La autoridad perdida: El acoso en las aulas

Instituto Bajo Guadalquivir, en Lebrija. El lanzamiento de un trozo de madera por parte de un alumno de FP Básica a su tutor desencadena un clima de tensión en este centro de enseñanzas medias que ha acabado con la dimisión de la que ha sido hasta hace poco su directora. En Jerez, un profesor de Inglés ha convertido en viral esta semana la foto de su mano inflamada tras el golpe que le propinó un alumno. Una imagen que viene acompañada de un texto más que alarmante: "La violencia se ha hecho normal en las aulas". Estos dos incidentes han devuelto a la palestra informativa una realidad de la que llevan advirtiendo los docentes desde hace bastante tiempo: la pérdida de autoridad de estos profesionales, una merma en la que -según denuncian- no sólo ha influido el comportamiento de los alumnos, sino también, y de manera muy especial, la actitud de los padres y de los equipos directivos.

La Junta -administración que ostenta las competencias educativas- estableció hace años un protocolo de actuación para cuando surja alguna situación de acoso en las aulas, un fenómeno ante el que siempre ha evitado mostrar una postura alarmista, al alegar que el número de casos es muy reducido en el sistema de enseñanza andaluz. De hecho, el Observatorio para la Convivencia Escolar -órgano constituido en 2007- desvela en su último informe que el 98% del alumnado de esta comunidad "no comete faltas que afecten gravemente a la convivencia".

Los sindicatos, en este sentido, hace tiempo que tomaron ventaja para defender a los docentes ante una agresión. Uno de los que más ha destacado ha sido la ANPE, que en 2005 constituyó el servicio del Defensor del Profesor, que recibe al año las denuncias de los profesionales cuando se sienten acosados. Las cifras revelan que, lejos de disminuir, este fenómeno tiende a crecer.

A nivel nacional, en toda esta trayectoria destaca el curso 2009/10, cuando se llegó al mayor número de denuncias atendidas: 3.998. A partir de entonces comenzó una tendencia descendente que se ha interrumpido en el último informe, cuando de nuevo han saltado las alarmas. En el ámbito regional, Madrid es la comunidad que más casos registra al año, seguida -a gran distancia- de Galicia, Canarias y Murcia. Andalucía se encuentra en cuarta posición.

Por etapas educativas, Primaria y Secundaria están prácticamente empatadas en número de casos atendidos. Destaca, en este aspecto, el importante aumento registrado el pasado curso en la ESO, último nivel obligatorio.

En cuanto a la relación entre alumno y profesor, hay dos tipos de situaciones que se han agravado. Por un lado, las agresiones y amenazas de los estudiantes a los docentes, que han pasado en toda España de suponer del 3% de las denuncias al 12%. Por otro lado, también han aumentado las grabaciones con telefonía móvil y a través de internet, al pasar del 18% al 20% de los casos presentados. En todo el territorio nacional se mantiene estable el número de situaciones en las que los maestros se han sentido acosados por los familiares de los alumnos. De todas ellas, la más grave son las amenazas proferidas por los padres.

Respecto a la relación con el equipo directivo, se observa un aumento de los casos en los que los docentes lamentan la falta de apoyo de los responsables de los centros. Esta situación repercute en el estado anímico de los profesionales de la enseñanza. El 70% de los que usaron el servicio de este sindicato presentaban cuadros de ansiedad, el 12% sufría depresión y el 9% se vio obligado a darse de baja laboral por acoso.

Centrando esta situación en la provincia de Sevilla, el Defensor del Profesor ha atendido 21 casos en el último curso, cinco más que en el anterior, lo que evidencia que este preocupante fenómeno vuelve a repuntar en los colegios e institutos, como ocurre en el resto de España. En los problemas surgidos con los alumnos se han registrado nueve denuncias, una en un colegio y ocho en institutos. En concreto, han sido tres casos de acoso, dos de insultos, otros dos de agresiones físicas y dos de daños a vehículos que son propiedad de docentes. Estos casos se han producido en Sevilla capital, Los Molares, Dos Hermanas, La Rinconada, Tomares, Gilena, Mairena del Alcor y La Puebla de los Infantes.

La conflictividad con los alumnos se concentra en las enseñanzas medias (ESO, Bachillerato y FP). La única denuncia recibida desde un colegio corresponde a un centro de especial dificultad, situado en una barriada con necesidad de transformación social, en uno de las principales municipios de la provincia y cuya plantilla se cubre mediante convocatorias de puestos específicos.

En el caso del acoso por parte de las familias, la tónica cambia por completo, ya que casi todos los casos se registran en centros de Infantil y Primaria, donde los maestros sienten una mayor presión por parte de los padres. En concreto, el pasado curso se recibieron ocho denuncias, siete procedentes de colegios y una de un instituto. Por tipología, tres fueron de acoso, otras tres por denuncias falsas y dos por acusaciones infundadas. "Se trata de un alarde de sobreprotección a los menores y de cuestionamiento constante de la labor que desarrollan los docentes", advierten desde la ANPE.

Aunque en menor número, también se han recibido denuncias de maestros que se han sentido acosados por parte de compañeros. El número de casos se limita a cuatro, tres por problemas con equipos directivos y una con la Inspección de la Delegación territorial de Educación. En este apartado, la posición del referido sindicato es clara: "Entendemos que la Junta, en lo que se refiere a los equipos directivos, les ha otorgado un exceso de competencias, en detrimento del funcionamiento democrático de los claustros de profesores, una situación que se ha evidenciado, especialmente, a partir de la reforma de la normativa de organización y funcionamiento de los centros educativos, ocurrida en 2010". La ANPE también se refiere a la labor de la Inspección Educativa, de la que "no pone en duda" la profesionalidad y "la buena voluntad" de quienes la ejercen, lo que no es óbice para lamentar que "en numerosas ocasiones se utilice como instrumento para satisfacer las demandas de las familias, a costa de la autoridad magistral de los docentes".