La burbuja de las procesiones en Sevilla amenaza a las arcas municipales

Sevilla afronta una recta final de año con 52 procesiones previstas, toda una burbuja de cortejos extraordinarios que sólo podrán salir adelante con un gasto elevado de dinero público, el que hará falta para pagar las productividades de los policías locales y demás personal necesario para establecer los dispositivos de seguridad y de cortes de tráfico. A día de hoy, todavía no se ha diseñado el plan policial para la procesión magna del próximo 8 de diciembre, la jornada marcada en todos los calendarios cofrades, en la que coincidirán en las calles de Sevilla el Gran Poder, la Macarena, el Cachorro y la Esperanza de Triana. A esto hay que sumarle la coronación de la Piedad del Baratillo, el 25 aniversario de la de la Estrella o el centenario de los Estudiantes, entre otras muchas salidas, incluidas las de las hermandades de gloria, que procesionan cada año a partir de septiembre.

La plantilla de la Policía Local de Sevilla es corta, en torno a mil efectivos, y es imposible cubrir estos eventos, que se esperan multitudinarios, con la dotación prevista en el turno ordinario de fin de semana. Eso obliga a reforzar los cuadrantes con agentes que cobran horas extras o productividades. El problema es que en los últimos años se han reproducido los eventos de todo tipo en la ciudad, como las pruebas deportivas, los conciertos o los heraldos en Navidad. Las procesiones no han sido ajenas a esta forma masiva de vivir la calle, que se ha acentuado a raíz de la pandemia. Prueba de ello es el otoño frenético cofradiero que se espera para este 2024. Pero además, se han multiplicado las cruces de mayo, los corpus y demás cortejos que requieren presencia policial. Por ejemplo, una cruz de mayo de una hermandad cualquiera puede requerir un mínimo de ocho policías cortando el tráfico.

Para poder dar servicio a esto, el Ayuntamiento tendrá que incrementar, una vez más, el gasto destinado a pagar las productividades de la Policía Local. Tras la crisis previa a la Vuelta Ciclista a España, el gobierno local pactó con el sindicato mayoritario de la Policía Local, el Sppme, modificar una partida presupuestaria para incrementar el gasto por este concepto, que superará por primera vez en la historia los 20 millones de euros. El presupuesto de 2023, que se prorrogó este año por falta de acuerdo con la oposición, consignó una cantidad de 3,8 millones para esta cuestión. Es decir, el gasto real quintuplicará el previsto.

Este ingente y creciente gasto en horas extraordinarias conduce a la larga a la bancarrota del Ayuntamiento. Bancarrota en sentido figurado, obvio, no va a quebrar el Ayuntamiento por pagarle horas extras a los policías locales, pero sí que se van a ver recortadas necesariamente otras inversiones municipales muy necesarias para la ciudad. Hay otro problema añadido. La propia Jefatura de la Policía Local se está encontrando en ocasiones con dificultades para poder cuadrar los turnos, incluso con productividades. Los agentes acaban de cobrar los atrasos de la Semana Santa y la Feria y no todos quieren seguir trabajando todos los fines de semana. Cierto es que el agente que sale a trabajar fuera de su turno cobra unos 400 euros por fin de semana, pero cuando las necesidades económicas están ya cubiertas, son muchos los que prefieren pasar los sábados y domingos con sus familias. Además, ya el año pasado, muchos de ellos tuvieron que hacer una declaración de la renta complementaria y pagar a Hacienda cantidades muy elevadas.

La solución para evitar este despilfarro de dinero público pasa por dos medidas, una a largo plazo y otra a corto. La primera es, obviamente, incrementar la plantilla. La actual es corta y cada vez más envejecida, y la Policía Local de Sevilla se ha visto mermada desde la entrada en vigor de la jubilación a los 59 años. El Ayuntamiento ya ha anunciado que quiere crear un centenar de plazas antes de que acabe el año, pero este es un proceso complejo que requiere de tiempo hasta que los agentes se incorporen. Poco ayuda que el concejal de Seguridad, Ignacio Flores, se acoja a la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) como la solución a todos los males del cuerpo. A día de hoy, la RPT es un proyecto como mínimo a diez años, algo que el concejal no dice pero que sí figura en el documento elaborado por el jefe de la Policía Local, Antonio Luis Moreno. Supone reforzar la Policía con más de 800 agentes y la creación de nuevas unidades, en un proyecto muy ambicioso pero que ahora mismo es sólo un papel y está muy lejos de materializarse.

A corto plazo, el Ayuntamiento puede tomar otras dos medidas, pero para ambas hay que tener una valentía de la que los dirigentes locales (no sólo José Luis Sanz, sino también sus predecesores) adolecen. La primera es impedir el evento. El Consistorio ya lo hizo en Halloween del año pasado con el apocalipsis zombie previsto para esa noche, que en los últimos tiempos se ha convertido en la más peligrosa del año. El gobierno local adujo que la única empresa que optaba a la licitación de este evento no podía cumplir con los requisitos exigidos en el pleno de condiciones, sobre todo en cuanto a la seguridad.

Y también lo hizo con un evento religioso, y también en noviembre de 2023, aunque no afectaba a una hermandad de Sevilla capital sino a una de Dos Hermanas, la Virgen de Valme. La hermandad nazarena pretendía realizar una segunda procesión desde la Catedral hasta el Ayuntamiento para llevar allí la Virgen en señal de respeto y agradecimiento a la ciudad. El día antes había salido en otro cortejo por las inmediaciones del templo metropolitano. Pero el Consistorio de la capital andaluza impidió esta segunda salida. En una comunicación dirigida al hermano mayor de Valme, el Ayuntamiento de Sevilla recordaba que ese fin de semana eran muchos los eventos que se celebraban en la ciudad y no había policías suficientes para garantizar la seguridad durante este traslado.

La segunda solución está contemplada en las ordenanzas fiscales y sólo tendría que aplicarse, si bien es cierto que este asunto tiene ciertos matices. Dichas ordenanzas incluyen una serie de tarifas por la utilización de medios policiales para eventos privados, que en teoría sean con ánimo de lucro. Las cofradías pueden alegar que no tienen ánimo de lucro sino que son una manifestación religiosa o un acto público de demostración de fe, pero lo cierto es que 52 procesiones en tres meses, a razón de un cortejo cada dos días, es un exceso se mire por donde se mire. El Ayuntamiento de Sevilla cobra 145 euros por hora por el uso de un patrullero de la Policía Local, más otros 60 por cada coche adicional. En el caso de las motos, son 115 euros por hora, y 30 por cada moto adicional. Estas tarifas, por el momento, no se le han aplicado nunca a las hermandades.

No son ninguna excepción, porque tampoco se le cobra a la Liga o a los clubes sevillanos nada por los dispositivos de seguridad de los partidos de fútbol. Esta es una vieja reivindicación de los sindicatos de la Policía Nacional, que entienden que el dinero que perciben los agentes que cubren la seguridad del fútbol no debería partir de las arcas públicas, pues son eventos privados, en los que el lucro es más que evidente. No se cobra habitualmente a las competiciones deportivas, a pesar de que los corredores generalmente pagan sus inscripciones, y tampoco se les requiere a los conciertos porque se entiende que suponen una promoción de la ciudad o que son eventos que dejan beneficios económicos en ella. El gobierno de Juan Ignacio Zoido, en el año 2012, ya intentó cobrar por la presencia policial a las hermandades de gloria, pero se topó con la oposición del Consejo de Cofradías. Doce años después, el asunto merece al menos una reflexión.