La familia de una de las atropelladas estudia acusar al copiloto de omisión de socorro
Familiares de la sevillana expresa su "perplejidad" ante el hecho de que los presuntos responsables no les hayan trasladado su pésame.
La representación jurídica de la familia de Patricia Alfaro Hervada, de 26 años de edad y natural de Madrid aunque residente en Pinto, que fue atropellada en la madrugada del pasado día 4 de abril junto a otra joven en el Paseo Colón por Fernando V.C., va a estudiar emprender acciones legales contra el copiloto del vehículo --Adrián del Nido, hijo del presidente del Sevilla Fútbol Club, José María del Nido-- por un presunto delito de omisión del deber de socorro.
En este sentido, la abogada de la familia explicó a Europa Press que, a día de hoy y aunque ya se han personado como acusación particular, todavía no han tenido acceso a las actuaciones que instruye el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla, por lo que será a partir de ese momento cuando estudien las acciones legales a emprender tanto contra el piloto como contra su acompañante.
De este modo, y una vez tengan acceso a las actuaciones, estudiarán también las diligencias a practicar para intentar esclarecer los hechos, aunque, en una primera valoración, podrían acusar al conductor de dos presuntos delitos de homicidio por imprudencia, de omisión del deber de socorro, de conducción temeraria y de "varios" delitos contra la seguridad vial, pues "conducía sin carné y había consumido alcohol".
Por su parte, el portavoz de la familia de la otra fallecida en este atropello, Almudena González Domingo, de 30 años de edad y vecina de Mairena del Aljarafe (Sevilla), emitió hoy un comunicado, remitido a Europa Press, en el que traslada la "perplejidad y extrañeza" de la familia ante el hecho de que, "entre tantas muestras de apoyo, no hayamos recibido ninguna llamada de condolencia o pésame de los responsables de esa conducción temeraria".
"Férrea" estrategia de defensa
Tras tildar de "incomprensible y temerario" el accidente que motivó el atropello, considera que el hecho de no haber recibido una llamada de los responsables del hecho podría venir motivado "por una férrea estrategia de su defensa jurídica --a la que sin duda tienen derecho-- con base al artículo 24.2 de la Constitución española, pero que nunca se podrá entender y que las normas básicas de convivencia ciudadanas obligan".
De igual modo, la familia se muestra "consternada, abatida y muy triste por la pérdida de un ser querido", mostrando su solidaridad y afecto a la familia de la otra fallecida, "con la que compartimos el dolor que nos une por la incomprensible muerte de ambas", mostrando además su "indignación" por la forma en que ocurrió el accidente, "que tenemos que calificar de conducción temeraria con desprecio a las básicas normas de seguridad vial, con resultado de dos muertes de personas jóvenes y con todo un futuro por delante, dejando destrozadas a sus familias y amigos".
Por último, anuncia que ejercerá "cuantas acciones sean procedentes ante los tribunales para esclarecer los hechos, se determine quiénes son los autores de esos delitos y éstos respondan ante la Justicia por su proceder con temeridad manifiesta", al tiempo que traslada su agradecimiento al Ayuntamiento de Mairena, quien a través de su alcalde, Antonio Conde, "nos ha mostrado su comprensión y apoyo moral"; al personal del tanatorio de San Jerónimo y del cementerio de San Fernando, y a todos los sevillanos que "en estos días de dolor, tristeza y desolación nos han trasmitido su condolencia".
El conductor, en prisión provisional
Según las primeras valoraciones de la Policía, el conductor debía circular a una gran velocidad, dada la gravedad del impacto con el vehículo, un Renault Clio de color verde. Al parecer, los cuerpos impactaron con violencia y fueron desplazados casi 40 metros, donde quedaron tirados en medio del Paseo de Colón.
El conductor, F.V.C., ha ingresado en prisión provisional, imputándosele dos presuntos delitos de homicidio por imprudencia, así como un supuesto delito contra la seguridad del tráfico con resultado de muerte. Por ello podría ser castigado penalmente con hasta ocho años de prisión, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.
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