La fallida biblioteca del Prado: las razones que obligaron a la US a demoler la obra

Este jueves conocimos la condena a la Universidad de Sevilla para que devuelva la subvención de 16,4 millones que recibió de la Junta para la biblioteca central, que empezó a construir en el Prado, tuvo que demolerla y finalmente la levantó en Eritaña. Es preciso recordar los motivos por los que esta obra tuvo que destruirse.

La Justicia ha dado la razón un año tras otro a los vecinos del Prado que denunciaron la construcción de la biblioteca central de la Universidad en 9.000 metros cuadrados de los jardines del Prado. Lideraron las demandas judiciales tres ingenieros y un físico: los ingenieros industriales Emilio García y Eduardo Martínez Pérez, el ingeniero naval Javier Arístegui y el físico José Miguel González Cruz. Estos cuatro quijotes han sido acusados de todo por defender que no se tocara una zona verde.

Los jueces han señalado siempre que no se podía cambiar la calificación de una zona verde consolidada en el centro de la ciudad para cercenarla, si había otros suelos alternativos para levantar ese equipamiento y que el plan especial de protección del Prado (1994) tampoco lo permitía. En suma, que no estaba justificada la actuación de la Universidad, aprobada por el Ayuntamiento de Sevilla con un cambio de calificación del suelo, y luego avalada por la Junta.

Los protagonistas de este episodio nada sostenible fueron Antonio Ramírez de Arellano (actual diputado del PSOE) cuando era vicerrector de Infraestructuras de la Hispalense, encargado específicamente de esta obra, y Manuel Marchena (actualmente presidente de AGA, la Asociación de Empresas Gestoras de Servicios de Agua Urbana) cuando era gerente de Urbanismo en el Ayuntamiento de Sevilla en el mandato de Monteseirín.

Marchena no ha tenido nunca empacho en lamentar públicamente que lo que más le ha dolido de sus años en el Ayuntamiento ha sido la demolición del proyecto de Zaha Hadid por orden judicial.

Así pues, la defensa del medio ambiente ha prevalecido por encima de otros criterios porque la Universidad admitió que, en efecto, tenía otros suelos alternativos, como así lo demostró cuando se llevó la Biblioteca a Eritaña, donde se construyó tras demoler la construcción iniciada en el Prado.

La Justicia ha defendido igualmente la protesta de los vecinos de que se eliminara una parte de estos jardines con lo que costó que estos suelos fueran calificados como zona verde para preservarlos de la especulación en el mandato de Soledad Becerril, en coalición con Alejandro Rojas-Marcos. Los jardines se construyeron gracias a fondos europeos.