El arquitecto González Liñán avisa de que el nuevo estadio del Betis responde a un "modelo americano conflictivo"

Un centenar de personas, entre profesionales del urbanismo, vecinos y estudiantes, han debatido esta semana sobre el proyecto del nuevo estadio del Betis en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla, organizado por la Asociación Parque Vivo del Guadaira y con la colaboración del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de Arquitectura. Hubo dos ausencias significativas: la del gerente de Urbanismo, Fernando Vázquez, y la de Miguel Ángel Rojas, del equipo redactor de la modificación puntual para el nuevo estadio.

Antonio González Liñán, del estudio SV60 Cordón y Liñán, que colaboró con su padre en el proyecto del estadio actual (1998) y participó en el concurso internacional promovido por el club, consideró que la apuesta del club responde al interés de los fondos de inversión por estos activos y a un "modelo americano" que es" conflictivo" cuando se implanta en la ciudad consolidada, como es el caso de Heliópolis, como sucede con el caso del Bernabeu. En opinión del arquitecto, la colonización de la parcela anexa al estadio responde al nuevo concepto de instalaciones deportivas. Definió el proyecto de su padre como el posible dada las condicionantes de la parcela, muy pequeña para la capacidad del estadio, por lo que su sección es muy vertical y está muy apretado en sus costuras. Respecto a la propuesta de sus estudio para colmatar la gran edificabilidad conseguida por el club, González dijo que esta estaba basada en varias premisas: aprovechar al máximo el estadio actual modernizando la infraestructura, causar el menor impacto posible en su entorno y la sostenibilidad.

Manuel Ángel González Fustegueras, redactor del PGOU vigente de Sevilla (2006), consideró que los problemas actuales derivan a partir de la ruptura del sueño de un estadio único, cuando se firman sendos convenios con los dos clubes de la ciudad e insistió en que desde el PGOU no se cedía nada a los clubes. González Fusteguera mencionó las presiones que se recibieron desde los clubes de fútbol para incorporar nuevos usos comerciales, a los que el equipo del Plan se negó, así como de diversos intentos para modificar las determinaciones del Plan e incluso el convenio de 2003, modificaciones que finalmente se han iniciado en el mes de septiembre al aprobar en el Pleno nuevos usos terciarios en los suelos clasificados como “deportivos singulares “ (los tres grandes estadios  y el pabellón de San Pablo). Aún así estimó que el proyecto está aún lejos de tener todos los parabienes urbanísticos, que se está iniciando un proceso que hasta ahora ha tenido dos intentos fallidos y que debe demostrarse que la nueva propuesta es una mejora sobre la propuesta prevista para que pueda llegar a buen puerto esta iniciativa. 

Pablo Arias Sierra, profesor del Departamento de Urbanística, reflexionó sobre el contexto urbanístico de estadio Benito Villamarín, habló de estudios de expertos anglosajones que ya demostraron la capacidad de las grandes infraestructuras de generar cambios en su entorno, incluso en zonas distantes, por lo que al final todos los ciudadanos están implicados en este debate. Dijo que los estadios han devenido en algo más que estadios de fútbol, lo que supone nuevos desafíos. El arquitecto afirmó que los usos minoristas comerciales que se implantan en los mismos son los que generan una mayor atracción de personas y de tráfico. En Inglaterra, en los años 80, se comprobó que la percepción de los estadios era algo disruptiva: origen de molestias e incluso de inseguridad física. Arias se preguntó cómo una ciudad como Sevilla, cuyo Ayuntamiento tiene problemas para pagar las horas extra de sus policías y otros servicios municipales, apoya la celebración de grandes eventos en los estadios de fútbol.

Por parte de los vecinos intervinieron Teresa García Azcárate, ingeniera agrónoma, y Cristina Rus Tabernero, gestora cultural, para exponer la posición del barrio. Sobre la razón por la que estiman que este proyecto es un mal negocio para la ciudad, mencionaron lo desproporcionado de lo previsto en el convenio que da pie al regalo al club de una edificabilidad de 32.000 metros cuadrados, ya que, según un calculo conservador, el valor de lo recibido por cada parte tiene una proporción de 1 a 9 a favor del club, considerando que la plaza prevista como contraprestación de 2.500 metros cuadrados por su tamaño y ubicación jamás tendría tal función.

Ambas vecinas insistieron en el aspecto de seguridad en lo referente a la evacuación del estadio. Sobre este punto destacaron el incumplimiento de las directrices del convenios de Saint Denis ratificado por el reino de España, y la importancia de este asunto que tiene similitudes con la prevención de los riesgos de avenidas e inundaciones, pues se ocupa un espacio que debe ser reservado sin uso para facilitar un acceso y un desalojo seguros. Mencionaron el caso del estadio de La Rosaleda, donde se ha propuesto la delicada cubrición de un tramo de gran envergadura sobre el cauce del rio Guadalmedina para poder disponer de una gran plaza que dote de mayor seguridad al nuevo estadio.

Cristina Rus mencionó las múltiples razones por las que las nuevas instalaciones son incompatibles con una mejora urbana para los barrios vecinos: problemas de movilidad por el tráfico generado, contaminación acústica y lumínica por el modelo de negocio, deterioro de la calidad del aire en un sector de la ciudad que en la actualidad tiene los peores datos de Sevilla y su área metropolitana, así como de deterioro de los valores de la ciudad heredada de la Exposición Iberoamericana de 1929.

Del debate posterior, la asociación Parque Vivo del Guadaira destaca varios aspectos.

En primer lugar, la posibilidad de que la familia de González Cordón reclame los derechos de autoría sobre el proyecto de estadio de 1998, puesto que mantienen un contrato en vigor con el club.

En segundo lugar, la enorme vaguedad que existe sobre los futuros usos en el anexo previsto al nuevo estadio que impide conocer la incidencia real de esta actuación.

En tercer lugar, la posibilidad manifestada por la concejal Susana Hornillo de que este proyecto se impugne al incumplirse lo previsto en la LISTA (Ley del Suelo de Andalucía) sobre el reparto de las plusvalías y sobre la participación pública.

Muchas intervenciones giraron sobre la gravedad de la incidencia e impacto de estas actuaciones, puesto que convivir con el modelo de negocio no va a ser una cuestión de soportar molestias sino de salud pública, agravando la situación de estado de excepción que ya los vecinos sufren cada vez que hay un partido de fútbol.

Por último, otros intervinientes caracterizaron muy negativamente la política urbanística de las recientes corporaciones municipales que aplican un urbanismo miope, a la carta, de parches y a espalda de los ciudadanos, como ha sucedido con La Palmera, el Puerto y Altadis.

La ausencias del gerente de Urbanismo y del equipo redactor de la modificación puntual fueron justificadas a última hora, según informó el moderador del debate, el periodista Manuel Jesús Florencio.