Atribuyen hasta cuatro delitos a los ex directores del SAS Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas

La querella del PSOE que investiga el juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla pone inicialmente el foco sobre los dos ex gerentes del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que firmaron las resoluciones que acordaban contrataciones de emergencia por un importe de más de 242 millones de euros. Se trata de Miguel Ángel Guzmán, que llegó a ser viceconsejero de Salud, y de Diego Vargas, de quienes solicitan que sean citados a declarar como investigados por delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento público y de pertentencia a organización criminal.

La denuncia del grupo parlamentario socialista, a la que ha tenido acceso este periódico, señala inicialmente a estos dos ex altos cargos del SAS, como presuntos responsables de esos cuatro delitos mencionados, pero insinúa que las responsabilidades pueden alcanzar a otros miembros del Gobierno de Juanma Moreno. "Aunque parece evidente que no sea posible mantener vivo durante dos años y medio un sistema paralelo de contratación pública a dedo, por más de 240 millones, sin el pleno conocimiento, consentimiento y aquiescencia de la más altas instancias del Gobierno de la Junta de Andalucía, no obstante ello y en el ejercicio responsable de la acción penal que nos hemos impuestos nos limitaremos a señalar, por ahora, como presuntos responsables directos de los hechos denunciados a Miguel Ángel Guzmán y a Diego Vargas, directores gerentes del SAS, firmantes de las resoluciones y de los contratos de emergencia a los que nos hemos referido en la denuncia", relata el documento que investiga el juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla.

En este sentido, los socialistas explican que será finalmente la investigación penal la que determine, en su caso, "la eventual concurrencia de otros distintos autores directos, mediatos, cooperadores necesarios, cómplices o encubridores de la presunta trama delictiva descrita, pues, sin duda, los graves hechos expuestos no podrían haber sido cometidos por una sola persona sin la cooperación y auxilio de muchas otras".

Ambos dimitieron alegando "motivos personales"

Las presuntas irregularidades fueron denunciadas públicamente en marzo de 2023, aunque la denuncia judicial no se presentó hasta junio de este año. Mientras saltaba el escándalo, los considerados responsables directos por los denunciantes, tenían los días contados. Aunque tuvieron que pasar nueve meses, las salidas del Ejecutivo andaluz de Miguel Ángel Guzmán, en el cargo de viceconsejero de Salud y Consumo, y Diego Vargas, gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), cargo anteriormente ocupado por el primero, se vislumbraron el 27 de diciembre de 2023, alegando, en ambos casos, "motivos personales", bajo la sombra de la publicación de unas abultadas listas de espera quirúrgicas que acumulaban un año y medio sin actualizarse, según los dirigentes, por "un problema técnico", y apoyadas oficialmente en una reorganización en la Consejería ante las críticas recibidas hacia una gestión que sí mantuvo a su máxima responsable, la entonces consejera, Catalina García.

El abandono de los responsables de dos de los principales cargos encargados de gestionar la sanidad de la comunidad se producía así en plena crisis por la situación de este servicio donde al colapso de la Atención Primaria, se sumó la reciente confirmación de más de un millón de andaluces en lista de espera para ser operados o tener cita con un especialista y el anuncio de un concierto millonario con la privada para tratar de aliviar esa situación.

En concreto, Miguel Ángel Guzmán, llegó a la viceconsejería de Salud el 29 de julio de 2022, sumándose al equipo de Catalina García, que sustituyó a Jesús Aguirre en la cartera, tras los cambios del Gobierno andaluz tras las últimas elecciones autonómicas, apoyando por tanto como segundo de abordo la gestión sanitaria de primer nivel. Dejaba entonces el cargo que ocupaba desde 2019 como gerente del SAS, desde el que se encargó de la gestión de la pandemia en la contratación de profesionales y su distribución según las necesidades de cada momento. Esta actividad es la que los denunciantes vinculan a la "adjudicación a dedo de un ingente volumen de contratos de emergencia de la misma empresa para la que había trabajado como director médico antes de su pase al sector público", según relata la denuncia del PSOE.

Se refieren con ello a la ocupación previa de Guzmán, justo antes de dar el salto a la administración pública, en una clínica privada gestionada por la sociedad con la que, precisamente, se firmaron los contratos de emergencia durante su gerencia en el SAS por valor de 4,9 millones entre febrero de 2021 y mayo de 2023. No fue lo único. Los denunciantes detallan un reguero de contratos de emergencias por una abultada cuantía, superior a los 20 millones, "en las provincias de Málaga, Sevilla, Granada y Almería, entre los años 2021, 2022 y 2023".

Por su parte, Diego Vargas fue nombrado gerente del SAS en agosto de 2022, después de haber sido director general de Asistencia Sanitaria desde 2019. Igualmente, apenas un año y medio después, el mismo día que se anunció la dimisión de Guzmán, Vargas abandonaba la gerencia del SAS, igualmente, "por motivos personales", y tras una cuestionada gestión sanitaria. La Junta, no obstante, lo rescató el pasado junio, otorgándole un nuevo cargo de máxima responsabilidad como gerente de la Escuela Andaluza de Salud Pública, en su recta final, ante su integración en el futuro Instituto de la Salud de Andalucía, tras la dimisión, también por una cuestión personal, de Blanca Fernández Capel.

Sus salidas, que se produjeron seis meses después de, tras saltar el escándalo, la Junta cancelara la utlización de los contratos de emergencia con la privada que había prorrogado durante dos años usando el marco legal de la pandemia ya derogado, no cambiaron el paso en la Administración sanitaria andaluza que, sin restar normalidad de cara a la sociedad, encontró de manera inmediata en María Luisa del Moral, antigua secretaria general de Humanización, y Valle García, la entonces gerente del Hospital Reina Sofía de Córdoba, las sustitutas en los cargos abandonados por Guzmán y Vargas, respectivamente. Dos nombramientos que en el seno del SAS insistieron en argumentar bajo la apariencia de un "revulsivo" para los nuevos retos de la Consejería de Salud.