Los bares cerrados obviaron los avisos de la Policía un día antes

La Policía Local realizó, entre la noche del jueves y la tarde del domingo, 117 inspecciones a bares de copas en el Arenal, la Alameda, el Paseo de Colón, Reyes Católicos y la calle Julio César. De ellas resultaron 37 partes de denuncia que derivaron en 12 precintos llevados a cabo entre el viernes y el sábado, como viene informando Diario de Sevilla desde el domingo. El Ayuntamiento se defiende con estos datos de las críticas recibidas por parte del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) que denunció ayer "presiones" a los agentes para que precintaran de manera directa los bares de copas que no cumplen las normas en lugar de realizar un "trabajo persuasivo" dejando la clausura como última opción.

El Ayuntamiento facilitó los datos de las actuaciones llevadas a cabo durante el pasado fin de semana para dar a conocer ese trabajo previo que llevaría a la clausura del local. En concreto, en la noche del jueves al viernes se inspeccionaron 55 establecimientos en las zonas antes citadas y se interpusieron 27 denuncias por diferentes deficiencias o incumplir la normativa. Los seis bares clausurados en la noche del viernes en el barrio del Arenal estarían entre los inspeccionados el jueves. Al volver los agentes al día siguiente y ver que seguían incumpliendo la normativa se procedió al cierre toda vez que fueron advertidos con anterioridad.

Fuentes municipales aseguraron a este periódico que los establecimientos precintados, que fueron 12 en total, seis en el Arenal, cinco en la Alameda y uno en la calle Julio César, cuentan con un importante historial de incumplimientos y toda clase de denuncias anteriores, en algunos casos con muchos años de antigüedad. Uno de ellos, situado en la calle Arfe, contaría con 54 actuaciones desde el año 2006, 17 de ellas en el último año, y nueve denuncias en los dos últimos años. Otro de los clausurados en la Alameda también tendría 16 denuncia interpuestas en los últimos 10 años, cinco de ellas entre 2013 y 2014. Según el Ayuntamiento ésta sería la tónica general entre los establecimientos precintados, descartando que se actúe por impulsos.

Como ejemplo de las actuaciones realizadas ponen un bar de la calle Arfe que fue denunciado el jueves por tener instalados elementos musicales, disponer de huecos hacia el exterior y permitir el consumo de alcohol en la calle. El viernes se procedió al precinto al comprobar los agentes que no se habían subsanado las irregularidades encontradas. Desde el Ayuntamiento también aseguran que se visitaron muchos otros locales en los que no se actuó al no observarse deficiencias o incumplimiento de normativas, muchos de ellos en el Arenal, la Alameda de Hércules o el Paseo Colón.

El delegado de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento, Juan Bueno, recordó en un comunicado la responsabilidad que ha adquirido el Consistorio con los vecinos para acabar con las molestias de la movida, un compromiso que ha llegado después de que los residentes hayan denunciado en reiteradas ocasiones el infierno que viven en muchos casos, amenazando incluso con denunciar al alcalde ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo por no hacer cumplir una sentencia firme del TSJA: "El Ayuntamiento tiene un compromiso con los vecinos de zonas afectadas por la movida, que nos piden que actuemos para hacer cumplir las normas. No podemos hacer caso omiso al incumplimiento de leyes y ordenanzas, ni con el botellón ni con los bares. Es necesario buscar el equilibrio entre el ocio, el negocio y el descanso y en eso estamos trabajando. Si hay locales que incumplen las normas y venden alcohol para su consumo fuera del establecimiento no podemos mirar para otro lado. Y si tras varias denuncias son reincidentes hay que tomar medidas".

El sindicato de la Policía Local en un comunicado afirmó que muchos agentes "se han quejado al sindicato por las presiones recibidas para que directamente precinten los locales que incumplan la normativa, sin darles la oportunidad de solucionar las posibles infracciones que están cometiendo". El Sppme también expuso que "llama mucho la atención que durante el resto del año se haya hecho un control discreto y que ahora, con la llegada de las navidades, se haya emprendido una campaña de inspección que está derivando en el precinto de muchos bares que en esta época del año aumentan sus ventas, motivo por el que también contratan a más personal, con el perjuicio que se está ocasionando".

Bueno respondió al sindicato asegurando que el gobierno actúa tras reunirse con los vecinos que les reclaman soluciones y apoyado en las denuncias que se reciben: "Nos sorprende la postura del Sppme, entendemos que no es necesario presionar a los policías para que hagan su trabajo, que es hacer cumplir las normas, y estamos seguros de su profesionalidad y del rigor que están aplicando en velar por el cumplimiento de las mismas. Nosotros confiamos 100% en el trabajo que han hecho los policías, pero si este sindicato tiene información sobre lo contrario le invito a interponer la correspondiente denuncia".

La organización de consumidores Facua también ha pedido explicaciones al Ayuntamiento ante un posible "cierre arbitrario y autoritario", como explicó su portavoz, Rubén Sánchez, a este periódico: "Algunos dueños de establecimientos se ha dirigido a nosotros preguntando por una posible arbitrariedad o por la normas en las que se habría basado el Ayuntamiento. La ordenanza de Ruidos dice que para cerrar un establecimiento debe existir un acuerdo motivado. En alguno de los locales la clausura se habría producido sin este requisito indispensable. El Ayuntamiento debe explicar cuál ha sido el procedimiento porque sino sería arbitrario y autoritario. Zoido podría haber incumplido su propia normativa u los empresarios podrían reclamar daños y perjuicios si así fuera".

Por otra parte, en la tarde de ayer se produjo una reunión entre los propietarios de bares de diversas zonas de la ciudad, muchos de ellos afectados por los cierres de este fin de semana, para analizar la situación y ver cómo actuar. Uno de ellos, explicó a este periódico que lo primero que harán será contactar con un abogado y ver si se agrupan en una plataforma.