Un almacén de Sevilla, implicado en la venta ilegal de medicamentos

La Guardia Civil precintó en la madrugada de este jueves un almacén de distribución de fármacos de Sevilla por su vinculación con la trama de tráfico ilegal de medicamentos que investiga el Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel. Con el registro del almacén y las dos farmacias, cuya clausura adelantó este periódico, ya son tres los locales sevillanos involucrados en la operación Convector.

La investigación, aún abierta, se encuentra bajo secreto de sumario, motivo por el que no ha trascendido el nombre de la distribuidora. Sí se sabe que las dos farmacias sevillanas precintadas por la Guardia Civil pertenecen a la misma familia, Pérez Miranda. Una de ellas se encuentra en el centro de la ciudad, en la calle Rafael González Abreu, mientras que la segunda está en Pino Montano, en Mar de Alborán. La titular de esta última pasa este viernes a disposición judicial en Teruel.

En total, durante la tarde del miércoles y la madrugada de este jueves, la Guardia Civil detuvo a seis personas, incluida la farmacéutica sevillana, y cerró otro almacén en una localidad de Alicante, una farmacia en un municipio de Cuenca y otra de Pamplona, donde no se produjo ninguna detención. Con estas nuevas actuaciones, desde que comenzaron las pesquisas el pasado mes de mayo, ya han sido arrestadas 36 personas.

Zaragoza, Teruel, Barcelona, Valencia, Granada y Málaga -donde la última semana de octubre se registraron y desmantelaron tres y un almacén de distribución, respectivamente- son otras de las provincias implicadas en la trama. Unas investigaciones que, dada su dimensión nacional, desbordan las competencias de un juzgado de instrucción.

Fuentes de la Guardia Civil señalan que en los últimos años se ha creado un entramado a través de estructuras empresariales para el almacenamiento, distribución y venta de medicamentos al extranjero. La finalidad última sería obtener el mayor margen de beneficios desviando medicinas destinadas a las oficinas de farmacia hacia la exportación ilegal.

En España se aplica una política de doble precio. Los medicamentos que se dispensan con receta en las boticas a los pacientes tienen un precio tasado mucho más barato que el establecido por el Estado para la venta en el extranjero, más caro aunque sea el mismo producto.

De este modo, y según las investigaciones de la Benemérita, el titular de la farmacia recibía por correo electrónico una relación de los medicamentos que deseaba adquirir el responsable del almacén a cambio de una comisión. El boticario realizaba el pedido a su distribuidor habitual, y, mediante facturas y recetas falsas, las enviaba a un almacén o empresa tapadera. Ésta, a su vez, vendía los medicamentos a clientes internacionales a un precio inferior a lo establecido en España. Pero, a pesar de ello, la organización de la red obtenía un beneficio de hasta el 800%, ya que lo vendía hasta tres veces por encima del precio al que lo había adquirido.

Reino Unido, Bélgica, Austria, Dinamarca, Alemania, Holanda y Grecia son algunos de los países a los que viajaban estos fármacos.

La Guardia Civil cree que las cantidades que se están defraudando a los servicios de salud de las diferentes comunidades autónomas afectadas por esta práctica, conocida como comercio o distribución inversa, pueden ser de cientos de miles de euros. La Benemérita desconoce el volumen del fraude que se estaría cometiendo contra la Hacienda Pública y por blanqueo de capital.

Para evitar este tipo de fraude, el Ministerio de Sanidad tiene en marcha desde hace varios años el programa Seguimed, por el cual los distribuidores envían semanalmente a la Administración las ventas de los medicamentos marcados por el Ministerio realizadas a todos sus clientes. No obstante, el Gobierno ha anunciado que, tras los últimos acontecimientos, está estudiando un sistema más potente y avanzado que Seguimed.

Hasta el momento, el fraude por distribución inverso se resolvía con una sanción administrativa, pero la envergadura de este caso llevó al Juzgado de Instrucción número 3 de Teruel a abrir diligencias por primera vez y considerar los hechos más que una infracción administrativa.

Las claves

Por qué es ilegal la distribución inversa. En España, las farmacias sólo pueden dispensar medicamentos a los pacientes. No pueden vender fármacos a empresas o distribuidoras. Al mismo tiempo, si los almacenes de distribución venden estos artículos a clientes extranjeros a un precio inferior al establecido, competirían de forma desleal con los laboratorios nacionales que sí pueden vender sus fármacos a otros países, pero siempre dentro de los parámetros establecidos por el Ministerio de Sanidad.

Cómo camuflaban el fraude. Como las boticas no pueden revender a empresas distribuidoras fármacos pero sí productos de parafarmacia y ortopedia, en ocasiones han camuflado los envíos de esta forma. También simulaban devoluciones de medicamentos al almacén. En otras ocasiones utilizaban a intermediarios, llamados bolseros, que efectuaban la compra de los medicamentos (como venta sin receta o mediante recetas falsas) y luego se encargan de transportarlo hasta los almacenes de la trama para su posterior venta en el extranjero.

Cómo se descubre la trama. Además de los registros rutinarios, lo que destapó, principalmente, este entramado fue el desabastecimiento de fármacos para tratar el cáncer o evitar el rechazo de órganos en personas trasplantadas. Estos productos no suelen contar con un sustituto terapéutico, tienen una demanda importante en el comercio intercomunitario y son caros. Los boticarios pedían un número determinado de fármacos a su distribuidora que no ofrecían a sus pacientes luego, quedándose éstos sin medicamentos, lo que levantó sospechas.

Efectos del fraude de la distribución inversa. La desviación de forma ilícita de determinados fármacos para su exportación al extranjero al margen del circuito legal provoca el desabastecimiento en el mercado interior, lo que significa que los pacientes pueden quedarse sin su tratamiento. Además, provoca un riesgo para la salud de los consumidores al perderse la trazabilidad de las medicinas, tiene perjuicios económicos para los laboratorios y perjuicios para la Hacienda Pública por la evasión de impuestos y fraude.