El Ayuntamiento de Sevilla busca ocupaciones en 844 viviendas antes de cederlas a Emvisesa

El Ayuntamiento de Sevilla ha emprendido un “diagnóstico jurídico y patrimonial” de 844 viviendas municipales adscritas a la Corporación, previo a su transferencia a la Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento (Emvisesa), al objeto de revisar y verificar su situación ante la posibilidad o no de que la misma incurra en algún tipo de “irregularidad” administrativa que dificulte su gestión.

En el pliego técnico que regula el primer concurso público de este procedimiento se detalla que el Ayuntamiento “es titular en la actualidad de un parque público de viviendas en régimen de alquiler o similar”, compuesto por más de 800 viviendas “de naturaleza patrimonial, repartidas por todo el término municipal, las cuales son gestionadas por el Servicio de Patrimonio”.

“Muchos de los contratos que habilitaron el uso residencial de dichas viviendas datan de fechas que rondan 30 o 40 años hasta llegar a la actual. De esta circunstancia se derivan diversas implicaciones que complican, o al menos dificultan, una adecuada gestión de las viviendas; actividades como subrogaciones no autorizadas, ocupaciones de viviendas sin título que lo habilite, etcétera”, expone el documento.

El pliego argumenta que “las mencionadas irregularidades dificultan notablemente adecuar y gestionar estas viviendas para alquileres de carácter social u otros servicios y dotaciones públicas”; con lo que está contratación está destinada al “establecimiento de las condiciones técnicas mínimas que regirán la contratación de los servicios y trabajos precisos para llevar a cabo la investigación, la comprobación, identificación, revisión, actualización y ordenación” de un primer lote de 179 viviendas municipales concretas, localizadas en calles como las de Regla Sanz, María Ortiz, Clara Jesús Montero, Manuel Arellano, Ardilla, Bernardo de Toro, Hermanas de la Cruz o madre San Marcelo.

Tal extremo, según el documento, “permitirá analizar la situación concreta en la que se encuentran las viviendas municipales desde el punto de vista jurídico-patrimonial” y “permitirá diseñar una estrategia que se plasmará en un documento (diagnóstico) el cual marcará la hoja de ruta”, de cara a una serie de objetivos.

Tales objetivos son, al detalle, el “conocimiento de la identidad de las viviendas y localización exacta de las mismas”, la recopilación de datos de las viviendas municipales obrantes en el Catastro y el Registro de la Propiedad; “acreditar, en su caso, la titularidad municipal de las viviendas”; recabar el conocimiento preciso de la situación jurídica y posesoria de la viviendas, “lo que permitirá la verificación de las viviendas ocupadas, a fin de que, en su caso, se incluyan dichas circunstancias en la documentación que posteriormente se remitirá a los servicios municipales”; y finalmente acometer “una valoración de las viviendas” en cuestión.

Según el Ayuntamiento, se trata de “un diagnóstico jurídico y patrimonial de estas viviendas para mejorar su gestión, un trabajo específico de campo que nunca se ha hecho hasta el momento y será fundamental para identificar la situación legal de estas viviendas”.