La juez cierra el círculo sobre la comisión ejecutiva de Mercasevilla

La imputación del primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos (IU) en la causa por la venta de los suelos de Mercasevilla cierra uno de los círculos que la juez Mercedes Alaya ha ido trazado en los últimos meses en torno a la comisión ejecutiva del Mercado Central.

Con la implicación en la causa de Torrijos, la instructora ya ha citado a declarar a los siete miembros que componían este órgano de decisión de Mercasevilla cuando se decidió la venta de los terrenos y se adjudicó el concurso público en febrero de 2006. Tres de los consejeros de esta comisión -en la que no estaba representada la oposición en el Ayuntamiento hispalense- han sido ya imputados en relación con una adjudicación que la juez entiende que fue "fraudulenta e ilegal", al primar la oferta realizada por una filial de la constructora Sando frente a la del grupo Noga, que superaba a la anterior en 52 millones de euros.

Junto al primer teniente de alcalde, ya declararon como imputados ante la juez Alaya el concejal del PSOE y ex presidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo Prieto y el ex director de Vía Pública y ex asesor del alcalde Domingo Enrique Castaño, que llegó a trabajar para una filial de Sando. Los otros cuatro miembros de la comisión ejecutiva de Mercasevilla que también han declarado ya en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, aunque en calidad de testigos, son el interventor municipal, José Miguel Braojos, y el entonces secretario del Ayuntamiento, Venancio Gutiérrez Colomina -actualmente en el Ayuntamiento de Málaga-, así como dos directivos de la empresa nacional Mercasa, que ostenta el 48% del capital de Mercasevilla.

El gobierno local de Sevilla (PSOE e IU) avaló todas las etapas del concurso público que adjudicó la venta de los suelos a la empresa Sanma. Torrijos asistió a la reunión de la comisión ejecutiva del 8 de noviembre de 2005, en la que se analizó la venta de los terrenos y la forma en que ésta se llevaría a cabo, y en la que los consejeros acordaron por unanimidad proponer al consejo de administración de Mercasevilla la convocatoria de un concurso público.

De los 23 miembros del consejo de administración del Mercado central, hay seis consejeros imputados, tres de ellos que formaban parte a su vez de la comisión ejecutiva -Gonzalo Crespo, Domingo Enrique Castaño, y Antonio Rodrigo Torrijos- y los otros tres son el ex director general Fernando Mellet, el ex vicesecretario y ex asesor jurídico Jorge Piñero, y la funcionaria de Urbanismo María Victoria Bustamante. Precisamente el abogado de esta funcionaria, José María Calero, cuestionó al inicio de la investigación que los hechos investigados por la juez constituyesen un delito, ya que, según el razonamiento del defensor, "o no es delito o hay que imputar a 200 personas", en alusión a que los acuerdos fueron en su día aprobados por unanimidad por el consejo de administración y la junta general de accionistas de Mercasevilla, así como por el Pleno del Ayuntamiento.