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La consulta sobre la duración de la Feria de Sevilla sigue dando que hablar. Si la semana pasada era el alcalde el que adelantaba que si el modelo de celebración corta no funcionaba pasaría al largo, ahora es Facua el que retoma las presuntas suplantaciones de identidad en el sondeo realizado el pasado abril para decidir su duración.
La Federación de Consumidores y Usuarios de Andalucía ha publicado este lunes un comunicado en el que asegura que el Ayuntamiento de Sevilla ha confirmado por escrito que dicha consulta permitía suplantar identidades, "aunque se niega a dar datos a los afectados". "El Consistorio rechaza aclarar a los sevillanos, víctimas de estas suplantaciones, qué líneas móviles se utilizaron para votar en su nombre", lamenta Facua.
La consulta, incluida en el programa electoral de José Luis Sanz en los comicios de 2023 (en los que se hizo con la Alcaldía hispalense), se celebró la semana después de la última edición de la Feria, que se había cerrado con gran éxito de público. Su modelo era el largo, de sábado a sábado, implantado en el primer mandato del socialista Juan Espadas a través también de otra encuesta. En la actual volvía a preguntarse a los participantes si optaban por esta duración o por la corta, de lunes a domingo. Finalmente ganó esta última opción, aunque por un muy estrecho margen de votos.
Para Facua, esta consulta estuvo "plagada de irregularidades". "Cualquier persona que conociese el DNI y fecha de nacimiento de un empadronado en Sevilla podía suplantar su identidad y votar en su nombre, ya que el número de teléfono que se solicitaba únicamente servía para recibir el código sms, el cual permitía votar, siendo indiferente quién fuese el titular del mismo", lamenta la federación.
Tras la solicitud de información a través del portal de Transparencia Municipal, la respuesta dada por la jefa del Servicio de Coordinación Ejecutiva de Modernización y Transparencia, Raquel Barea Vázquez es la siguiente: "Si usted desea acceder al número del móvil donde se envió el código, sería necesario que nos suministrara el código SMS que se envió al móvil".
"No sólo se niega el dato relativo a la numeración móvil utilizada para votar en nombre de los suplantados, sino también cuál fue el sentido del voto. De igual manera, se rechaza aclarar qué día y a qué hora fue solicitado el código para participar en la votación", advierte Facua. La contestación municipal abunda -siempre según la federación- en que "para este tratamiento concreto, el número del teléfono móvil era un mero dato instrumental para recibir el token o código sms, para ejercer el voto y ello porque no era preciso que hiciera uso de su propio móvil para votar, ya que no cumplía función alguna de identificación personal y en ningún momento se comprobaba si el móvil al que se le enviaba el sms era o no propiedad de la persona".
Facua explica que cuando una víctima pregunta qué numeración móvil fue usada para votar en su nombre, la contestación que da el organismo es que, para facilitarle esa información, el afectado debe aclararle cuál fue el código sms que recibió esa línea para votar. ·Código que obviamente sólo poseen el titular de la línea usada para la usurpación de la identidad y el propio Ayuntamiento", aclara.
Para esta federación, con esta actitud se "vulnera" el derecho de acceso que tienen los usuarios a los datos personales objeto de tratamiento, el cual está reconocido por la Ley de Protección de Datos.
Cuando se puso en marcha la consulta, Facua Sevilla denunció varias irregularidades en el proceso de votación, por lo que exigió al Ayuntamiento su anulación. La asociación advirtió de fallos en la web que provocaron que "miles de sevillanos desistiesen de participar". Además, certificó digitalmente y ante notario que cualquier persona que conociese el DNI y la fecha de nacimiento de un sevillano podía suplantarlo y votar en su nombre.
También alertó de que el Ayuntamiento no tenía a su alcance ningún mecanismo para detectar los votos fake, ya que no puede acceder a la información sobre la titularidad de las líneas móviles, dato que solo está en poder de las compañías de telecomunicaciones.
Además, Facuta criticó que la web habilitada carecía de un apartado dedicado a la política de privacidad y protección de datos. Así, según la federación, se saltaba la obligación de informar a los usuarios de un mecanismo para ejercer los derechos de acceso, rectificación y supresión de sus datos.
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