El Ayuntamiento de Sevilla insta a la Junta a controlar la inscripción de Viviendas Turísticas

El Ayuntamiento de Sevilla ha pedido a la Junta de Andalucía que borre del Registro oficial un total de 715 Viviendas de Uso Turístico (VUT) que fueron inscritas con posterioridad a la modificación puntual 44 del PGOU, que entró en vigor el pasado 7 de junio de 2022. Según este cambio, las VUT deben considerarse de uso terciario, y como tal, estarán sometidas a las limitaciones que para su implantación establece el artículo 6.2.4 de la normativa urbanística. Por tanto, sólo podrán instalarse en plantas bajas y primera, por lo que no cumplen con el PGOU. Pese a ello, la consejería de Turismo, Cultura y Deportes las ha incluido en el Registro de Turismo de Andalucía (RTA). En el informe elaborado, el gerente de Urbanismo, Fernando Vázquez, insta a la Administración Autonómica a que "ejecuten el correspondiente control posterior de las mismas, al objeto de que las desclasifique en el RTA, y de esta manera, no puedan operar como VUT en la ciudad de Sevilla".

"Sevilla se convierte en la primera ciudad andaluza en utilizar el nuevo decreto autonómico que admite descalificar todas las viviendas de uso turístico que no estén adaptadas a la normativa urbanística", ha señalado el Consistorio en una nota de prensa. De las 715 viviendas que están operando sin cumplir los requisitos, dos de cada tres están en el Casco Antiguo y en Triana. "Esta solicitud forma parte de las medidas de control, disciplina y reducción de viviendas de uso turístico implementadas por el gobierno y que se les ha trasladado a los grupos municipales en la reunión mantenida este lunes", abunda la nota.

En esta misma reunión se les ha presentado el informe jurídico que avala la inviabilidad de una moratoria. Según la dirección técnica "los muinicipios no tienen postestad alguna de intervención" en el decreto que regula la organización y funcionamiento del Registro de Turismo de Andalucía. Es decir, "no pueden ejercer ninguna función tramitadora sobre el mismo". El informe añade que en base al artículo 2.2 de esta normativa, "el Ayuntamiento de Sevilla tampoco puede establecer moratoria alguna".

Como ha señalado el delegado de Urbanismo, Juan De la Rosa, “hemos pedido a la oposición responsabilidad y altura de miras para aprobar de una vez el documento que permitirá a la ciudad limitar las viviendas de uso turístico. Pedimos a la oposición que no se aferre a un mero mercadeo de porcentajes que no son más que propuestas arbitrarias no sustentadas en informes técnicos que abren la puerta a una grave inseguridad jurídica. La ciudad no puede perder más tiempo y desde el gobierno vamos a seguir impulsando medidas de control, inspección y reducción de pisos turísticos”.

“Hemos quedado emplazados a una próxima reunión y pedimos a la oposición que valore apoyar el documento de limitación de viviendas de uso turístico que presentamos y que incluye además una revisión periódica de los porcentajes siempre y cuando sean avalados por informes técnicos”, ha concluido.

Otras medidas de control

Mientras tanto, de la Rosa ha explicado que el Ayuntamiento seguirá poniendo en marcha medidas que permitan incrementar el control y la reducción de viviendas de uso turístico. La primera de estas medidas implementadas por el gobierno local para regular y controlar los pisos turísticos ha sido esta solicitud a la Junta de Andalucía para que descalifique las viviendas de uso turístico inscritas con posterioridad marzo de 2022 que no se ajustan a la modificación 44 del PGOU. También se ha puesto en marcha un sistema para detectar viviendas de uso turístico ilegales a través del cruce de datos de inspección con la Consejería de Turismo y aplicar también la disciplina urbanística en colaboración con la Junta. Otra de las medidas es la apertura de un canal de denuncias con el Colegio de Administradores de Fincas y la puesta en marcha de un Plan de Inspección con Policía Local y Adscrita sobre viviendas turísticas ilegales así como de un Plan de vigilancia e inspección con policía local sobre viviendas legales molestas y sobre actividades complementarias en vía pública. El Gobierno local aplicará también medidas disciplinarias en colaboración con Emasesa así como un incremento en IBI, tasas de basura y precio del agua. Se incrementará además la coordinación con otros servicios municipales en la Mesa de Establecimientos Ilegales y se asignarán inspectores de la Gerencia de Urbanismo a las inspecciones de las viviendas de uso turístico con un plan específico. Por último, se creará un bloque específico en el orden día del consejo de gobierno de la Gerencia de Urbanismo para inspección, disciplina y medidas coercitivas y sancionadas para las viviendas de uso turístico.