El Auditorio de la Cartuja regresa al Ayuntamiento de Sevilla

Fin al culebrón. El Auditorio de la Cartuja regresa al Ayuntamiento de Sevilla tras un tedioso proceso judicial. Esta misma semana ha tenido lugar la entrega voluntaria de las llaves por parte de la sociedad TCM Visión, que contaba con una concesión hasta 2032 y que recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la última sentencia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 que confirmaba el acuerdo de desahucio adoptado por la Junta de Gobierno Local el 7 de julio de 2022.

Los planes del gobierno municipal que lidera José Luis Sanz pasan por recuperar el uso cultural para ese inmueble que fue rebautizado como Rocío Jurado. En unas declaraciones recientes, el alcalde popular sostuvo que “Sevilla es una ciudad que tiene una serie de espacios musicales únicos en el Sur y ese auditorio es fundamental para incrementar esos espacios que necesitamos”.

A iniciativa de la delegación de Patrimonio Municipal e Histórico y Artístico se aprobó hace poco más de dos años la extinción del contrato de arrendamiento que TCM Visión tiene suscrito con el Ayuntamiento sobre el Auditorio ante la falta de contestación de la empresa a la propuesta pactada de resolución del contrato que solicitó en junio de 2021. En esa misma resolución se establecía un plazo de 15 días para la entrega del inmueble cuyo destino final será la licitación pública de una concesión demanial una vez que se complete toda la tramitación administrativa.

La extinción del contrato implicaba la terminación también del derecho de ocupación, por eso la orden de desalojo, al tiempo que continuaba el procedimiento para exigir el abono de la deuda por un importe de 1.471.257 euros correspondientes a las rentas e Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) repercutidos de los años 2016 a 2020.

En junio de 2021, la empresa planteó al Ayuntamiento una resolución pactada del expediente instruido para la extinción del contrato de arrendamiento del inmueble solicitando la aplicación de la reducción de las cantidades debidas en aplicación de la normativa del Estado de Alarma por la pandemia y las restricciones de aforos. Tras la documentación solicitada y las negociaciones al respecto, en febrero de 2022 el gobierno socialista trasladó a la empresa a través de su representante la propuesta de resolución, sobre la que no obtuvo respuesta, y en abril de ese mismo año se le notificó el requerimiento sin que hubiese respuesta alguna. Transcurrido el plazo de pago sin que se hubiera efectuado el abono pendiente, se declaró extinguido el contrato de arrendamiento.