que aprobar todas las asignaturas). La figura del repetidor de curso será algo excepcional -sólo se permitirá repetir dos veces en toda la enseñanza obligatoria- y la promoción quedará sujeta a la valoración que los docentes hagan de la evolución académica del alumno. Esta novedad ha abierto un intenso debate entre quienes consideran que la ley protege la autonomía pedagógica de los centros y los que advierten que supone un ataque a la cultura del esfuerzo.

Alfonso Chaves es profesor de FP en el Colegio Portaceli. Parte de la idea de que la repetición de curso supone un "fracaso", en tanto que se "condena" al menor a perder su "entorno social". "Se desvincula del grupo de compañeros con el que se ha rodeado los cursos anteriores y de los docentes, ya que las plantillas cambian bastante, sobre todo en los colegios públicos", señala Chaves. Para este profesor, la ley resulta "ambigua", ya que no precisa qué medios se proporcionará a ese alumno para que no se quede rezagado y alcance los objetivos académicos.

"No se puede transmitir el mensaje de pasar de curso sin la responsabilidad del esfuerzo. Antes de nada debe darse una atención personalizada al alumno que presente necesidades educativas, que pueden ser cognitivas o sociales, y luego, en caso de que el estudiante cuente con los recursos oportunos y no avance, sí cabe plantearse la repetición. Pero el debate no puede ser blanco o negro, primero hay que detectar la necesidad de mejorar la atención en la escuela antes de que se produzca el fracaso", explica Chaves, quien abunda en la conveniencia de implicar también a los padres en la formación de los hijos a través de unidades de acompañamiento familiar. "Ellos también son responsables de la educación de los menores", apostilla.

El consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, ya se opuso el pasado verano a la posibilidad de titular con asignaturas sin aprobar, al entender que el esfuerzo debe ser valorado en el aprendizaje. El Gobierno central justifica esta decisión en que la fórmula de la repetición no evita el fracaso educativo del alumno.

3. Sin oposiciones para la Inspección

Dicha autonomía de los centros queda cuestionada cuando se producen cambios en el servicio de Inspección Educativa, encargado de controlar el cumplimento normativo en los colegios e institutos. A este respecto, la Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE) ha manifestado su oposición a la redacción de la disposición adicional 12.4,b, en la que se ha sustituido el término "prueba" por el de "valoración".

Para el sindicato que defiende los intereses de estos funcionarios, "el nuevo texto pretende adulterar y alterar fraudulentamente y, por lo tanto, sin ajustarse a la ley, la naturaleza del concurso-oposición, como sistema de acceso a la función pública". "El texto, por innecesario, en su propia naturaleza es un ataque frontal al principio de objetividad de la Administración Pública", advierte la USIE.

Frente a la variación que introduce la nueva ley, los inspectores piden que se cambie el modelo actual de oposiciones para ingresar en este cuerpo, aunque, eso sí, de forma "inversa" a como lo hace la Lomloe, ya que, de hacerlo así, "puede generar fuertes divergencias entre las comunidades", a las que corresponde establecer las valoraciones para el acceso a la Inspección. "Debe lucharse por una selección de los más preparados, de forma objetiva y transparente, que blinde la independencia y autonomía de estos profesionales de cualquier poder político", asevera la USIE. De lo contrario, como han alertado algunos sindicatos docentes, los inspectores pueden acabar convirtiéndose en "comisarios políticos".

4. La Educación Especial, "un brindis al sol"

"Ojalá fuera posible". Así se expresa Ruth Roldán, directora del Colegio de Educación Especial Arco Auxilia, uno de los 14 sostenidos con fondos de la Junta (cuatro públicos y diez concertados) que hay en la provincia de Sevilla. Aquí ejerce de maestra y psicopedagoga. En su opinión, los propósitos que entraña la ley Celaá sobre este tipo de centros son "un brindis al sol, que engaña a las familias". Roldán explica que "todos los alumnos que se han podido integrar en un colegio ordinario, ya lo están", puesto que la decisión la toman, en función de criterios objetivos, los equipos de orientación externa, formados por especialistas que determinan la modalidad más correcta para los estudiantes que presenten algún tipo de discapacidad.

"La realidad es la que marca la posibilidad de acudir a un centro ordinario. La etapa de Infantil es la más integradora para estos niños, pero conforme avanzan los cursos y se eleva el nivel académico, el desfase es mayor", apunta la profesional. El colegio que dirige cuenta con 40 alumnos (en toda la provincia hay más de 3.000 en las distintas modalidades de Educación Especial). De ellos, unos ocho han tenido que regresar a dicho centro después de permanecer un tiempo intentando lograr una integración plena en una escuela ordinaria.

¿A qué se debe esta vuelta? A la falta de recursos en dichos colegios. Roldán pone un ejemplo al respecto: "Un niño con pluridiscapacidad necesita unos medios totalmente distintos a los de un alumno con trastorno autista". Es imposible que cada centro cuente con todos los recursos, además del personal cualificado, para cada discapacidad, a no ser que cada colegio o instituto tenga dentro dos o tres colegios de Educación Especial, lo que nada tiene que ver con la integración plena que defiende la ley.

5. Sin alternativa a la Religión

Ni se evalúa ni cuenta en la nota media del alumno. Así quedará la asignatura de Religión (para las tres confesiones que se ofertan en Sevilla: la católica, evangélica y árabe) con la nueva ley educativa. A ello se añade que no habrá asignatura espejo para los alumnos que no la cursen. Hasta ahora la opción era Valores Cívicos. Ello sume en la duda a los equipos directivos y a los docentes que la imparten.

Esperanza Suárez lleva 27 años siendo maestra de Religión en Sevilla. Su contratación depende directamente del Estado, una situación que constituye una vieja reclamación de estos docentes, que piden que las competencias sobre dicho colectivo se transfieran a la Junta de Andalucía, como ocurre en otras comunidades. Asegura que la nueva ley viene a dar "la puntilla" a un sector "ignorado" por el actual Gobierno central. "Nos han condenado al inmovilismo, al desaparecer el concurso de vacantes y tener que acudir a los tribunales para que se reconozcan los derechos laborales adquiridos", lamenta.

En la provincia de Sevilla hay unos 500 maestros de Religión en Infantil y Primaria y alrededor de 200 en Secundaria (estos últimos sí dependen de la Junta). Temen que esta asignatura, al quedar excluida de toda valoración en el expediente académico del alumno, acabe convertida en una "actividad extraescolar", puesto que al carecer de una alternativa, los alumnos que no la cursen no pueden pasar una hora sin hacer nada, lo que supone un "serio problema organizativo" para los equipos directivos.