El juez aparta al PSOE del juicio por el cohecho en Mercasevilla

El magistrado de la Audiencia de Sevilla Ángel Márquez, que debe presidir el juicio con jurado contra los cuatro acusados por el intento de cobro de una comisión ilegal de 450.000 euros a unos empresarios a cambio de la gestión del proyecto de escuela de hostelería, acordó ayer apartar del proceso a la acusación que ejercía el PSOE, al no haber acusado a los imputados por el delito de cohecho por el que se abrió el juicio oral. En un auto, el juez argumenta que como la acusación de los socialistas se planteó por delito de estafa en grado de tentativa y no por cohecho, y sólo se abrió el juicio oral por este último delito, "su posición en esta causa ha quedado sin contenido, por lo que, al ni haberse adherido a la calificación de otra de las acusaciones, debe quedar apartado del procedimiento", señala el auto.

El magistrado también ha rechazado todas las cuestiones previas al juicio planteadas por las defensas, entre las que se encontraban la competencia del tribunal del jurado -dada la condición de funcionarios públicos de los acusados a efectos penales- y la nulidad de las grabaciones que realizaron los empresarios. El auto avala la licitud de estas grabaciones y descarta la "provocación" que alegaron las defensas, al recordar que la doctrina del Tribunal Constitucional establece que no puede estimarse vulnerado el secreto de las comunicaciones cuando el contenido de la conversación es "revelado por uno de los que intervienen en la misma, pues la Constitución no garantiza el derecho a la voz, como manifestación específica del derecho al secreto de las comunicaciones".

El juez añade sobre la grabación que ésta se realiza antes de la denuncia, cuando uno de los imputados, "supuestamente en presencia de Regla Pereira, transmite unas exigencias económicas a uno de los empresarios interesados en la subvención que ya se había obtenido a instancias de la Fundación Socio-asistencial Mercasevilla, y ante la sorpresa que le supone dicha reclamación, solicita una nueva reunión con el director general de Mercasevilla" y es tras ese nuevo encuentro cuando se realiza la grabación "para constancia de lo que pudiera manifestarse u otra finalidad lícita", como podría ser la "protección de su nombre empresarial y poder defenderse de posibles informaciones posteriores en las que pudieran verse involucrados". También advierte que los empresarios siguieron las indicaciones de un ex alto cargo de la Consejería de Empleo, Juan Gallo, al que informaron de los hechos.

El auto concluye que del contenido de la grabación se desprende que las exigencias de los imputados, "en modo alguno son fruto de una inducción engañosa de sus interlocutores, que se ven sorprendidos por la reclamación que se les efectúa y que no había sido mencionada ni insinuada a lo largo de los contactos mantenidos para desarrollar el proyecto de escuela de hostelería que venían manteniendo desde hacía meses". Es más, el juez entiende que las manifestaciones de los acusados "fluyen con espontaneidad, proponiendo distintas alternativas para convencer de la conveniencia de la solicitud y del beneficio que les suponía aceptar sus exigencias" y descarta la "mala fe" en los empresarios.

La Fiscalía, que solicita una condena de 21 meses de suspensión para cargo público y 900.000 euros de multa para cada uno de los acusados, se había opuesto a la petición de nulidad planteada por las defensas, al descartar "cualquier tipo de provocación" en la grabación que los empresarios de La Raza hicieron de la conversación con los directivos del Mercado Central Fernando Mellet y Daniel Ponce.

El fiscal expuso que el antecedente de la reunión grabada es una entrevista previa en la que "la iniciativa la toma uno de los acusados" y coincidió en que las manifestaciones de los imputados fueron espontáneas.