El centro municipal San Fernando en Sevilla, otra obra que acaba en el Consultivo

El Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por José Luis Sanz, ha iniciado un procedimiento administrativo para rescindir el contrato de las obras de la reforma integral del Centro Municipal San Fernando, debido al "retraso injustificado y demora" por parte de la empresa adjudicataria Insae Infraestructura S.A., a la hora de cumplir los trabajos en el plazo acordado por ambas partes.

Según el acuerdo adoptado el pasado viernes por la junta de gobierno del Consistorio sevillano y recogido por Europa Press, el contrato se formalizó con fecha del 19 de diciembre de 2023, con un importe de 1.549.038,78 euros, sin incluir el IVA. Contaba con un plazo de ejecución de ocho meses desde el día siguiente a la firma del acta de inicio.

En este sentido, la Dirección Facultativa de la Obra (DFO), correspondiente a la empresa Modulor Soluciones Arquitectónicas S.L.P., emitió un informe el 26 de septiembre de este año, en el que plantea que "la obra se encuentra totalmente paralizada y abandonada desde al menos el 12 de julio, sin ningún operario trabajando en la misma con un retraso de cuatro meses". La empresa alegaba que "el edificio se encontraba sin desalojar de mobiliario y enseres por parte del Ayuntamiento"; si bien la DFO propuso "desestimar las alegaciones formuladas".

Paralización desestimada

La junta de gobierno celebrada el 27 de septiembre acordó "desestimar la solicitud de paralización temporal de las obras y el retraso de la fecha de finalización de la obra que ello conlleva formulado por la empresa adjudicataria, que supera un tercio del plazo de duración inicial del contrato".

El Ayuntamiento ha resuelto, así, la rescisión del contrato debido al "retraso injustificado y demora" por parte de la empresa adjudicataria Insae Infraestructura. La medida implica, además, "la obligación de indemnizar al Ayuntamiento por los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia del incumplimiento del contrato".

La oposición del contratista

En el acuerdo adoptado el pasado viernes por la junta local de gobierno figura que "constando oposición del contratista con los dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), procede solicitar dictamen al Consejo Consultivo de Andalucía, tras emitir informes el Servicio de Edificios Municipales, la Secretaría General y la Intervención General".

También ha sido acordado, en consecuencia, "suspender el plazo para resolver el procedimiento de resolución del contrario, al solicitarse el dictamen preceptivo al Consejo Consultivo, por el tiempo que medie entre la petición y la recepción del informe; debiendo notificarse el plazo a los interesados".