El Ayuntamiento de Sevilla podrá intervenir en el registro andaluz de pisos turísticos

Los pisos turísticos se han convertido en uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los ayuntamientos los últimos años. Diversos factores provocan su proliferación. Entre ellos, no debe olvidarse la falta de coordinación existente entre administraciones con competencia en la materia. Es lo que le ocurre a la Junta de Andalucía y al Consistorio hispalense, un problema al que ahora se pretende poner fin a través de un convenio que obliga al traspaso continuo de información entre ambos gobiernos. También permitirá que los datos del registro autonómico de viviendas de uso turístico (VUT) sean susceptibles de cambiarse por las restricciones municipales, lo que a la postre suponer dotar de margen de actuación al Ayuntamiento en este cómputo oficial. Se responde, así, a una de las principales demandas del gobierno local en este ámbito.

Se han convertido en un quebradero de cabeza para los últimos alcaldes. Ponerle freno a las VUT no es nada fácil para un tipo de alojamiento que nació aprovechando las lagunas legales existentes en dicho actividad. El Registro Turístico de Andalucía (RTA) es el único documento que avala que una vivienda pueda destinarse a tal fin. Un listado que resulta demasiado inamovible para muchos ayuntamientos, que solicitan tener cierto margen de decisión sobre la inclusión de los inmuebles que alojan visitantes temporales.

En tal situación se encuentra desde hace años Sevilla. Después de un tiempo más que prudencial, el Ayuntamiento y la Consejería de Turismo han firmado un convenio que permitirá mayor coordinación entre ambas administraciones a la hora de controlar los polémicos pisos turísticos, que tanto malestar causan ya entre los ciudadanos. El acuerdo -suscrito por el alcalde José Luis Sanz y el consejero Arturo Bernal- parte del reconocimiento de la gran proliferación de VUT, motivo por el cual se establecen una serie de obligaciones para el gobierno local y autonómico con el fin de ponerles freno.

Las obligaciones de la Junta

La Junta, en este sentido, se compromete a un intercambio constante de información sobre los pisos turísticos existentes en la ciudad, muy especialmente de "las resoluciones o actos de inscripción en el RTA". En un plano más concreto, la Delegación territorial de Turismo habrá de comunicar los cambios de titularidad en la explotación de las VUT, así como las cancelaciones de inscripciones en el referido registro. Para una mayor agilidad en la transmisión de los datos, se hará uso del Sistema de Notificaciones Telemáticas Notific@. Para los dos supuestos mencionados -cambios de titularidad y cancelaciones-, la información se remitirá en los cinco días hábiles desde que se notifica la resolución. Se persigue con ello disponer de una información lo más actualizada posible.

Respecto a la administración local, está obligada a poner en conocimiento de Turismo "cualquier limitación o modificación que el Ayuntamiento, por razón imperiosa de interés general, haya establecido en lo que respecta al número máximo de VUT por edificio, sector, ámbito, periodos, área o zona". De igual modo, deberá informar de "la superficie mínima construida que en su caso exija el planeamiento urbanístico para las viviendas de uso turístico" y de "los instrumentos de planeamiento urbanístico o las ordenanzas municipales vigentes que afecten a los usos del suelo permitidos en las VUT".

Incompatibilidad con el RTA

En el capítulo de obligaciones municipales cabe descatar con especial incidencia en el RTA. Por un lado, siguienda esta línea de continua comunicación, tanto la Delegación municipal de Turismo como la de Urbanismo, han de avisar de aquellos pisos turísticos que, pese a estar inscritos en el registro andaluz, "no resulten compatibles [...] de conformidad con la planificación u ordenación urbanística aplicable". Esto supone dar cierto margen de decisión a la administración local en la configuración de este listado. Una oportunidad que se amplía en otro requisito, el que concierne a las denuncias de estos inmuebles. El convenio faculta al Ayuntamiento a trasladar a Turismo los incumplimientos de la normativa autonómica que regula la explotación de las VUT, para que se proceda a su inspección. Especial incidencia se hace en el aviso de alojamientos clandestinos que presten tal servicio.

El convenio incluye la creación de una comisión de seguimiento, formada por siete personas, que representarán de forma equitativa a la Junta y el Ayuntamiento. Todos vinculados a las áreas de Turismo y Urbanismo. Deberán velar por el desarrollo correcto del acuerdo, que tiene una vigencia cuatro años, prorrogable a otros cuatro más.

El apoyo de Vox en la regulación

La firma del convenio supone uno de los primeros pactos entre el gobierno de Juanma Moreno y el de Sanz, que, pese a ser del mismo signo político, habían manifestado sus desacuerdos en otros asuntos de este ámbito, como la tasa turística. El acuerdo llega, además, después de que el regidor hispalense haya logrado el apoyo de Vox para regular los pisos turíticos en la ciudad. Este tipo de vivienda contará ahora un límite del 10% en el parque inmobiliario de todos los barrios de la ciudad, porcentaje que para todos los grupos políticos de la oposición resulta demasiado alto. Así lo expresó en verano el partido de Santiago Abascal, que acepta ahora la propuesta de los populares con la condición de que se elabore otro informe que replantee tal cantidad.

Otro de los requisitos del grupo municipal liderado por Cristina Peláez se basa en la petición a la Junta de un nuevo decreto para este sector, con el fin de otorgar mayores competencias municipales a la hora de regular las VUT.

A este fin responde, de cierta forma, el convenio firmado con la Consejería de Turismo, que facilita la coordinación entre las dos administraciones y que las restricciones locales tengan cabida en las inscripciones en el registro oficial de los pisos turísticos. En los próximos meses se comprobará si los acuerdos con el gobierno de Juanma Moreno y Vox dan sus frutos en un asunto que se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los sevillanos.