El Ayuntamiento estudiará si permite la música en los veladores después del verano

La música puede volver a las terrazas, y hasta altas horas de la madrugada. La Junta aprobó este martes el decreto que regula las modalidades y condiciones de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de Andalucía, así como los horarios de apertura y cierre. El siguiente paso se sitúa en el tejado de los ayuntamientos, que tienen un plazo máximo de 18 meses para decidir cómo adaptar la nueva regulación a sus ordenanzas municipales.

Esta nueva medida permitirá que los establecimientos de hostelería puedan instalar equipos de reproducción, así como amplificación sonora o audiovisuales -música pregrabada, radio y televisión-, en espacios "fijos, cerrados y cubiertos", siempre que cumplan con los requisitos contra la contaminación acústica establecidos por cada municipio.

Pese a que aún no se ha analizado en profundidad la medida, el Ayuntamiento de Sevilla ha avanzado que se pretende "realizar un profundo análisis de la normativa municipal" para evaluar cómo se afronta la adaptación respetando el derecho al descanso de los vecinos. Para ello, según ha explicado a este medio Adolfo Fernández, director de Medio Ambiente, Parques y Jardines, esperarán a que se incorporen del periodo vacacional los jefes de servicio y funcionarios especializados del área para realizar la adaptación de la normativa con las máximas garantías.

Cada ayuntamiento debe decidir cómo y hasta qué punto adapta sus ordenanzas al decreto. El análisis previo al "desarrollo de la ordenanza correspondiente" deberá estudiar en profundidad el "encaje jurídico para las distintas medidas", explica el encargado de Medio Ambiente, área de la que dependen las ordenanzas relacionadas con los niveles de ruido.

Los vecinos, preocupados

"Tenemos la esperanza de que el Ayuntamiento tenga en cuenta las zonas de residencia". Así se ha expresado Lola Dávila, de la Plataforma por el Derecho al Descanso, en declaraciones a este diario al conocer el nuevo escenario normativo abierto por la Junta. Dávila confiesa que, ante los 18 meses de margen que tiene el Ayuntamiento para aplicar la nueva medida, se encuentran "preocupados pero pendientes".

Por su parte, el abogado especializado en Medio Ambiente Joaquín Herrera también ha considerado pronunciarse al respecto, destacando que esta medida no responde a una demanda vecinal, sino todo lo contrario, pues se aprecia que sólo apunta a los intereses del sector de la hostelería. Alega que el nuevo decreto "no preserva el respeto de precaución y cautela", al tiempo que puntualiza que "no ayuda a un desarrollo sostenible".

Herrera prevé que los ayuntamientos se encontrarán desbordados, en la medida en que todos los establecimientos solicitarán su derecho ante la nueva medida. Añade, además, que "va a provocar una gran inseguridad jurídica" ya que los vecinos se van a ver como "víctimas de su propia organización pública".

No obstante, pone el acento sobre los lugares considerados turísticos, ya que esta nueva medida es aún más indulgente con sus locales. "Hay que tener en cuenta que en esas localidades hay personas que trabajan y tienen derecho a su descanso", sentencia.

Alegato del Defensor del Pueblo

La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, también ha mostrado preocupación y discrepancia sobre algunas propuestas incluidas en este proyecto de regulación que, "de aprobarse en los términos en los que está contemplado el Decreto antes de pasar a información pública, puede suponer un riesgo para el disfrute de determinados derechos constitucionales".

En concreto, el Defensor advierte sobre las previsiones para una nueva autorización de emisión de música pregrabada y en vivo en locales y espacios públicos y privados, subrayando "las dificultades añadidas que puede conllevar para los municipios el efectivo control de las autorizaciones para la emisión de música".

Maeztu aconsejan "reflexionar sobre las consecuencias que pueden derivarse de la regulación propuesta", y apuntan que la reforma es "menos garantista para la protección real y efectiva de los derechos constitucionales de la ciudadanía que la actual normativa".

Asimismo, considera "excesivamente permisiva la posibilidad de que en los municipios turísticos los ayuntamientos puedan autorizar horarios especiales de cierre para los establecimientos de hostelería", porque "se debiera tener presente que en los 'municipios declarados turísticos' residen infinidad de personas que trabajan".

Por último, el Defensor del Pueblo solicita que "se efectúe una amplia difusión del plazo de información pública en el que se puedan formular alegaciones a la propuesta del nuevo decreto".