Algunos certificados ya han servido para parar derribos

El primer Ayuntamiento sevillano que aprobó su avance de planeamiento de edificaciones sobre suelo rústico fue Arahal, que ha emitido unos 40 certificados de Asimilado al régimen de Fuera de Ordenación (AFO) en viviendas aisladas, algunos de los cuales se han esgrimido en procesos judiciales. Según el concejal de Urbanismo, Juan Antonio Cabrera, en al menos cuatro casos han servido para que distintos jueces paralizasen órdenes de demolición en vía penal, aunque han seguido adelante las penas de cárcel, inferiores a dos años y que no han implicado entrada en prisión, y las multas.

Una vez que se modifique el artículo 185 de la LOUA y prescriban también en algunos casos las segregaciones de suelo sobre los que se levantan viviendas que ya no pueden sancionarse, estiman que esas solicitudes de AFO se podrían multiplicar hasta por 20. Ahora, la infracción de la construcción prescribe a los seis años, pero, desde 2002 cuando entró en vigor la ley, no lo hace la parcelación ilegal del suelo: la división y venta sin licencia.

En el caso de Arahal, la mayoría de las construcciones ilegales que existen son posteriores a la LOUA, del año 2002, porque se produjeron durante los años del boom económico y urbanístico. El certificado AFO permite ya inscribir en los registros las construcciones y acceder a licencias de conservación o mantenimiento o, en su caso, contratar suministros básicos.

Cabrera destaca que, a la vez que están intentando "exprimir" las posibilidades que da la ley para regular lo que hay, están siendo también severos en la inspección y en la apertura de expedientes cuando se detecta algún intento de construcción ilegal. En este sentido, la LOUA también instaba a elaborar planes específicos de inspección. Todo ello, teniendo en cuenta que, hasta el año 2006 ó 2007 puede que hubiera falta de información, en parte porque a veces desde los propios ayuntamientos, por falta de medios o por evitarse problemas, se dejaba hacer. Ahora, el edil considera que, después de lo ocurrido y el esfuerzo que están haciendo por informar, no debe haber dudas.

En lo que respecta a Carmona, desde el Ayuntamiento se destaca que el número de AFO que han podido dar es insignificante. En este sentido, el edil Alberto Sanromán explica que, al margen de las urbanizaciones, tienen construcciones aisladas en suelo rústico que podría acogerse al mismo pero que se usan como granjas y el AFO no permite regularizar la actividad, que requiere de obras de modernización o para reducir el impacto ambiental de la misma que no son posibles. Con el AFO sólo se permiten ahora obras de mantenimiento y conservación de lo que hay. El Ayuntamiento ha pedido también cambios en ese aspecto.

En Osuna, otro de los municipios que tienen aprobado su avance y los asentamientos ya incorporados al PGOU, Juan Antonio Jiménez Pinto, concejal de Urbanismo, destaca que también se han dado pocos AFO. Aunque, a diferencia de Arahal, las segregaciones de suelo donde se alzan viviendas sí están prescritas aquí, porque son anteriores al año 1975 en su mayoría, el Registro de la propiedad no las admite porque la delimitación de donde empiezan y donde acaban no está clara. Tienen previsto reunirse con el Registro para abordar el problema. En total, se habrán concedido unos diez certificados y hay algunos más en trámite.

La crisis, según apunta el concejal, está frenando además que se pidan con más frecuencia. De media y según las tasas que han ido aprobado los municipios que han avanzado en el decreto, regularizar con un certificado de este tipo una construcción valorada en 60.000 euros puede suponer unos 1.800 sólo en impuestos y tasas que se deben pagar al Consistorio. A ello hay que sumar el coste de los proyectos técnicos o los gastos de registro y notaría. Ello hace que muchos afectados no inicien el proceso si no es acuciados por alguna denuncia.

En cuanto a los asentamientos incorporados al PGOU en Osuna, falta el último impulso para la regularización. Pero, teniendo en cuenta que, a diferencias de otras zonas, son en su mayoría segundas residencias y que la gente tiene poco dinero u otras prioridades en estos momentos de crisis, no parece que vaya a ocurrir a corto ni medio plazo.