La asfixia económica llega a las guarderías

Abrir una guardería se ha convertido en un negocio de riesgo, sobre todo, si es de convenio con la Junta. El decreto que desde 2009 regula los acuerdos entre los propietarios de los centros de primer ciclo de Infantil (de 0 a 3 años) y la Consejería de Educación obliga a ofertar únicamente plazas públicas, lo que limita la financiación de estas escuelas a un solo cauce: el pago de estos puestos escolares que tiene un mismo precio (278 euros). En la mayoría de las ocasiones este coste lo sufraga parcial o íntegramente la Administración regional, dinero que inyecta por lo general de forma puntual, aunque otras no tanto, lo que genera una asfixia económica en estos centros, cuya supervivencia se puede ver seriamente amenazada por los problemas de tesorería de la Junta.

Ejemplo de esto último es la situación que viven desde hace dos meses el centenar de guarderías de convenio que hay en la provincia de Sevilla debido al retraso en el pago de mensualidades por parte de la Junta. Dicha demora ha provocado que buena parte de los titulares de estos centros recurran a ahorros familiares, préstamos bancarios, e incluso, a renunciar a un sueldo personal. Demasiados sacrificios para un negocio en el que Educación tiene depositadas muchas expectativas de crecimiento.

El malestar en el sector se traducirá el próximo martes en una manifestación que han convocado los dueños de un centenar de guarderías ante la sede de la Consejería de Educación, en Torretriana. Dicha protesta se organizó tras conocer que la Junta sólo había ingresado el pasado miércoles un 50% de la mensualidad de mayo, que tendría que haber sido abonado a finales de junio. Los técnicos de la consejería que dirige Francisco Álvarez de la Chica se comprometieron a pagar el resto la próxima semana. El ingreso de junio no llegará hasta agosto y el de julio, en septiembre. De este modo, no será hasta principios de curso cuando la Administración se pondrá al corriente de los pagos con la guarderías de convenio. Sin embargo, los propietarios de los centros de Infantil ya amenazan con postergar el inicio de las clases en septiembre ante cualquier nueva demora en el pago. La situación que padecen desde hace dos meses les ha llevado a dar este ultimátum a la Junta.

Los primeros perjudicados por el retraso son los trabajadores de las guarderías, tanto personal administrativo como docentes, ya que con dicha mensualidad se sufraga principalmente sus sueldos, mientras que una pequeña partida se destina a los gastos de mantenimiento, en los que se incluyen la luz, el agua, internet, el alquiler o la hipoteca del local así como el catering del comedor en caso de que lo tuviera. El ingreso de la Consejería de Educación por el convenio con los centros de Infantil es distinto al concierto establecido con los colegios a partir de los tres años. En estos últimos la inyección económica depende del número de aulas sostenidas con fondos públicos, mientras que en las guarderías varía cada mes según los niños matriculados, o mejor dicho, dependiendo de la cantidad de alumnos que tienen subvencionada parte o la totalidad de su plaza, ya que las familias pueden acogerse a una bonificación si reúnen una serie de requisitos socieconómicos. Actualmente, casi 10.000 familias sevillanas disfrutan de algún tipo de ayuda de la Consejería de Educación, un dinero que en lugar de entregárselo a los progenitores o tutores se ingresa directamente en la cuenta bancaria de los centros. Cualquier problema de tesorería -como ha ocurrido en esta ocasión- retrasa los pagos, por lo que las guarderías se ven obligadas a continuar prestando servicios sin tener ingresos suficientes. Muchas de ellas han podido hacer frente a la situación recurriendo a los ahorros logrados cuando ofertaban plazas privadas, pero otras -principalmente las de mayor tamaño- han tenido que acudir a los bancos a solicitar préstamos, petición que en muchos casos se ha denegado. Por esta razón se ha abierto otra vez la polémica sobre la prohibición de ofertar plazas públicas y privadas, lo que aportaría otra fuente de ingreso y mayor estabilidad económica a los centros de Infantil.

Este requisito entró en vigor un año después de que la Consejería de Educación se hiciera con las competencias de las guarderías. Hasta entonces las escuelas infantiles las controlaba Igualdad y Bienestar Social, a las que dotaba de un carácter más asistencial que didáctico. Con la aprobación del decreto también se estableció un precio único para todas las plazas públicas, cifra que se mantiene en 278 euros (incluido el comedor) y que para muchos empresarios no corresponde con el verdadero coste de los servicios que prestan. También aquí entra en juego una modificación que realizó la Junta a mediados de febrero cuando cambió la financiación de los comedores de las guarderías. Hasta ese momento el Ente de Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE) pagaba el 100% de las plazas de comedor si estaban matriculados más del 60% de los niños de la guardería. El 40% del dinero ingresado por los niños que no acudían servía para afrontar diversos gastos. Ahora esa ayuda ha desaparecido, lo que también merma la capacidad de financiación de los centros, a los que tampoco se les paga el mes de agosto -el único del año que cierran- pese a que el consejero apuntó en una ocasión la posibilidad de que se abonara.

Todas estas limitaciones de ingreso no concuerdan con el objetivo de la Administración de alcanzar las 100.000 plazas públicas de guardería en Andalucía en 2012, sobre todo, si se tiene en cuenta que la expansión se está logrando, principalmente, con el convenio, un acuerdo que beneficia a la Junta y las familias, pero que no acaba de contentar a los empresarios del sector.