Los arquitectos rechazan que hayan "perseguido" a Arellano

El Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS) rechazó ayer las críticas que le acusan de promover "una persecución contra servidores públicos", en relación a la denuncia que presentaron en su día por la adjudicación de las obras del Centro Universitario de Espacios Tecnológicos (Centrius) y que ha terminado con el archivo de la causa abierta en el TSJA contra el consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano. En un comunicado, la institución defendió que su interés en este caso ha sido que se "esclarezca si existen responsables, y quiénes son, de la adjudicación presuntamente irregular de los contratos en cuestión".

Los arquitectos mostraron su respeto hacia la decisión del Alto Tribunal andaluz, sobre la que no tienen que formular "ninguna objeción", ya que, según aseguran, su intervención se ha limitado a cumplir "con su obligación de poner en conocimiento de la Justicia unos indicios de hechos delictivos, sin acusar a ninguna autoridad o corporación".

El COAS precisa que el auto del TSJA que acordó el archivo de la investigación contra Antonio Ramírez de Arellano -al considerar que "no existen indicios suficientes" de la comisión de los delitos de prevaricación y falsificación- no acuerda un "sobreseimiento libre", que determinaría el archivo definitivo de las diligencias, sino el "sobreseimiento provisional" con respecto al consejero, "pero declara la existencia de hechos presuntamente delictivos, cuya autoría queda a la expectativa de conocer nuevos elementos, como puede ser el resultado de actuaciones sobre la averiguación de los autores".

Los arquitectos insisten en que el colegio "cumple con su obligación de promover el cumplimiento de la ley ante todas las administraciones y organismos, sean autonómicos, municipales, universitarios o de otro tipo, una labor en la que, en conjunto, el colegio ha obtenido un nivel de sentencias favorables del 66%". En el caso de la Universidad de Sevilla, prosigue la nota, el COAS "no ha actuado de forma discriminatoria, sino que ha aplicado la misma política", y añade que los conflictos con la Hispalense "se han llevado normalmente en los tribunales de lo Contencioso-Administrativo, ya que las reclamaciones chocan sistemáticamente con obstáculos y la falta de colaboración de la otra parte, que además aprovecha cualquier paso procesal a su favor para proclamar en los medios que la Justicia decide sistemáticamente contra el colegio", algo que señala que "no es cierto" porque "en unos asuntos se ha logrado una solución negociada y en otros la Universidad ha optado por el silencio administrativo, lo que ha provocado un conflicto, con resultados diversos", insiste.

En cuanto a las supuestas irregularidades en la adjudicación del proyecto del Centrius, el colegio subraya que ha cumplido "con la legalidad y el mandato de sus estatutos al exigir que se cumpla la ley de contratos de las Administraciones, que regula el uso del dinero público en la adjudicación de trabajos a empresas y profesionales".

Los arquitectos defienden la "transparencia en el uso de estos fondos, y al mismo tiempo la igualdad de oportunidades para que todos los profesionales tengan la posibilidad de aportar sus propuestas a las administraciones en las mismas condiciones". Ésta es para el COAS una de las "misiones esenciales" que entiende que debe cumplir la institución en defensa de sus colegiados.

En el caso del Centrius, el COAS reclama a la Hispalense conocer "cómo se adjudicaron los contratos de arquitectura" para la construcción del edificio que en su conjunto asciende a más de 800.000 euros, entre proyectos y dirección de obras de las distintas fases de la construcción.