Tribuna de Opinión
La decana de las grúas del Puerto de Sevilla
Carlos C.C., el joven detenido por un delito de atentado a la autoridad durante el desalojo de la Corrala Utopía, ha aceptado la condena de un año de cárcel, una multa de 120 euros por una falta de lesiones y una indemnización de 200 euros por este mismo concepto. La causa tramitada en un juzgado de lo Penal de Sevilla ha sido resuelta por conformidad, de modo que el juicio no ha llegado a celebrarse. El abogado del joven explicó ayer que la condena queda, no obstante, suspendida durante dos años.
Distinto es el caso de José Luis G., quien fue arrestado después, durante las movilizaciones posteriores al desalojo, cuando las familias y sus partidarios intentaron encerrarse en la Catedral. Este joven se negó a abandonar el templo como le ordenaron los agentes de la Policía Nacional y por ello se enfrenta ahora a una petición de condena de un año y seis meses de cárcel, así como una multa de 1.500 euros, por un presunto delito de desobediencia. José Luis G. no se ha conformado con la pena y el juzgado penal 12 celebrará la vista contra él el día 9 de abril de 2015, ya que ayer faltaron unos testigos que su defensa considera necesarios. En el juicio, que se ha aplazado, la Fiscalía solicitará para él una condena de 18 meses de cárcel por atentado a la autoridad.
El desalojo de la Corrala Utopía fue consumado de manera pacífica el pasado 6 de abril mediante un amplio despliegue policial, que concluyó con la expulsión de las familias que habitaban estas viviendas sin título alguno. En esta actuación sólo hubo incidentes en las protestas posteriores al desalojo, cuando los agentes arrestaron a Carlos C.C.; y después a José Luis, durante el intento protagonizado por este colectivo para organizar un encierro en el interior de la Catedral de Sevilla. De este modo terminó la historia de la Corrala Utopía, tras casi dos años de ocupación en un edificio que se había convertido en un símbolo de la crisis inmobiliaria y de la lucha contra los desahucios en España. Diarios como el New York Times o cadenas de televisión como Al Jazeera se hicieron eco de lo que ocurrió en unos bloques terminados y vacíos desde hace años en el que un grupo de familias necesitadas vio una oportunidad de tener una vivienda digna.
Los miembros de Corrala Utopía acamparon, tras el desalojo, en la Plaza Nueva en demanda de soluciones a su situación, tras lo cual la Consejería de Fomento y Vivienda, dirigida por IU-CA, entregó viviendas públicas a nueve de estas personas, a modo de realojo provisional, y anunció el mismo extremo para otras ocho personas. Estos últimos realojos provisionales, no obstante, han quedado paralizados tras el conflicto desencadenado en el seno del gobierno de coalición que une a PSOE e IU-CA en la Junta de Andalucía, ante la polémica suscitada por la entrega directa de las citadas viviendas protegidas a nueve de los miembros de este colectivo.
El destino de este colectivo de personas está sujeto a una nueva evaluación de su situación socioeconómica, que corresponde a los servicios sociales del Ayuntamiento.
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